Declaración del Colegio de Periodistas
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas expresa su inquietud por la situación que afecta al periodista Marcelo Garay, integrante de este Consejo, quien se encuentra sometido a proceso por la fiscalía de Temuco por cubrir, en el cometido de su tarea profesional, acontecimientos derivados del conflicto mapuche; una situación similar a la que en el pasado reciente vivió la documentalista Elena Varela, quien después de 6 meses en prisión, quedó en libertad por falta de méritos.
El colega Garay, quien, cuando los hechos descritos sucedieron, cumplía labores periodísticas para el diario La Nación y su suplemento La Nación Domingo, así como para otros medios independientes, fue aprehendido el 17 de mayo de 2009 por efectivos de fuerzas especiales de Carabineros cuando fotografiaba lo que acontecía en un fundo de la comunidad mapuche Juan Quintremil, 11 kilómetros al oriente de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. De modo imperativo, le confiscaron su cámara fotográfica e, incluso, su celular, del cual la policía -sin ningún derecho- extrajo información de carácter personal, relativa a la vida íntima y relacionada con su pareja, así como con su pequeña hija, que fue puesta a disposición del Ministerio Público, sin que los represores puedieran establecer ningún motivo de esa acción.
El profesional se ha declarado inocente de los cargos que le imputan, por lo que ha rechazado el juicio abreviado ofrecido, motivo por el que ahora deberá enfrentar un juicio oral, bajo la acusación de haber obtenido fotografías en un recinto privado, lo que es sancionado por la legislación conocida como “Ley Otero”, que el gremio periodístico ha repudiado permanentemente, pero que los Gobiernos durante los últimos 20 años se han negado a derogar.
Al respecto, expresamos:
1.- Los periodistas no podemos ser los chivos expiatorios de un conflicto que es real. La pobreza, el abandono y la falta de tierras y oportunidades son temas que el Estado y el periodismo debemos abordar sin tapujos y por el bien de todos, especialmente cuando detrás de esos legítimos reclamos subsiste el concepto de nación mapuche.
2.- Denunciamos a la opinión pública que las actuaciones de la policía y los fiscales en los casos descritos constituyen un atentado a la libertad de expresión, ya que amparándose en leyes absolutamente cuestionadas, intentan amedrentar la investigación periodística profesional, equilibrada, con sentido crítico respecto a lo que ocurre. Por lo tanto, exigimos que la justicia respete las prerrogativas de los periodistas chilenos.
3.- Para nosotros, profesionales de los medios de comunicación, este tema, y especialmente ahora la huelga de los comuneros mapuches (donde está en peligro su integridad física e, incluso, sus vidas), está revestido de un profundo carácter ético, por lo que no compartimos que otros temas -como la farándula- sigan teniendo prioridad en las pautas informativas y líneas editoriales de algunos medios.
6.- El conflicto mapuche es un tema cuya resolución no sólo compete a los comuneros mapuche y a los presos políticos de nuestra etnia originaria, sino también compete al país todo, tanto más cuanto que la situación de violencia que se puede generarse a partir del mismo afecta también a otros segmentos ligados a actividades económicas en la zona, acarreando tan sólo más pobreza a nuestra población autóctona.
7.- Intentando proponer una solución para este grave problema nacional, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile estima que es indispensable que ambas partes sepan escuchar y depongan el espíritu anatagónico, que en el caso del Gobierno se caracteriza por la militarización de la Araucanía, asumiendo el rol del otro y dando prioridad a los puntos de encuentro. Es a la cabeza del Estado a la que le corresponde la tarea de poner paz en los espíritus.
8.- También nos preocupan los actos de violencia que se registraron contra los periodistas el 11 de septiembre en las proximidades del Cementerio General y condenamos la demora de la policía en resguardarlos.
9.- Las acciones de represión y violencia contra la prensa y los periodistas, cualquiera sea su origen, son la expresión de una sociedad tensionada, donde subsisten quienes no quieren enfrentar la verdad y buscan amordazar la libertad de expresión a través de acciones violentas, sin entender que aquello puede convertirse en el preámbulo de un conflicto mayor, susceptible de detener a tiempo a través del diálogo.
10.- Instamos al Parlamento y a las autoridades a un pronto despacho del proyecto de ley del Estatuto del Periodista, el que contiene una norma que eleva a categoría de delito de acción penal pública la agresión a periodistas y equipos de prensa. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Colegio de Periodistas, esta ley aún no es aprobada en el Congreso Nacional.
Santiago, 28 de septiembre de 2010.
