En el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, se ha develado que uno de los grandes escollos para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, más allá de los frustrados intentos legislativos, es el Ministerio Publico que sigue dando luz verde a la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Como ya es de conocimiento publico, el Gobierno ha flexibilizado su posición en aras de atender, en parte, las demandas de los huelguistas, a través del retiro de las querellas por Ley Antiterrorista invocadas por el ejecutivo (Gobernaciones, Intendencia y Ministerio del Interior), sin embargo, esta es una medida insuficiente para lograr la no aplicación de esta Ley a las causas mapuche, por medio de las reformalizaciones y recalificaciones de los delitos, y con ello, mejores condiciones para un debido proceso y un juicio mas justo.
Así lo señaló, también, hace algunos días el vocero del Ministerio Publico, subrayando que se trataba de un organismo autónomo. Esto último, no es ninguna sorpresa, sin embargo, lo que se debe tener en cuenta, es el accionar de algunos fiscales, cuya actuación como órgano persecutor a superado todos los limites del tan mencionado estado de derecho, siendo responsables en gran medida de este conflicto en el cual hoy nos encontramos.
La aplicación de la Ley Antiterrorista y del Código de Justicia Militar se basa, justamente, en los excesos y arbitrariedades de estos fiscales anti-mapuche quienes en conjunto con algunos policías, encargados de las investigaciones, han fabricado MONTAJES con el objeto de que los actos realizados por los comuneros mapuche se enmarquen dentro de la Ley sobre Conductas Terroristas.
En este sentido, es muy difícil poder desarrollar una discusión seria y concreta sobre este tema, en las distintas instancias, puesto que se esta discutiendo sobre la base de hechos que jamás existieron y que no son mas que un maquiavélico artificio creado por estos fiscales, quienes han hecho creer a la opinión publica, a las autoridades y a los parlamentarios que sí existieron estos hechos terroristas.
Estos fiscales en su afán de obtener resultados y de posicionarse como eficaces persecutores o, probablemente, extorsionados a través de pagos provenientes de las empresas forestales u otros particulares, se empeñan en transformar acciones de protesta y autodefensa básicas en graves actos terroristas utilizando para ello todos los recursos y medios que les otorga el Estado, sin que nadie fiscalice su accionar, es decir, con absoluta impunidad.
Lo mas grave de todo, es que estos fiscales, a quienes la Constitución les ha entregado el monopolio de la acción persecutora, han engañando descaradamente, no solo a la opinión publica, si no que a todas las demás instituciones y poderes del estado, ninguno de los cuales es hoy día capaz de dar una solución a este conflicto, y que desembocó en la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
En conclusión, esta actitud sistemática y progresiva de los fiscales del Bìo Bìo y la Araucanía fue el detonante de este conflicto y a la vez, es hoy día la principal traba para su solución, generando una incomoda posición para el Gobierno Chileno frente a la comunidad internacional y un evidente riesgo de vida para varios de los huelguistas.
Las comunidades mapuche, sus dirigentes, abogados y organizaciones de derechos humanos, vienen desde hace tiempo denunciando el accionar de estos fiscales. Son innumerables las denuncias de las arbitrariedades cometidas por estos, en su cometido persecutor de mapuche. De hecho, han sido muchas las causas que después de largas prisiones preventivas, una vez que llegan a Juicio Oral, los comuneros son absueltos de los cargos que se les imputan.
Sin embargo, estos montajes político-judiciales, son cada vez mas elaborados y con mayor apoyo económico y logístico, y sobre todo mediático.
Lo mas grave de todo es que estos montajes, llevan también consigo una serie de practicas reñidas con la ética profesional incluso algunas que, derechamente, violan los derechos humanos, estamos hablando de apremios ilegítimos, torturas y hasta secuestros.
Algunos de estos montajes son:
• Caso By Pass de Temuco: En este caso, el fiscal anti-mapuche Moya, entre otros, transformaron un “corte de ruta” llevado a cavo en el marco de una protesta social, en un “horrendo crimen terrorista” en contra de los pasajeros de Tur Bus.
• Caso Fiscal Elgueta : Este montaje, liderado por el fiscal Andrés Cruz, fue tipificado como una “emboscada” e intento de asesinato a una autoridad, lo que es absolutamente falso, puesto que en la realidad fue un enfrentamiento entre comuneros y policías en un allanamiento a la Comunidad de Choque, en una evidente desigualdad de fuerzas. He aquí un MONTAJE en su máxima expresión.
Estos montajes han generado justamente, los efectos que los fiscales buscaban, producir el rechazo de parte de la opinión publica a la lucha mapuche, tendenciar a los jueces y al ejecutivo, para que estos avalen la aplicación de la Ley Antiterrorista, y la Justicia Militar.
Entonces, ¿cual es el verdadero rol que cumplen los fiscales en el marco de este conflicto?, ¿es solo de investigar y perseguir delitos?, o actúan en base a otras orientaciones e influencias políticas o económicas, probablemente incluso, recibiendo pagos del empresariado comprometido con el despojo, en las zonas de conflicto, y que por su falta de experiencia, de escrúpulos y ambiciones profesionales, pueden ser fácilmente cooptados por sectores fascistas, que ven al Pueblo Nación Mapuche y su lucha como un enemigo interno.
Puede ser el caso del Fiscal Cruz, quien a la fecha, ha sido involucrado en dos casos de torturas a mapuche, como es el caso de los hermanos Viluñir, quienes son secuestrados y uno de ellos colgado desde el puente Lanalhue en Cañete, por personal de la PDI, con el objetivo de obligarlos a actuar como “testigos secretos”.
Entonces, nos preguntamos, ¿que hace un fiscal como este, con tantas atribuciones perseverando en las causas contra mapuche y actuando con absoluta impunidad?.
Es el caso también del Fiscal Moya, quien fue el responsable del montaje en contra de Héctor LLaitul en base a los apremios ilegítimos propinados al comunero de Vilcun, Roberto Pinemil.
Otro fiscal anti-mapuche emblemático, es el Coordinador de los Fiscales de causas mapuche, Lubetic quien, mientras las fuerzas políticas buscan una salida a la huelga de hambre, vocifera públicamente que presentara otras 30 querellas por Ley Antiterrorista en contra de comuneros. Justamente, han sido sus sistemáticas declaraciones a los medios de comunicación las responsables de crear un escenario favorable para dar curso a estos montajes fabricados por sus subalternos.
Pero el actuar del Fiscal Lubetic se ve claramente respaldado por el Ministerio Publico, ya que sus operaciones e investigaciones, tienen alcance internacional, como lo fueron las indagaciones y reuniones realizadas en Colombia. No es menor el hecho de que algunos de estos fiscales recibieran “especialización” en Estados Unidos, por parte del FBI.
¿Quién pondrá entonces los limites al accionar del Ministerio Publico? o tendremos que esperar que estos fiscales se marginen absolutamente del Estado de Derecho, actuando fuera de la Ley y con extensas prerrogativas para operar y cometer delitos tal como lo hicieron organismos como la DINA y la CNI?.
En este sentido, será el Gobierno Chileno quien deberá responder por las actuaciones del Ministerio Publico, por mas autónomo que este sea, frente a los organismos internacionales.
Comisión Prisión Política
CAM
