Santiago de Chile, 9 de Diciembre 2010. (Radio del Mar).En la mañana del 8 de Diciembre, el país entero se vió conmovido con la noticia de un hecho difuso y de poco interés. Se hablaba de un gran incendio en la cárcel de San Miguel con un número indeterminado de víctimas fatales. A medida que pasaron las horas, este hecho carcelario, que al principio se quiso presentar como habitual en periodo prenavideño, fue adquiriendo el carácter de tragedia. A media mañana, ya se sabia de 81 fallecidos y más de 20 heridos graves. De inmediato, se comenzó a desempolvar las justificaciones protocolares para estos casos. El hacinamiento apareció como el gran culpable de lo sucedido, como si esto fuera una novedad, cuando desde hace décadas se viene denunciando esta situación «cruel, inhumana y degradante». Claro que eso fué acompañado, sin que hubiera tiempo para la menor investigación, con la acusación de que el origen estaba en una riña entre reclusos, que se habría usado un lanzallamas artesanal y varios otros detalles, que a través de las declaraciones oficiales, pasaron a transformarse en verdad, tal como tituló este jueves El Mercurio: «Riña de madrugada en hacinada cárcel de San Miguel causa incendio con 81 muertos».
Por supuesto que eso ocultaba hechos reales implicados en la tragedia, como la falta de personal de gendarmería al momento de los hechos, que determinadas puertas no pudieran abrirse y que los sitemas de alerta y llamados a bomberos, no funcionaran adecuadamennte. Junto a los reos en riña, se sumó de inmediato un ataque a los gobiernos anteriores, como los culpables más claros.
Según el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que apareció 4 horas después de anunciado el hecho y que manifestó estar preocupado y que oraba por las víctimas, el actual gobierno tenía todo listo para encontrar una solución al tema de la sobrepoblación y el hacinamiento. Como por arte de magia apareció la idea de las cárceles modulares usadas en EE.UU. y de las que nadie había oido hablar hasta ahora, un incremento de la Planta de Gendarmería que verá sus frutos en 5 años más, la construcción de nuevas cárceles y sobre todo el hecho de que el Presidente Piñera conocía a la perfección la situación de la cárcel de San Miguel, ya que en los años 90, la había visitado en el marco de un proyecto de capacitación de la Fundación Futuro.
Es el tiempo de las acusaciones y los grandes discursos, pero nada de eso devuelve a la vida a personas fallecidas en San Miguel ni trae tranquilidad a los familiares de quienes se encuentran privados de libertad, pues el Estado y sus agentes, encargados de velar por su seguridad, no están cumpliendo con su rol. Por otro lado, debe reconocerse que las grandes obras y medidas prometidas, requieren de un largo proceso para poder concretarse. Sin embargo, si ahora existe una preocupación tan grande por los derechos humanos, es posible preguntarse por qué no se han tomado medidas que no requieren de una gran inversión. Cómo es posible que el Ministro de Justicia no haya dispuesto desde el primer día que se llevara a la práctica una política de segregación en que primerizos, personas con condenas menores y algunos aún no condenados, no tuvieran que convivir con reos rematados.
Pero bueno, este es el país en que estamos, pues el que comete una falta es de inmediato calificado como delincuente. Que importa si fué por violar la Ley de Propiedad Intelectual y estar condenado a 61 días o por beber en la vía pública y no tener las 3 UTM que le impuso su condena. Violó la ley y murió con otros que la habían violado igualmente.
Además, y esto no deja de ser importante, esto pasó y se limitó al último piso de una torre en San Miguel, donde por supuesto nunca llegarán los otros delincuentes: los directivos de Inverlink, el cura Tato ni los otros pedófilos, los condenados por crímenes de lesa humanidad que tienen su recinto de lujo, ningún ex parlamentario de apellido vinoso desaforado por estafar al Estado en decenas de millones, ningún propietario de yacimiento minero aunque sea responsable de la muerte de sus trabajadores, ni los que envenenan nuestras aguas, como tampoco los importadores de grandes falsificaciones de productos que se ofrecen en los mall del Barrio Alto y tantos que sería posible mencionar.
Para ellos no son estas torres, y si otros mueren ahi, se usará el viejo dicho de los tiempos de Pinochet para justificar todas las atrocidades que se cometían, «por algo pasan las cosas y algo habrán hecho». *****FIN*****
