Por: Juan Pablo Orrego
Recientemente invitado a exponer en el seminario “Situación de la Industria Hidrocarburífera en América Latina” por el “Centro de Documentación e Información de Bolivia”, (CEDIB) con sede en Cochabamba, volví a constatar la peculiaridad de la historia del desarrollo energético en Chile. En efecto, Chile, a diferencia de nuestros vecinos más cercanos, es un país pobre en hidrocarburos. Esto se debe a la historia y conformación geológica de nuestro territorio. Sólo tenemos una escasa dotación de estos recursos fósiles en el extremo austral del país, en la Región de Magallanes, muy lejos del consumo mayoritario de energía que se concentra en la zona centro -Región Metropolitana y Quinta Región- y norte con la minería.
Es así que importamos el 97% del petróleo y el 95% del carbón que consumimos. Sólo importamos el 27% del gas natural que consumimos en Chile, simplemente porque no podemos comprar más. Argentina, por razones internas, desde 2004 no pudo continuar exportándonos este combustible, en términos relativos más limpio que los otros combustibles fósiles. El porcentaje restante del gas que se consume en Chile es el que se extrae en Magallanes y que se utiliza enteramente en la propia región. Así, importamos el 71% de la energía primaria que consume Chile. El resto es la leña, 21% y la hidroelectricidad con un 9%. ¿Cuál fue la consecuencia de esta pobreza en hidrocarburos? Que las autoridades de la época pensaron que la única fuente de energía viable de Chile eran sus ríos. Tanto es así que modernas autoridades y ejecutivos, tales como José Yuraszeck (el zar de la electricidad de los años ’90) Eduardo Frei R.T. (ex-Presidente y Senador) y Pablo Irarrázabal (Presidente de Enersis), han dicho para el bronce que: “el agua es el petróleo de Chile”. Metáfora poco afortunada: basta ver a un pelícano agonizante cubierto de petróleo en el Golfo de México, o intentar beber petróleo o regar con el hidrocarburo, para descubrir las enormes diferencias bioecológicas entre ambos elementos.
Así comienza la dependencia, como también la obsesión hidroeléctrica de algunos en nuestro país. Esta historia llega a su culminación durante la dictadura, período durante el cuál los que tenían esta ‘visión’ lograron que la apropiación de ésta (desde su punto de vista) oportunidad de negocios, orientara en buena medida la transformación de nuestro sistema constitucional y jurídico. En efecto, la Constitución de 1980, el Código de Aguas de 1981, la Ley General de Servicios Eléctricos, el DFL 1 de Minería de 1982, permiten la captura corporativa –la privatización– de los ‘derechos de agua no-consuntivos’, creados especialmente para el desarrollo hidroeléctrico, así como del sector eléctrico mismo. En otras palabras, el dominio del ‘nexo agua-energía’, como dicen hoy los expertos.
No-consuntivo suena bonito. Usar algo sin consumirlo, y supuestamente siendo además sólo una concesión de uso. El problema, para empezar, es que son otorgados a perpetuidad, y luego en la práctica, dado el articulado constitucional y jurídico que los rodea, otorgan a empresas privadas el dominio de grandes tramos de ríos, o de ríos enteros, como sucede con los ríos Baker y Pascua. Las empresas no permiten ninguna intervención de los ríos donde poseen este tipo de derechos, alegando que eventualmente cuando ellos quieran ejercer los cuantiosos caudales establecidos, estos pudieran no estar disponibles. Además, estos derechos permiten la masiva destrucción de cuencas hidrográficas, ya que con ellos se pueden instalar enormes centrales hidroeléctricas con embalses que pueden inundar miles de hectáreas, servidumbres especiales, y de hecho, únicas, instaladas en la ley eléctrica, que permiten la expropiación de las tierras a inundar a muy bajo costo, es decir, pone a los propietarios entre la espada y la pared. El articulado de la Constitución hace que la expropiación de los derechos de agua sea inconstitucional. Es un sistema blindado. De hecho, durante dos de los gobiernos de la Concertación, los de Frei y Lagos, se desnacionalizan también las aguas potables a través de la privatización de las así llamadas empresas sanitarias. Interesantemente, el principal consumidor de energía de Chile es la minería, y las leyes mineras promulgadas durante la dictadura son tan entreguistas como las de aguas y energía. Se trataba de capturar el nexo agua-energía-minería. Hasta ahora es un logro. Es bueno mirar esto de frente, no para sufrir y desmovilizarse, sino para revertirlo. Pero el sistema no es reformable. Necesitamos cambiarlo: ¡Manos a la obra!
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El autor es Ecólogo, Presidente de Ecosistemas y Coordinador Internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia
