Por: Eduardo Tarifeño
El Gobierno anunció recientemente su propósito de privatizar totalmente las empresas sanitarias, a través de la venta de las acciones que aun mantiene CORFO en dichas empresas de servicios. El foco de la discusión pública surgida después del anuncio de la privatización ha estado centrado sólo en el tema político si corresponde o no que el Estado entregue dicho servicio vital para la calidad de vida de la sociedad, a gestores que desarrollarán esta actividad como una manera más de obtener ganancias, ojalá proporcionales a sus inversiones de capital y operacionales. Para lograr el objetivo del plan de mejoramiento sanitario que incluía tanto la masificación de la redes de alcantarillados como de las respectivas plantas de tratamiento, el Gobierno de turno justificó la entrada de inversionistas privados en este sector, indicando que el monto de las inversiones requeridas para este mejoramiento eran de tal cuantía que obligaría al Estado a desviar recursos que se requerían para suplir otras necesidades prioritarias.
Sin embargo, en el debate contingente sobre el destino de las empresas sanitarias en Chile, también se debería considerar la calidad y efectividad del servicio que se espera privatizar en cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente. No hay dudas que dotar de sistemas de alcantarillados para evacuar y tratar las aguas domiciliarias con su alta carga de desechos orgánicos de origen humano, evitando que ellas circulen libremente en territorios urbanos y rurales, es un servicio con gran rentabilidad social. Pero la pregunta que corresponde hacer, es: ¿Qué tratamiento son los más limpios desde el punto de vista de protección ambiental? y ¿Qué hacer con las aguas tratadas?
En el caso de Chile, por lo general los efluentes líquidos producidos en las plantas de tratamientos son vertidos a cuerpos de aguas bajo el supuesto que las tasas de dilución serán suficientes para que el sistema afectado (lago, río, mar) sea capaz de atenuar su carga contaminante a niveles inocuos para el ambiente. En la mayoría de los casos, el parámetro principal para determinar estas tasas de dilución son la carga bacteria de origen fecal, por ser indicadora indirecta de la posible carga de patógenos que podrían afectar a la población humana usuaria de dicho cuerpo de agua. Por tal motivo, se establecen como medida de resguardo, un abatimiento bacteriano de a lo menos de un 90% de la carga original.
Si bien es cierto que estas medidas cumplen los estándares internacionales para normas de emisión, no consideran en algunos casos, otros componentes de los efluentes que son más relevantes para la “salud del ambiente” que para la “salud humana”. Se trata de las cargas de nitrógeno y fósforo, típicos en efluentes de plantas de tratamientos de aguas servidas, que son reconocidos como factores que generan situaciones de eutrofización acuática. Además, en muchos casos, la alta carga de materia orgánica no es “reprocesada” por el ambiente y se acumula sobre los fondos marinos creando focos de fangos anóxicos que impiden la vida marina bentónica.
Debido a lo extenso de la costa chilena y que muchos de los grandes centros urbanos son costeros, es común que los efluentes producidos en la plantas de tratamiento de aguas servidas sean vertidos al mar por emisarios submarinos, diseñados y construidos mediante simulaciones que tratan de representar las potenciales condiciones ambientales a las cuales estarán sometidos durante su vida útil. Lamentablemente, las simulaciones a veces no incorporan series de tiempo con extensión suficiente, sino que más bien puntuales, para los parámetros que examinan. Un problema mayor que existe con los emisarios submarinos (¡Chile es considerado líder en esta tecnología sanitaria en Latinoamérica!) es que la mayoría de ellos descargan efluentes sin tratamientos adecuados (al menos terciario) dado que la mayoría de las plantas son de “pretratamientos”; es decir, sólo retienen grandes trozos de materiales que podrán ocluir el emisario, dejando pasar todo el resto de contenidos de fecas humanas con su alta carga de bacterias y virus patógenos, además de los aportes de nitrógeno y fósforo.
Dada esta situación, sería conveniente que en el proceso de total privatización de las empresas sanitarias en Chile, se exija el empleo de tecnologías de tratamientos de aguas servidas disponibles y aplicadas en otros países, que eviten continuar descargando efluentes al ambiente marino sólo “pre-tratados”, sino que efectivamente hayan sido procesados por lo menos a nivel terciario para retirar o mitigar en un alto porcentaje la gran carga contaminante asociadas a las aguas de origen doméstico. Varias de las empresas sanitarias actualmente operando en Chile, pertenecen a consorcios o holding extranjeros (españoles, canadienses) cuyas legislaciones ambientales no les permitiría emplear las tecnologías que aplican en Chile por ser más estrictas que la nuestra. Un argumento recurrente en contra de esta posición es el alto costo de inversiones y operaciones de esta tecnología. Pero, ¿Qué es más importante como país: proteger nuestro ambiente marinos o comprometer una alta rentabilidad para las inversiones?
Eduardo Tarifeño Silva es Biólogo Marino, Ph.D.. Miembro Titular Consejo Nacional de Pesca, Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar
17 enero 2011.
