Punta Arenas, 21 de enero de 2011. (Radio del Mar)– A pesar del acuerdo alcanzado el lunes entre la Asamblea Ciudadana de Magallanes con el gobierno, aún la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, firmada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, contra quienres resulten responsables de esta movilización ciudadana, continúa tramitándose en los tribunales de Punta Arenas.
Así lo informa este viernes el diario El Pinguino que «la querella es por los hechos ocurridos a partir del 11 de enero, “cuando se inició una paralización, interrupción y obstaculización concertada de distintas actividades comerciales, industriales y de servicios públicos o de utilidad pública en la Región de Magallanes, convocada por distintos entes y asociaciones regionales, en atención a eventuales alzas del precio del gas”.
El fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, explicó al diario puntarenense que la querella se investiga como cualquier otra, la diferencia radica en que al invocarse la mencionada normativa legal, “de configurarse los hechos descritos, la penalidad es mucho más alta”.
Meléndez agregó que aún «tienen la obligación de investigar los hechos expuestos por el Ministerio del Interior».
El ministro del Interior pide que se investigue el bloqueo a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y el sector de Torres del Paine, porque esto afectó el normal desplazamiento de los ciudadanos y la provisión y abastecimiento de alimentos, bienes esenciales y combustible para la población. También la entrada principal del muelle Prat, lugar de arribo de embarcaciones comerciales y cruceros, y el ingreso oriente del Centro Comercial Mall Pionero.
En Porvenir se bloquearon las rutas Y-71 e Y-269, las que conectan esta ciudad con San Sebastián y el aeródromo, así como también se restringió el acceso al terminal marítimo de Bahía Chilota, que permite la conexión marítima con Punta Arenas, informa El Pinguino.
