Temuco, 23 de marzo de 2011. (Radio del Mar)– Frente a las altas penas a las que fueron sentenciados por el Tribunal de Cañete cuatro líderes Mapuche y a las divesas irregularidades en la investigación donde se utilizó elementos de la Ley Antiterrorista, diversas organizaciones y comunidades locales comenzaron a exigir la anulación de este proceso judicial y que en un nuevo prcedimiento se cumpla con el derecho internacional y las normas de un «Debido Proceso».
Mientras la ONG Observatorio Ciudadano de Temuco afirma que la condena se basan «en el testimonio de un testigo protegido de identidad anónima y en una confesión que fue denunciada haber sido obtenida bajo tortura».
La organización critica que la Justicia no haya aplicado «el artículo 10 del Convenio 169 de OITo, en cuanto éste establece en sus números 1 y 2 que: Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. y 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
En tanto el Consejo de Todas las Tierras aseguró que la condena a los cuatro líderes Mapuche «representa una sentencia de orden político y, que tiene por objeto frenar por todos los medios las movilizaciones de las comunidades Mapuche en su legítima lucha por la restitución de las tierras usurpadas y el derecho a la autodeterminación conculcado por el Estado Chileno».
Por su parte Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh), calificó el veredicto contra los comuneros como una condena política. El presidente de la Cchdh, Gonzalo Taborga, denunció que más allá de las acusaciones que pesan sobre los indígenas, la condena se dicta para silenciar a “los mejores representantes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras”.
En tanto la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), afirmó que Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron «detenidos como consecuencia del legítimo ejercicio de su libertad de expresión, opinión y/o manifestación».
La OMCT denunció que «aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente, (…) ya que la Ley Antiterrorista fue aplicada a los mapuches detenidos, durante todo el proceso».
La OMCT llamó al gobierno de Chile a «que cese todo tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y contra las personas que la apoyan».
Las organizaciones y comunidades alegan también acerca del doble estándar de la Justicia Chilena ya que mientras todos los culpables de la muerte de Mapuches asesinados en episodios de recuperación de terreno, están libres, a estos lideres mapuche se les condena a penas de más de 20 años.*****FIN*****
