Santiago de Chille, 28 de Marzo 2011. (Radio del Mar). La Ministra del Trabajo y Previsión Social Evelyn Matthei, dió inicio a la campaña destinada a combatir la mora presunta previsional, que no es otra cosa que tratar de que 20.000 empresas paguen las imposiciones previsionales de sus trabajadores. Esto que por supuesto no es original, pues ya se ha hecho en otras oportunidades está destinado a sanear a las empresas permitiéndoles acceder a una serie de beneficios que otorga el Estado, como participar en la venta de bienes y servicios a través del sistema de Chile Compra.
Seguramente la señora Ministra se ha tomado la molestia de revisar el listado de los deudores y se habrá dado cuenta de que no ha variado el número ni el nombre de las empresas desde el «perdonazo»anterior.
¿ Pero como funciona este sistema que no es nada transparente y no favorece al trabajador ?. El empleador en mora, se acerca a cualquier oficina del ex INP, hoy IPS, reconoce la deuda y no la paga, la repacta, es decir acuerda una cancelación en cuotas y por tratarse una de una situación de excepción, se le perdonan los reajustes. A continuación cancela la primera cuota de la fórmula acordada y recibe un certificado de «pago en trámite» que tiene validez por todo el período establecido. Con ese papel, vuelve a tener el derecho a vender y participar en cualquier llamado que el estado realice.
¿ Pero donde está la trampa ?. Ese empleador cancela sólo esa primera cuota, no sigue pagando y su deuda previsional sigue aumentando y sus trabajadores siguen quedando sin imposiciones.
Pero lo más grave es que el trabajador sigue sin que se haga aporte a su AFP y que por ser un fondo de capitalización individual, no opera sobre la base de teorías ni acuerdos de pago, sino por cotización efectiva y pagada. La situación de los trabajadores es de suma gravedad, pues no se está realizando aporte a su seguro de cesantía, ni por la Ley de Accidentes del Trabajo, en caso de querer jubilar, lo hará por una suma menor ya que no se han hecho aportes a su fondos y peor aún, en caso de un accidente laboral invalidante, estará en lamás absoluta indefensión.
Todo este proceso se hará por correo, lo que lo hace mucho menos efectivo, ya que el Estado no tiene capacidad fiscalizadora, pues la Dirección del Trabajo sigue, como siempre, en reorganización.*****FIN*****
