Santiago de Chile, 31 de marzo de 2011. (Radio del Mar)– La pesca y acuicultura es uno de los sectores donde existe un historico secretismo respecto a sus prácticas productivas, en la mayoría de los casos avalada por las oficinas públicas que intervienen en su institucional ambiental y sanitaria. Mientras aumentan las toneladas generadas y los indices de exportación, cada vez es más dificil lograr obtener informacion acerca de las cantidades, tipos y formas de uso de químicos, fármacos y piensos que se utilizan para, por ejemplo, alimentar salmones.
Pero, las organizaciones ciudadanas poco a poco han comenzado a combatir estas prácticas oscurantistas. Sin embargo, se ha tenido que llegar incluso al máximo tribunal de Justicia del país, la Corte Suprema. Esto porque luego que el Consejo de Transparencia instara a las oficinas estatales, como el Servicio Nacional de Pesca y el Servicio Agricola y Ganadero, a entregar información sobre Informes Ambientales o sobre el uso antibióticos, estos denegaron los datos acogiéndose al reclamo de las empresas que señalan que ésta es información comercial y por tanto secreta.
Y a pesar que, basandose en la Ley de Bases del Medio Ambiente y en la Ley de Pesca y Acuicultura, el Consejo de Transparencia desestima esta tesis empresarial, las empresas han recurrido a la justicia, donde nuevamente han perdido.
Asi ocurrió esta semana luego que la Corte Suprema rechazara un recurso judicial interpuesto por el laboratorio Veterquímica para evitar que el SAG revele la información científica en base a la cual esta entidad pública registra y autoriza la comercialización de antibióticos usados en salmonicultura.
Tras este fallo el SAG tiene plazo hasta el 5 de abril para otorgar los antecedentes y documentos que sustentaron su decisión de autorizar dichos antibióticos.
La sentencia del máximo tribunal confirma la decisión del Consejo para la Transparencia que hace unos meses había acogido un reclamo de la organización internacional Oceana, luego que el SAG le negara acceso a los estudios científicos que los laboratorios deben entregar a este Servicio para probar que sus productos no causan daños a la salud de las personas ni al medioambiente, entre otros aspectos.
Este caso se inicia en 2009 cuando Oceana presentó al SAG una solicitud de información pública para obtener los antecedentes y documentos que hayan servido de fundamento, sustento o complemento a la decisión de este Servicio de autorizar el uso de antibióticos del tipo quinolonas, entre otros, en el cultivo de salmones. El SAG negó la información debido a la oposición de los laboratorios Veterquímica, Recalcine y Centrovet, principales comercializadores de estos productos químicos en Chile.
Frente a esta situación Oceana interpuso un reclamo en contra del SAG ante el Consejo para la Transparencia que acogió el recurso de reclamación y dispuso que el Servicio Agrícola Ganadero debía entregar la información solicitada. Los tres laboratorios, sin embargo, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago a través de recursos de ilegalidad, señalando que el dictamen del Consejo vulneraba su derecho a mantener reserva de dicha información por afectar su competividad e intereses económicos. Dicha Corte rechazó los recursos interpuestos, frente a lo cual los laboratorios interpusieron recursos de queja ante la Corte Suprema.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el SAG tiene plazo hasta el 5 de abril para otorgar los antecedentes y documentos que sustentaron la decisión de este organismo de conceder el registro farmacológico a Veterquímica y así autorizar la venta de estos antibióticos a las compañías salmoneras. Los recursos de queja interpuestos por los laboratorios Recalcine y Centrovet están aún pendientes y deben fallarse pronto en la Corte Suprema.
Según datos oficiales aportados por el Ministerio de Economía, en Chile la industria salmonera usó 385.635 kilos de antibióticos el 2007 -600 veces más que Noruega ese mismo año- y 325.616 kl. el 2008.
