Por: José Venturelli
22 de abril de 2011
El contexto de los Derechos humanos, especialmente en el campo de la necesidad de erradicar la tortura sin ambigüedades de ningún tipo, aún no se implementa en Chile. El Estado no ha respetado ni puesto en acción el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Este decir sin hacer, “tan chileno”, es hoy en día, precisamente por esa falta de compromiso estatal y gubernamental, la razón del por que persiste un sistema de justicia ilegítimo que niega el Debido Proceso a los derechos de los detenidos políticos. Esto es el Derecho Penal del Enemigo, como ha sido rotulado por los abogados de los presos mapuche condenados y permite que Fiscales y Jueces actúen como prevaricadores estableciendo culpabilidades y condenas injustificadas e inhumanas. Ese fue el informe de una Observadora Internacional a los Juicios de Cañete. http://periodismosanador.blogspot.com/2011/01/jurista-mireille-fanon-acusa-juez-de.html
Desgraciadamente, las prácticas de tortura las hemos visto con los presos políticos mapuche, con los menores mapuche cuya evidencia ha sido denunciad ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos internacionales. Lo hemos hecho evidente como CECT ante el gobierno, en el Parlamento, ante el Ministerio de Justicia, Carabineros y Gendarmería en forma repetida. No hemos visto, sin embargo, implantación de los cambios urgentes que se requieren. Los presos del mal llamado “casos bomba” han tenido un trato que está tipificado como tortura por cuanto se trata de presos políticos a quienes se les monta evidencia, se les criminaliza y se les define, ante los medios de Prensa y TV como criminales: esas son las pretendidas acusaciones frenéticas de un Fiscal que se mueve políticamente y no en el campo de la Justicia. De hecho, estos jóvenes viven una situación de tortura por los montajes inconcebibles, el uso de testigos protegidos, sin rostro y muchos delincuentes usados por los fiscales. Además, al amenazarlos con condenas a penas perpetuas por el mero hecho de disentir políticamente sólo les queda recurrir a las huelgas de hambre. Huelgas que, a pesar de que el Ministro de Salud y varios personeros de gobierno las denigren, y el Presidente incluido por su silencio culpable, son el único recurso que el Estado chileno deja a los perseguidos políticos.
Las detenciones “preventivas” y los términos de su detención son brutales e inhumanas: se los tiene encerrados en una celda de máxima seguridad por 22 horas diarias por 8 meses y recientemente han pasado a Alta Seguridad. Pero el regimen de condiciones inhumanas, a menudo iniciado por iniciativa de jefes de gendarmería, persiste. Estos detenidos de Santiago han sido literalmente asaltados para sacarles muestras de sangre en una violación de la ética médica: ante el rechazo de los detenidos han sido llamados los equipos “técnicos” de Carabineros para que se cumplan las órdenes que el Tribunal ordenó, según el Alcaide. Esto es una violación adicional inadmisible, condenada por la Asociación Médica Mundial. La salud y los derechos sobre su propio cuerpo son exclusivos de cada persona. No respetarlo es tortura. El Alcaide pretende ser él quien decide si necesitan médicos y quienes deberían ser estos… ¿Es este el nuevo, moderno y ejemplar sistema carcelario que nos ofrece el director de Gendarmería? La carta abierta al Presidente Piñera de la Comisión Ética Contra la Tortura es muy clara y debe ser escuchada. (http://notascect.wordpress.com/2011/04/21/cect-pide-al-presidente-pinera-preocuparse-personalmente-de-presos-en-huelga-de-hambre/ )
Esta violencia debe terminar ahora y el Presidente debe cumplir personalmente para que Chile cumpla en la práctica, con los términos de referencia correspondientes, los Tratados firmados contra la Tortura, por el respeto a los Derechos Humanos y confirmados por Naciones Unidas. Repetimos nuevamente, con el Obispo Salvadoreño asesinado, “No a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”. Y que esto debe ser de inmediato, sin tiempos administrativos de espera. El contexto ilegítimo y las personas que la ejercen deben ser puestas en juicio ahora para que dichas prácticas de tortura no se repitan. Las leyes chilenas, y la Ley Anti-Terrorista (LAT) en especial, que persisten en una Constitución de origen dictatorial, deben ser cambiadas por una Constitución Democrática. La derogación o suspensión inmediata de la LAT es un primer paso humano hacia la eliminación de normas anti-democráticas. La permanencia de la Ley Anti-Terrorista, que el mundo rechaza sin ambigüedades, permite el abuso denunciado y debe terminar. Un gobierno que permite la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes a su pueblo practica actividades criminales contra la humanidad. Conozco estas cárceles y he visitado a los presos políticos que son afectados por tanta inmoralidad: allí se confina a los presos mapuche a cumplir condenas inmorales o se encierra a quienes se criminaliza como enemigos por pensar distinto.
Por ello se deben anular los juicios que permitieron las condenas de los dirigentes mapuche por fiscales que no respetan la Justicia. Del mismo modo, sólo el Debido Proceso, en términos de Justicia respetable, justa, debe ser implementado ahora. Los jóvenes anarquistas llevan ya más de 8 meses y sus juicios se eternizan, como hizo el dictador y han hecho sus seguidores hacia esta dictadura perfecta. No necesitamos más Fiscales prevaricadores que cada día manipulan las leyes con fines personales y por prebendas políticas. El Estado de Chile al olvidar al ser humano y solo ocuparse de las ganancias de los empresarios que destruyen el medio ambiente, aumenta la inequidad. Para hacerlo usa esta “Constitución” de generación enfermiza. ¿Por cuánto tiempo más?
En resumen el país democrático que queremos requiere:
- Libertad incondicional para los presos mapuche que han cumplido, mediante la puerta giratoria de los fiscales, muchos años detenidos y de maltratos sin evidencia.
- Libertad y juicios justos, con el término de prácticas de tortura y abuso sostenido para los presos de los montajes de los “casos bomba”.
- Suspensión de todos sus efectos y pronta derogación de la Ley Anti-Terrorista.
- Establecer el proceso para una Asamblea Contituyente, para que Chile tenga justicia, igualdad ante la ley y equidad. Así podremos tener un país que tenga un futuro para todos, sin la destrucción de éste y la alienación para las generaciones futuras que al protestar y expresar sus ideas, son hoy día criminalizadas a diario.
El Presidente debe cumplir con actos democráticos y no con palabras y manipulación. Hacerse el desentendido no ayuda a nadie, ni siquiera a sus propias ambiciones.
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José Venturelli es Profesor Emérito, Universidad de McMaster, Canadá.
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.
