Santiago de Chile, 2 de Abril 2011. (Radio del Mar. Autor Invitado). CHRIS JOCHNICK es un abogado que ha pasado media vida peleando por un sector privado que respete los derechos ambientales y sociales del planeta. En la entrada hoy nos comenta la victoria multimillonaria de las comunidades de la selva ecuatoriana afectadas por Texaco-Chevron, una de las grandes multinacionales petroleras. La sentencia procede de un juzgado ecuatoriano y no es definitiva, pero, sea cual sea el resultado final, todos hemos aprendido importantes lecciones con este caso.
Como cualquier otra historia de David contra Goliat, sería difícil igualar la lucha que se produjo en la Amazonía ecuatoriana entre un puñado de comunidades pobres y marginales y Texaco-Chevron, una de las compañías más poderosas del mundo. Lo llamativo es que estas comunidades acaban de ganar hace pocas semanas un caso récord de 8.600 millones de dólares contra la compañía. El asunto está lejos de haber quedado cerrado (Chevron peleará “hasta que se congele el infierno, y entonces patinaremos sobre el hielo”, de acuerdo con las declaraciones de su antiguo abogado jefe), así que merece la pena hacer algunas consideraciones.
Viajé por primera vez a la región en 1993, como parte de un equipo de abogados en busca de demandantes para una quijotesca inciativa contra Texaco. En aquel momento, esta compañía acababa de abandonar Ecuador tras haber dejado abiertas 900 fosas de residuos repartidas a lo largo de la selva, además de unos 70 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos vertidos en ríos y acuíferos de la zona a lo largo de 25 años. La compañía, cuyos ingresos anuales triplican el PNB de Ecuador, había obtenido carta blanca para abrir el Amazonas sin contraer ninguna obligación con el medioambiente o la población local.
No tuvimos demasiados problemas en encontrar demandantes. La gente estaba rodeada por vertidos y contaminación que supuraban abiertamente sobre sus únicas fuentes de agua. Aproximadamente 30.000 personas habían sido afectadas por las operaciones de Texaco (uno de los grupos indígenas desapareció). Cuando la compañía terminó sus operaciones, simplemente se esfumó del mapa.
Más allá del ruido de fondo y de los apaños legales, debería haber pocas dudas sobre la culpabilidad de Texaco (y ahora de Chevron). Sí, la compañía petrolera estatal ha causado desde entonces más daños a la zona; y sí, la multinacional retornó e hizo algunos arreglos menores, que consistieron básicamente en llenar una porción de las fosas contaminadas. Pero nada de esto absuelve a la empresa de los devastadores daños medioambientales y del coste para las comunidades.
La responsabilidad legal es un asunto diferente. Chevron-Texaco ha llegado muy lejos para desestimar los cargos, de modo que la demanda inicial fue procreando procedimientos en más de una docena de juzgados. A pesar de la esperanzadora decisión del juez ecuatoriano, es posible que las demandas no lleguen a prosperar nunca. El caso refleja un patrón mucho más extendido de impunidad empresarial. Mientras las compañías se esfuerzan más que nunca por buscar materias primas y mercados en las esquinas más remotas del mundo, encuentran escasa resistencia en unos gobiernos y sistemas judiciales sobrecargados, faltos de recursos y a menudo corruptos. De hecho, este caso es una anomalía por la atención que ha recibido, cuando solo una mínima fracción de las 80.000 empresas multinacionales que operan en el mundo se ven sujetas a demandas legales de cierta importancia.
Esto no significa que la vía judicial sea irrelevante. Incluso cuando se pierden, los casos pueden tener una importancia capital, pero siempre dentro de una estrategia más amplia. La demanda contra Texaco generó una incipiente movilización local e inyectó una energía y atención pública que resultaron determinantes en la involucración de comunidades, ONG y movimientos sociales (indígenas, medioambientales, religiosos). Juntos formaron alrededor de este caso una red –el Frente de Defensa de la Amazonía- que aún hoy constituye un importante actor local y nacional en el debate petrolero. Gracias a la atención mediática, ministros y parlamentarios visitaron la zona e impulsaron legislaciones para gobernar a la industria del petróleo. El caso puso en guardia a otras grandes compañías hasta el punto de que era habitual escuchar a sus representantes “nosotros no somos Texaco”. Cuando el asunto pasó de los tribunales estadounidenses a los ecuatorianos, éstos se vieron forzados a realizar importantes reformas en los sistemas locales y nacionales de justicia para poder hacer frente a una demanda de esta naturaleza.
El caso de Chevron-Texaco demuestra todo lo que puede dar de sí la colaboración entre movimientos sociales, ONG y especialistas legales. Pero ofrece también otra lección fundamental: la necesidad de enfoques sistémicos. Texaco destruyó la selva con sus carreteras, sus pozos y sus vertidos, pero eso ocurrió porque el Gobierno ecuatoriano, la débil legislación, la justicia inoperante, la cómplice compañía estatal y la presión del Gobierno de los EEUU se lo permitieron. Cualquier solución sostenible a la destrucción del Amazonas exige atender a cada uno de estos actores como parte de un sistema más amplio. Eso solo subraya la importancia de fortalecer a los actores locales de la sociedad civil, de construir presión y alianzas en el ámbito internacional y de utilizar las nuevas herramientas de comunicación para vincular estos esfuerzos. También de consolidar nuevos instrumentos legales capaces de alcanzar a todos los actores relevantes más allá de las fronteras, tal como ha propuesto Naciones Unidas en un nuevo marco sobre la actividad empresarial y los derechos humanos.*****FIN*****
