Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2011 (Radio del Mar)– Durante las últimas décadas un pequeño, pero poderoso grupo de familias empresariales se han enriquecido con la extracción pesquera, sector productivo que es el tercero en la economía chilena. En el gobierno de Ricardo Lagos, se le entregó en propiedad por 10 años los derechos exclusivos de extracción de todas las pesquerías nacionales y toda la renta de estas faenas pesqueras, recursos que son patrimonio de toda la ciudadanía chilena, fue a parar a los bolsillos de estas empresas de la Región del Bio-Bio, del grupo Angellini en el norte y de las multinacionales españolas y japonesas en la zona sur austral. Ahora en 2011 se debe discutir nuevamente esta ley de privatización de los peces y el parlamente es un sector clave en el debate.
El reconocido economista y académico Eduardo Engel sa su punto de vista y critica que el en la Cámara de Diputados y en el Senado no exista transparencia acerca del patrimonio de estos congresistas y que no se pueda tener información acerca de quienes financian a estos parlamentarios.
Por: Eduardo Engel
Publicado en La Tercera, 17 de abril de 2011
Un pequeño grupo de empresas se ha beneficiado durante décadas de las rentas que genera la industria pesquera en Chile. Dentro de poco, el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que determinará si esta situación se mantiene o revierte. Tanto desde una perspectiva de eficiencia económica, como desde un punto de vista de justicia distributiva, no existe justificación alguna para seguir regalando las rentas de la pesca.
Lo que más conviene a (casi) todos los chilenos es que las cuotas de pesca sean asignadas mediante licitaciones competitivas, de modo que las rentas financien programas sociales. Las sumas en juego son grandes, ascendiendo a más de 600 millones de dólares durante la próxima década, según un estudio. Una licitación tiene la ventaja adicional de permitir el ingreso de nuevos actores, lo cual promueve las ganancias de productividad y la innovación, temas recurrentes en el discurso del gobierno.
El tema no es nuevo. La misma discusión se dio hace casi una década, cuando se asignaron las cuotas que caducan el próximo año. En aquella oportunidad se argumentó que una asignación mediante subastas expropiaba las inversiones de empresas del sector. Como dichas inversiones se deprecian casi por completo en el transcurso de una década, se optó por asignar las cuotas con criterios históricos y dejar la licitación para el 2012. Consistente con lo anterior, la ley señaló que los límites máximos de captura asignados «no constituirán derecho alguno en asignaciones que se efectúen en el futuro».
Desde 1991 que la legislación pesquera contempla la posibilidad de que la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) licite un 5% de las cuotas cada año. Dicha licitación prometía múltiples ventajas: transferir parte de las rentas al Estado, permitir el ingreso de nuevos actores y utilizar las posturas ganadoras para ajustar los valores de las patentes pesqueras a los vaivenes del mercado.
Nada de esto sucedió. No han habido licitaciones y el valor de las patentes ha permanecido en niveles que las mismas empresas reconocen como bajo.
Luego del terremoto, la industria argumentó que la destrucción de la infraestructura pesquera justificaba extender las cuotas actuales por una década, siempre gratuitas. Al poco tiempo concluyeron que una década era poco y comenzaron a presionar para que les fueran otorgadas indefinidamente.
El terremoto no es una excusa válida, porque si no tenían seguros fueron irresponsables y no es rol del Estado subsidiar la irresponsabilidad. Todo parece indicar que estaban aseguradas. Los resultados entregados por empresas pesqueras en semanas recientes han sido buenos, confirmando su plena recuperación posterremoto.
Un segundo argumento esgrimido para solicitar que las cuotas actuales se perpetúen es que la sobreexplotación del recurso pesquero ha reducido sustancialmente los ingresos del sector.
La Ley General de Pesca de 1991 estableció los consejos de pesca, integrados mayoritariamente por representantes del sector, entregándoles derecho de veto en decisiones relativas a las cuotas globales de captura para cada especie. Dichos consejos desestimaron, una y otra vez, los límites máximos propuestos con criterios técnicos por la Subpesca. Por ejemplo, la cuota del jurel para el 2009 fue un 75% superior a la recomendada, lo cual explica, en gran medida, la sobreexplotación de esta y otras especies. Está claro que los consejos de pesca debieran ser consultivos y no resolutivos, como sucede en la actualidad.
El tercer argumento esgrimido por el sector pesquero ha sido una reciente resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), concluyendo que una licitación de cuotas pesqueras no es condición indispensable para tener competencia en el sector. Cierto. Pero ello no quita que es la mejor manera de introducir competencia y, aunque no sea un tema que competa al TDLC, además permite transferir rentas desde las empresas pesqueras hacia todos los chilenos.
Curiosamente, algunas empresas pesqueras han argumentado que las licitaciones competitivas reducirán la competencia en el sector. Esto es equivocado. Las licitaciones fuerzan a las empresas a competir por la cancha, que es la competencia socialmente deseable en este caso, pues evita que la industria reciba más rentas de las necesarias y la competencia en la cancha trae consigo la sobreexplotación de las especies.
El fuerte lobby desplegado por la industria pesquera durante el último año ha sido evidente. Los montos en juego son grandes y están en su derecho. Lo que es preocupante es la ausencia de información que permita a la ciudadanía monitorear a sus representantes durante el trámite legislativo que se avecina.
A diferencia de lo que sucedió hace una década, ahora las declaraciones de intereses y patrimoniales de los parlamentarios están disponibles en la web. Sin embargo, la información disponible es muy general y sirve de poco. Basta con que un parlamentario declare ser dueño de la Sociedad de Inversiones «Aquí Escondo Mi Plata» para cumplir con los requerimientos legales. No está obligado a revelar en qué empresas y qué montos tiene invertidos la sociedad. Si a esto agregamos que los parlamentarios no tienen la obligación de revelar las fuentes de financiamiento de sus campañas, tenemos un terreno propicio para que grupos sectoriales se beneficien a costa del bienestar general.
«¿Hasta cuándo regalamos las rentas pesqueras?» es la pregunta que titula esta columna. La respuesta del gobierno de Lagos fue «por una década». La respuesta del gobierno de Piñera la conoceremos próximamente.
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Eduardo Engeles es Profesor de economía de la Universidad de Yale, investigador asociado del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la Universidad de Chile. Doctor en economía del MIT, Doctor en estadística de Stanford e ingeniero civil matemático de la U. de Chile.
