Por Fernando Glenza
Desde la Redacción de APM
Ginebra, 02 de mayo de 2011. (APM)– Luego de cinco días de negociaciones, los países participantes de la 5º Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), aprobaron el viernes pasado en Ginebra incluir al Endosulfán en la lista para su eliminación y gestionar un programa para la implementación de alternativas a este insecticida.
El Convenio, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entró en vigor en 2004 con 151 países signatarios, entre los que se destaca la ausencia de los Estados Unidos -al igual que en el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático-. Promueve compromisos legales entre las naciones que lleven a la eliminación de todos los COPs, determinando una lista de compuestos sobre los que es preciso emprender acciones de forma prioritaria, conocida como la “docena sucia”, debido a sus efectos dañinos, su persistencia en el ambiente y en el interior del cuerpo humano de los productos organoclorados.
El Endosulfán es un insecticida y acaricida organoclorado altamente tóxico, tiene características de disruptor endocrino, o sea, altera el equilibrio hormonal. Ya estaba prohibido en 80 países, que incluyen a la Unión Europea y varias naciones de Asia y África, además de Estados Unidos. En el último caso, si bien el país no adhiere al Convenio le fue prohibido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por presentar “riesgos inaceptables para los trabajadores agrícolas, vida silvestre y persistencia en el ambiente”.
Sin embargo, el producto aún se usa intensamente en India, China, Australia, Brasil, México y Argentina, entre otros. Lo produce principalmente Bayer CropScience, Makhteshim Agan e Hindustan Insecticides Limited -estas dos últimas de la India-; y se vende bajo los nombres comerciales de Thionex, Endocil, Phaser, y Benzoepin.
En Argentina se destaca el Endosulfán “Zamba”, comercializado por una división de la transnacional Nidera, acusada recientemente de evasión fiscal en la exportación de granos y de contratación de mano de obra en condiciones de esclavitud en sus campos de producción de semillas transgénicas. Rápida de reflejos, la transnacional retiró el Endosulfán “Zamba” de los anuncios comerciales de “google” al otro día de conocerse la medida tomada por la Conferencia del Convenio.
«El Endosulfán es tan dañino que incluso algunos de los países que todavía lo usan reclaman la prohibición internacional mediante el Convenio, porque eso les ayudaría a aprobar la legislación nacional y a luchar contra el comercio ilegal», indicó Björn Beeler, coordinador de la Red Internacional para la Eliminación de los COPs, a la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS).
En ese sentido, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Argentina mantiene abierta hasta el próximo 21 de junio una consulta pública para establecer por resolución los plazos de prohibición total del uso, importación, elaboración y formulación del Endosulfán y sus productos formulados.
Con la inclusión en la lista para su eliminación en el marco del Convenio de Estocolmo, el Endosulfán debe ser prohibido en el mundo. Las únicas excepciones fueron India, China y Uganda que solicitaron permisos para cultivos específicos como algodón, café, tabaco, manzanas, entre otros.
Ahora “hay que ver cómo se instrumentan los cambios, cómo se toman las decisiones, quién las toma, qué se propone y cómo se monitorean las estrategias de manejo que deben implementarse para sustituir al Endosulfán”, señala Javier Souza Casadinho, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con APM.
Souza Casadinho participó de la Convención realizada en Ginebra en calidad de coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y aspira que la sustitución de este agrotóxico no sea con otro compuesto del mismo calibre, sino que se utilicen formas alternativas agroecológicas de manejo de cultivo y control de plagas.
El SENASA, en su proyecto de resolución a consulta pública, propone un plazo progresivo de cinco años hasta su prohibición total. El coordinador de RAP-AL considera al respecto que el plazo es muy grande y que hay que acortarlo más en la producción hortícola y frutícola: “Una idea sería formar un comité de evaluación nacional para tomar decisiones sobre la prohibición, monitoreo de existencias e implementación de alternativas agroecológicas”, agregando que no obstante, “preferiría una prohibición ya”.
La representante de Argentina en la Conferencia, Romina Bocache, indicó que la decisión de incluir al Endosulfán en el “Anexo A – Sin excepciones” (prohibición total) “va en consonancia con la proyección de la salud humana y el ambiente de nuestro gobierno”, declarando que es un tema sensible para la Argentina y manifestando “la necesidad de asistencia técnica y financiera para poder cumplir con los compromisos”.
Argentina usa al menos cuatro millones de litros al año para combatir insectos en cultivos de cereales, alfalfa, algodón, flores, hortalizas, girasol, lino, maní, tabaco y soja. Presenta, además, una tendencia al aumento en su utilización de la mano del crecimiento de los cultivos transgénicos, y es el principal insecticida comercializado, sólo superado en los años 2002 y 2003 por la Cipermetrina.
Souza Casadinho enumera que “el Endosulfán provoca daños en la salud, aún en las comunidades que no lo utilizan y que están a miles de kilómetros de distancia, esto está comprobado científicamente”. Y añade que “hay que aplicar alternativas agroecológicas, viables desde el punto de vista económico y sustentables desde el punto de vista ecológico, millares de campesinos del tercer mundo lo demuestran diariamente”.
Desde la RAP-AL se solicita la implementación de políticas efectivas a nivel de Estado: de tierras, fiscales, alimentarias, crediticias, tecnológicas, de comunicación, que favorezcan la transición de una agricultura basada monocultivos y plaguicidas químicos al desarrollo de agroecosistemas sustentables.
Para finalizar, el profesor Souza clama, “no hay que esperar a encontrar más pruebas, ya hay suficientes y se debe aplicar el principio de precaución; no se debe anteponer la salud, la vida de millones de personas, a intereses económicos”.
