Santiago de Chile, 10 de mayo de 2011. (Radio del Mar)– Al final, 12 funcionarios públicos, designados por el gobierno de turno, decidieron aprobar la instalación de cinco represas en la patagonia, lo que implicará además la construcción de una linea de alta tensión de unos 2 mil kilómetros, hasta llegar a la zona central y norte del país. El proceso de evaluación ambiental, según varios ex funcionarios, estuvo viciado desde el comienzo, lo cual fue avalado por los gobiernos de Eduardo Frei y los socialistas Eduardo Lagos y Michelle Bachelet.
Hoy mismo en el diario La Tercera aparece una carta de una exfuncionaria de la Dirección General de Aguas que afirma que fueron «muchas las desprolijidades en la evaluación de este proyecto. Los gobiernos y el Congreso han actuado de una forma que da para sospechar. El Ejecutivo de la Presidenta Bachelet será responsable de no haber rechazado de plano un proyecto que se prestaba para eso por la cantidad de observaciones que tuvo; la administración del Presidente Piñera será responsable de haber ajustado por oficio todo para que HidroAysén se pueda ejecutar, desde las observaciones de la evaluación ambiental hasta los criterios para otorgar derechos de agua, recientemente cambiados por la DGA para hacer un traje a la medida a la represa; y el Congreso será responsable de haber permitido esto a vista y paciencia de los ciudadanos».
Luego de la votación de este lunes, la protesta social comenzó de inmediato en casi todas las ciudades del país. Pero la respuesta directa fue la represión policial. Quizás esto refleje también la lógica de lo que fue el proceso de evaluación ambiental, pero también al parecer representa lo que será la lucha judicial que se viene para anular la votación de la Comisión Ambiental. Ya hay un recurso judicial que la Corte de Apelaciones de Coihaique acogió y donde se discutirán las irregularidades de las oficinas públicas que intervienen en la evaluación ambiental.
Pero también hay varios ejemplos donde la alianza entre multinacionales, empresas nacionales, la derecha política y la Concertación, han pasado la maquina, han retrasado las discusiones en los tribunales y han ocultado información, mientras las «máquinas del progreso» avanzan rápidamente en la construcción de los proyectos industriales. Esto se vio en Ralco y Pangue, las megacentrales que fueron uno de los símbolos de la lucha de los sectores ecologístas en la década de los ’90, y que pese a varias discusiones en tribunales nacionales e internacionales que debían rechazar estos proyectos, igual se construyeron.
Este lunes, hubo tres simbólicas señales respecto a como funcionó y como funcionará el proceso de construcción de las represas, según el gobierno: las palabras del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, minutos antes de la votación, fue el último llamado a sus funcionarios a obedecer el mandato empresarial. Aprobar Hidroaysen «sería bueno para el país», con lo cual ordenó y amenazó a todos los que tenían que votar.
Luego vino lo más patético, las conclusiones de la representante directa del Presidente Sebastián Piñera, la Intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, quién a minutos de terminada la votación, repitiendo frases aprendidas de memoria, comenzó a enumerar una por una las limosnas que entregarán la multinacional Endesa y la familia empresarial Matte a la comunidad de la Patagonia: rebaja en hasta el 50 % en el precio de la electricidad, becas para estudiantes, trabajo a obreros, y marketing para la región que harán las compañías. Eso es lo que llaman el «chorreo»
Pero luego nuevamente vinieron las amenazas, esta vez de la vocera de gobierno, Ena Von Baer, advirtiendo que hay que respetar la institucionalidad. Pero, esta institucionalidad se sustenta en un mercado monopólico de la generación y distribución de energía, de una abusiva propiedad del agua, de un parlamento antidemocrático y una cultura de funcionarios públicos sin memoria, ni compromiso con los intereses de las grandes mayorías.
Frente a esto, la masiva protesta social en las calles de casi todas las ciudades del país, abre camino para enfrentar estas injusticias. La institucionalidad hay que cuestionarla, cuestionarla en las calles, en las redes sociales, en las universidades y barrios. Pero esta institucionalidad tiene rostro, es éste y los anteriores gobiernos, son la mayoría de los parlamentarios, son los oscuros funcionarios públicos que ocupan y han ocupado cargos directivos en el Estado, y por supuesto, son las familias empresariales que dirigen aún este país.
La aprobación de Hidroaysen es otra evidencia de la falta de democracia y del robo de cuello y corbata que realiza un pequeño pero poderoso grupo de familias empresariales, políticos tradicionales, instituciones financieras y bancos y por supuesto el capital transnacional. Hidroaysen representa el robo que esta alianza está realizando a diario en los sistemas de salud, de educación, de pensiones, de energía, y de agua potable, entre otros rubros, pero también la destrucción de la naturaleza y la peligrosa forma masiva de exterminio de los recursos naturales. *****FIN*****
