Por: Eduardo Tarifeño
26 de mayo de 2011
En su discurso del 21 de mayo pasado, el Presidente anunció con gran énfasis en relación al gran debate nacional surgido después de la aprobación inicial del Proyecto HidroAysén (aún falta la resolución del Consejo de Ministros en materias ambientales), la implementación de un verdadero «Multicarrier eléctrico» único y bajo control estatal para que cada ciudadano decida «libremente» a qué compañía de distribución eléctrica comprar la energía que necesita en su casa. Este «multicarrier» (¿por qué no se le llama «transportador» en buen castellano?), sería usado por todas las generadoras de electricidad para distribuir la energía producida en cada una de sus plantas, independiente de la forma de generación (hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar).
Hasta aquí todo es muy democrático y permite la libre elección del usuario, de acuerdo a los cánones de la economía de libre mercado. Sin embargo, esta propuesta esconde una «trampa» que vale la pena desarmar.
Al proyecto de HidroAysén, con todo el cuestionamiento nacional e internacional que ha generado, le queda una dura batalla como es obtener los permisos ambientales para la construcción de las líneas de alta tensión que requiere para sacar su electricidad desde Aysén y llevarla hasta el centro y norte del país. Esta batalla aún no comienza y ya se sabe que será la «madre de todas las batallas» por la complejidad y costo que involucra conseguir los permisos sectoriales y privados para pasar las líneas de alta tensión por terrenos de bienes nacionales y privados.
Dado el actual escenario de la gran y masiva protesta cívica ante el “Ecocidio de HidroAysén” que ha sorprendido a todos los analistas del tema y que indudablemente le pasará la “cuenta política” al actual gobierno, el promover el llamado “transportador eléctrico” no es sino una hábil estrategia para evitarle a HidroAysén la batalla por obtener los permisos ambientales requeridos para la construcción del sistema de líneas de alta tensión.
Al implementarse el sistema de transporte propuesto, (¿con fondos estatales o privados? HidroAysén sólo tendría que conectarse a él, y no requeriría construir uno propio, y por lo tanto, se ahorraría los costos respectivos y la gestión (que podría durar años) para obtener los permisos ambientales.
Surge la pregunta entonces: ¿A quién beneficia la propuesta anunciada el 21 de mayo?
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Eduardo Tarifeño Silva
Expresidente Corporación WALLMAPU Pro-conservación y Recuperación de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, VIII Región del Biobío.
26 Mayo 2011
