Santiago de Chile, 16 de mayo de 2011. (Radio del Mar)– Amnistía Internacional y la Fedeación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) criticaron duramente al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno Jose Migule Insulza, por que este funcionario en una entrevista dada en Brasil a la BBC, le quitó gravedad a la violación a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y le restó valor vinculante a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las palabras de Insulza ocurren en el marco de la discusión internacional que ha generado la construcción de la represa Belo Monte en la amazonía, donde la CIDH instó al gobierno brasileño a suspender la construcción del proyecto hidroelectrico ya que se habrían generado divesas irregularidades y no se habría respetado el derecho de las comunidades indígenas. Frente a esto el gobierno de Dilma Rousseff decidió abandonar su lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de 2012 y suspenderá los 800.000 dólares de contribución anual para el organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos depende de la OEA y se esperaba que el Secretario General saliera en defensa de este organismo, pero sucedió todo lo contrario.
Así, la FIDH expuso su «profundo desacuerdo» con la postura de Insulza. «Sugerir, o dejar entender que las violaciones a estos derechos no tienen la misma importancia que la tortura y desapariciones forzadas equivale a menoscabar los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de los cuales los derechos humanos son indivisibles e interdependientes», dijo la FIDH.
«El Convenio 169 de la OIT, del cual Brasil es un Estado parte, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, también adoptada por Brasil, consagra el derecho a la consulta de las comunidades indígenas ante la aprobación de un proyecto que les afecte, la cual está sujeta a su consentimiento previo, libre e informado», agrega la FIDH.
Asimismo, la Declaración y Programa de Acción de Viena establece que “el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH en el caso de la construcción de la represa Belo Monte, instaban al Estado brasileño a suspender la construcción de la represa hasta que se realicen las consultas necesarias que se inscriben en el marco normativo internacional vigente en materia de los derechos de los pueblos indígenas.
La FIDH solicitó a José Miguel Insulza que «en su calidad de Secretario General de la OEA, defienda y garantice el pleno respeto de los derechos humanos, con miras a reiterar su compromiso con los principios democráticos que rigen la Carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos».
En tanto Amnistía Internacional exhortó «a todos los gobiernos de la región, y a los funcionarios nombrados por dichos gobiernos para servir en el sistema regional, a comprometerse públicamente a proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo, y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos».
En toda esta discusión diplomática resulta sumamente preocupante la tendencia de los Estados a poner el desarrollo económico por sobre las garantías fundamentales y a dar la prioridad a la implementación de megaproyectos sin medir los impactos que puedan tener estas iniciativas industriales para las comunidades locales. *****FIN*****
