Santiago/Temuco, 01 de junio de 2011. (Radio del Mar)– El Observatorio Ciudadano instó esta semana al gobierno a asumir las recomendaciones de los expertos internacionales en materia del derecho a consulta a los pueblos indígenas que obliga el Convenio 169. Esto en el contexto de una consulta que impuso el ejecutivo para lograr la opinión de las comunidades indígenas sobre reconocimiento constitucional, agencia de desarrollo, consejo político, mecanismos futuros de consultas y sobre evaluación ambiental. A pesar que durante dos meses se preguntará a las comunidades, el diseño de este documento de recopilación de información, no tuvo participación de éstas.
Según la ONG, «al emprender esta iniciativa de manera unilateral, sin consultar previamente, ni hacer participes a los pueblos indígenas del diseño, ni de los contenidos de la consulta, el Gobierno ha desatendido las recomendaciones sobre principios internacionales aplicables a estos procesos, que el Relator Especial de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, James Anaya, hiciera a Chile con ocasión de la consulta nacional sobre reconocimiento constitucional de 2009».
El Observatorio Ciudadano afirma que «el Relator Especial sobre pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, ha señalado la utilidad de llevar a cabo una «consulta sobre la consulta», para definir estos mecanismos de manera previa a la adopción de cualquier medida, además como una forma de crear confianza y fomentar el diálogo.
En el mismo sentido se pronunció la Comisión de Expertos de la OIT en 2008, al señalar que resulta “prioritario” que los gobiernos establezcan, con participación de los pueblos indígenas, mecanismos apropiados de consulta. El uso del vocablo prioritario se refiere tanto a la importancia como a la antelación de la definición de estos mecanismos antes que cualquier otra medida.
También se debe mencionar que tres de los temas en consulta –texto de reconocimiento constitucional, agencia de desarrollo indígena y consejo de pueblos indígenas– fueron tramitados por el Gobierno anterior como proyectos legislativos en el transcurso de 2009, y se encuentran actualmente en el Congreso. Al respecto, el gobierno desestima la interpretación del Relator Especial James Anaya, en cuanto a que las consultas deben ser desarrolladas en las fases previas a la tramitación parlamentaria de los proyectos.
Por las razones antes expuestas, el Observatorio Ciudadano si bien valora la intención de someter a consulta los proyectos mencionados, insta al gobierno a acoger adecuadamente las recomendaciones de los expertos internacionales en materia de consulta y a cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT.*****FIN*****