Por Lucio Cuenca Berger*
Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales
Publicado en Le Monde Diplomatique
21 de junio de 2011
Miles de personas se vuelcan a las calles para defender uno de los pocos trozos de Chile que aún no ha engullido el modelo de desarrollo extractivista adoptado durante la dictadura de Pinochet, profundizado luego durante los cuatro gobiernos de la Concertación, y más aún ahora cuando dirige el país el empresario Sebastián Piñera.
Para muchos analistas, la movilización obedece a los impactos de las redes sociales articuladas en internet y a las onerosas estrategias mediáticas impulsadas por Ongs, que desde mediados del 2000 se vienen oponiendo a la iniciativa. Ambos factores son herramientas significativas para volcar al espacio público a decenas de miles de personas exigiendo la protección de la Patagonia, pero sobre todo esta masividad en torno a un tema medioambiental obedece a la actitud decidida e invisibilizada de cientos de comunidades que durante años han defendido su tierra, agua, cultura, vida, frente a la oferta consumista que les ha impuesto el neoliberalismo.
Para que las masivas movilizaciones de mayo de 2011 fueran posibles, ha sido necesario que quienes viven conectados con su entorno se hayan atrevido a rechazar proyectos depredadores cuando el discurso oficial “políticamente correcto” decía que “hay que tener paciencia”, “hay que cuidar la democracia”, “hay que atraer inversiones para crecer”. Por otro lado, también fue necesario que los sucesivos bloques gobernantes acallaran o cooptaran todas las formas de vida que sus estrategias desarrollistas estaban asesinando.
La protección ambiental motivada por la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, se subordinó en Chile a prioridades económicas. La Concertación aylwinista, sin debate democrático, diseñó una institucionalidad ambiental que entregara certificación verde a las inversiones y por esa vía impusiera una política de garantizar las iniciativas privadas en desmedro del medio ambiente y de los derechos ciudadanos. Con esto, la prometida participación ciudadana en la gestión ambiental se transformó en uno de los factores de mayor frustración de las comunidades al constatar que la participación era decorativa y no vinculante.
Ya entonces surgen demandas como el cese de la tala de bosque nativo en el Valle de Quiquén con la comunidad pehuenche, la oposición al mega proyecto Terranova cercano a Valdivia, la expulsión de Forestal Golden Spring frente a la comunidad Huilliche de Chiloé, Pangue la primera represa del Bío-Bío, ante lo cual el gobierno respondió con ocultamiento, cooptación mediante operadores políticos, y estigmatización de las demandas en la mayoría de los caso.
Pero el descontento cundía y se hizo explícito en las elecciones de 1993 con la candidatura de Manfred Max Neef , que logró 387.371 votos y sentaron el precedente de un sentir ciudadano no escuchado.
Sin embargo, el 5,6 % de los votos no pudo competir con la votación del empresario concertacionista Eduardo Frei, quien no sólo no fortaleció la recién creada institucionalidad, sino que advirtió a los funcionarios públicos que su función no era rechazar proyectos sino mejorarlos y que tenían que hacerlo con celeridad. Fue en este marco que se dio la resistencia a Ralco, emblemática porque superó las desconfianzas y promovió el diálogo entre cosmovisiones que no estaban de acuerdo con el paradigma neoliberal, logrando por ejemplo que el movimiento indígena y la necesidad de proteger los derechos de la ñuke mapu o la pachamama comenzara a conectarse con la sensibilidad de sectores más urbanos relacionada a la inconsistencia del modelo, el agotamiento de recursos y la importancia de volver a una vida no centrada en la necesidad. Ralco, se constituyó además en el primer movimiento de alcance nacional e internacional. Estos dos aspectos fueron incorporados a los conflictos socio-ambientales posteriores.
Otro bullado caso de Frei fue la planta Valdivia de Celulosa Arauco, aprobada incluso antes de que se presentara el Estudio de Impacto Ambiental, pero las comunidades ya estaban aprendiendo, y la pequeña caleta de Mehuín en alianza con las comunidades mapuches impidieron que se hicieran los estudios para que el proyecto ingresara a la institucionalidad.
Siete años después el desastre de los cisnes en el río Cruces, víctimas de la basura química que Frei y Angellini querían arrojar al mar de Mehuín, hizo que Ricardo Lagos le regalara nuevamente la opción a Celco de “echarse al bolsillo” a las comunidades costeras que habían sostenido la lucha. El clan Angellini puso cientos de millones y logró dividir a la comunidad con el respaldo de las autoridades, pero hay un sector de la resistencia que se mantiene estoicamente hasta hoy, atravesando con su convicción por la vida, los cuatro gobiernos de la Concertación y dando a entender que lo que está en juego son valores, no precios.
¿Qué pasó con los votos de Max Neef en la elección presidencial siguiente? Los 31.319 (0,44%) votos obtenidos por Sara Larraín en 1999, fueron sumamente sugerentes, por un lado parecía un evidente retroceso político de la sensibilidad ecologista, pero por otro daba cuenta de que el desencanto no era contra un gobierno o un conglomerado político que había desilusionado las demandas populares, sino contra un sistema valórico que animaba la estructura social, política, religiosa y cultural.
El escuálido porcentaje del sector ecologista facilitó que la administración Lagos, apremiada por la crisis económica, cambiara su programa progresista por la agenda pro-crecimiento, profundizando nuevamente la opción empresarial y trasnacional. Así, Ralco obtuvo su último impulso, Pascua Lama se aprobó en dos oportunidades, se intensificó la criminalización del movimiento mapuche, los transgénicos fueron bienvenidos, etc.
Quizás esta absoluta insensibilidad con la participación social y de resistencia a proyectos, ayudó a que se generaran los movimientos socio-ambientales que marcaron un punto de inflexión en las manifestaciones ciudadanas: Pascua Lama y el caso cisnes. Antes, las respuestas tendían a ser locales, fragmentadas e invisibilizadas hasta la impotencia. Sin embargo, en estos dos casos se logró masividad a costa de la creatividad y la valoración de los recursos que estaban a la mano, se incorporó la calle y el espacio público como escenario de acción, se recurrió a las nuevas tecnologías para la difusión y la coordinación y se procuró trascender la caricatura mediática de “ecoterroristas”, “ignorantes”, “enemigos del desarrollo”, por medio de una opción decidida a socializar la información ocultada por autoridades y empresas.
El movimiento “Acción por los Cisnes” enfatizó un carácter ciudadano, regionalista y no ambientalista, esto último, como una manera de evitar la intervención de algunas Ongs que terminaban por apropiarse de la vocería de los conflictos en las regiones. La conducción local se articuló con organizaciones y estableció alianzas con colectivos a nivel nacional.
En el caso de Pascua Lama, la comunidad venía oponiéndose al proyecto minero desde el año 2001, pero es en el 2005, contemporáneo al caso cisnes, cuando el conflicto adquiere relevancia nacional e internacional, poniendo en el centro de la discusión los glaciares. Este proceso de resistencia se mantiene hasta hoy, pese a las múltiples maniobras de sucesivas autoridades y de la misma empresa por acallar y cooptar la disidencia. Uno de los factores que destacan en Pascua Lama es que se ha creado una cultura en torno a su desarrollo: la movilización pacífica y multicultural en los espacio públicos, el color, el arte, han acompañado el modo de socializar los alcances del primer proyecto binacional del planeta, y esto ha sido fuente inspiradora de otros procesos de resistencia socio-ambientales.
El gobierno de Bachelet, pese a la firma de acuerdos con sectores de Ongs ambientalistas, no fue distinto de los otros: ratificó la aprobación de Pascua Lama habiéndose comprometido a no permitir la destrucción de glaciares, desistió de su compromiso de legislar sobre la protección del ecosistema glaciar, creó una comisión y financió estudios para incorporar la energía nuclear en la política energética del país, apoyó el desarrollo de las represas en la Patagonia, no introdujo mejoras en la institucionalidad ambiental, pero paradojalmente no perdió el apoyo de las ONGs hoy alineadas con la economía verde y otros ajustes sistémicos.
Piñera claramente profundiza la gestión concertacionista: convenios de colaboración de energía nuclear con EEUU y Francia, aprobación del convenio Upov 91 que protege el registro de obtentor para plantas y semillas, culmina el proceso de privatización del mar a favor de los salmoneros, aprueba las termoeléctricas Castilla, Patache y Pacífico, la mina de Carbón en Isla Riesco… pero a la vez, se da el lujo de desconocer los dictámenes de la institucionalidad ambiental y revierte la aprobación de Barrancones para salvar Punta de Choros. Piñera, opera más con una lógica de patrón de fundo que de estratega del extractivismo.
Sin embargo, pese a todo esto que pasa por “arriba”, salen hoy 70 mil personas a la calle para defender el agua y la Patagonia, y es que todo parece indicar que el proceso de toma de conciencia y de revalorización de la defensa de la vida y el medio ambiente es creciente y no tiene retorno.
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*Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA (www.olca.cl)
