Por Albert Arias
28 de junio de 2011
En el tema de la próxima ley de pesca y de la propuesta del Gobierno de licitar hasta un 50% de la cuota, hemos visto que el sector laboral ligado a las empresas que conforman la Sociedad Nacional de Pesca, (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava región (Asipes), se han declarado en contra de la iniciativa porque “pondría en riesgo su fuente laboral” y porque “terceros países podrían quedarse con los recursos pesqueros del país”.
Ambas aseveraciones están erradas, porque terceros países no pueden pescar en aguas nacionales y porque, licitadas o entregadas por historia, el nivel de empleo no depende de quienes sean dueños de las cuotas.
Durante más de una década las cuotas de pesca de los principales recursos pesqueros del país fueron entregados a un pequeño grupo de industriales, quienes se las arreglaron para que los parámetros de asignación les favorecieran.
Eso es lo que hoy, en la discusión contingente, llaman “historia” y fue lo que obligó a los operadores medianos y pequeños dejar el negocio por lo precario de sus asignaciones. La ley que hizo esa asignación posible, la de Límite Máximo de Capturas por Armador (LMCA), vence el 2012 por lo que el nuevo proyecto de ley debería estar en el Congreso durante los próximos meses.
Sobre el supuesto temor del sector laboral por la transnacionalización de los recursos pesqueros chilenos, si se licita, hay que ser claros: quien pesque, sin importar como se asignen las cuotas, debe cumplir con la ley de navegación, por lo que los buques deben tener bandera Chilena, es decir, de propiedad de chilenos.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué quienes tienen las cuotas ahora no las han vendido al mejor postor?
Las respuestas podrían ser dos. Primero, el mejor valor lo podrían lograr si se les regalan las cuotas a perpetuidad. Hoy en día les quedan menos de dos años de la actual asignación por lo que su valor sería muy bajo, comparado con una aviso que diga: “se venden cuotas perpetuas todos los recursos pesqueros de Chile ¡Llame ya!”, donde el valor de las cuotas sería pagado al empresariado y no al Estado.
Segundo, al examinar el tema a la luz de lo que dice el Dr. Enrique Golfarb “Estamos ante un caso donde el costo de no vender el derecho es un “costo de oportunidad”, que no duele mayormente y que puede petrificar el acceso al mercado para siempre” y si a esto le sumamos que, como ocurrió en Islandia, podrían venderse entre ellos pequeños montos de cuota a valores altísimos, aumentando el valor de su patrimonio en cuotas por secretaría, el quedarse con las cuotas y continuar bloqueando el acceso a terceros , puede ser un muy buen negocio. Aunque no para el resto de los chilenos, por cierto.
En nuestro país, uno de los principales efectos de la ley de LMCA fue la brutal concentración que afectó fuertemente el empleo y no sólo de la disponibilidad de éste, sino también de la calidad del mismo.
Con tanta mano de obra calificada cesante aumentó la oferta y la concentración disminuyó la demanda, es decir, bajó el valor de los trabajadores del sector, especialmente de flota.
Hoy en día, los que quedan dentro del sistema están muy temerosos de perder sus puestos de trabajo, pero no es por la posibilidad de licitación, sino porque si no dicen lo que los jefes les ordenan decir, pueden ser despedidos.
Es por eso que hoy tenemos organizaciones laborales que están en contra de abrir el acceso a las cuotas de pesca mediante una licitación transparente, debido a que los jefes los usan como escudos para obtener la exclusividad de las cuotas a perpetuidad, luego de lo cual podrán hacer los que quieran con los recursos pesqueros del Estado ¡perdón!, de ellos.
Lo peor de todo es que bajo este modelo, el empleo puede disminuir aun más, si eso es rentable, como hemos visto que hicieron con la excusa del terremoto. (Debemos recordar que con la misma excusa en marzo del año pasado estos mismos industriales pesqueros decían que la única forma de recuperarse, era que les regalaran las cuotas a perpetuidad.)
Si analizamos seriamente el tema, vemos que la preocupación de las organizaciones laborales debería estar enfocada en mejorar el empleo -lo que está relacionado con la cantidad de cuota global disponible- la innovación y la competencia, independientemente de quién es dueño de la cuota de pesca o de la fábrica que lo procesa.
La licitación de cuotas de pesca, justamente, apunta a la competencia e innovación, es decir que quienes sean capaces de desarrollar nuevos productos y por lo tanto, valoren más los recursos pesqueros del país, puedan acceder a ellos y crear actividad económica, lo que se traduce en lo que debería ser el principal interés de los trabajadores: empleo.
