Por Albert Arias
13 de julio de 2011
En la columna anterior “Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores” me comprometí a explicar las causas del mal estado de conservación de los recursos pesqueros de Chile.
El origen del problema radica en la institucionalidad regulatoria de la actividad, que ha permitido la injerencia de los intereses particulares y políticos, en la administración pesquera en detrimento de la conservación de los recursos.
Teóricamente, en Chile los recursos pesqueros son administrados mediante un sistema de cuotas globales por pesquería, las cuales, en general, son divididas en tres segmentos: sector industrial, sector artesanal, e investigación.
La idea de un sistema de cuotas, es que estas autorizan extraer del mar sólo lo que “se puede” para preservar una cantidad suficiente de peces y así proteger su capacidad de reproducción, lo que permitiría seguir teniendo pesca para generaciones futuras. Esto se llama explotación sustentable.
Lamentablemente, durante toda la década pasada, las cuotas de las más importantes pesquerías del país fueron establecidas, por la autoridad regulatoria, a niveles muy superiores a lo sustentable, lo que llevo a la sobreexplotación de los recursos. Esta no es una afirmación caprichosa, sino lo afirmado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el año 2010, sobre la base de la evidencia existente.
¿Por qué se han establecido cuotas globales que no son sustentables? La determinación de la cuota tiene varios pasos. Primero, el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP (CORFO) es contratado por la Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA), para determinar cuál es la captura total permisible (CTP), es decir, cuántos peces se pueden extraer del mar sin afectar su sustentabilidad.
Luego que el IFOP entrega el informe a la Subpesca, esta elabora el “Informe Técnico”, el cual recoge lo informado por el IFOP y lo cocina con aderezos de contingencia política, necesidades de los usuarios, demandas sociales, etc.
Parte de este proceso es la participación, en los Comités Técnicos, de los institutos de investigación del sector industrial para que opinen sobre el estado de los recursos y cuál debería ser la cuota. Como resultado de lo anterior, la cuota en el informe técnico de la Subpesca ha sido, la mayoría de las veces, distinta a la propuesta por los científicos. A estas alturas el lector ya se imagina que la cuota siempre es más, mucho más, y nunca es menos.
Este es el informe técnico que va al Consejo Nacional de Pesca, CNP, para la determinación final de la cuota global de pesca. El CNP, estando bajo el control de los beneficiados, generalmente aprueba una cuota mayor a la recomendada. ¡Si, el lector leyó bien! los mismos que las pescan controlan el organismo que determina finalmente el monto de las cuotas.
Como resultado de lo anterior, tenemos casos como el jurel y la merluza común -o pescada- que han sido sobreexplotados porque las cuotas entregadas han estado hasta más de un 100% sobre lo recomendado para su sustentabilidad.
Conocidas son las excusas que hablan de las flotas extranjeras pescándolo todo y la voracidad de las jibias, pero la verdad es otra.
Si uno analiza los datos de la Organización Regional de Manejo Pesquero del Pacifico Sur, ORPS, (http://www.southpacificrfmo.org) queda claro que terceros países han pescado en promedio solo un 26% de lo que se ha pescado en total de jurel, el resto han sido todas capturas chilenas.
El caso de la merluza común no es muy distinto, para mantener una pesquería sustentable debieron entregar cuotas del orden del 50% de las que han estado entregando, claro que en este caso la excusa es que se las comieron las jibias, por eso no hay pescada.
Hasta lo que se sabe en este momento, la propuesta del Gobierno en esta materia es implementar un Instituto de Investigación Pesquera del Estado, independiente de presiones políticas y con presupuesto asegurado.
Además, está proponiendo terminar con el poder resolutivo del CNP y dejarlo sólo consultivo, lo que parece muy lógico, sobre todo al evidenciar que quienes reciben las cuotas son los mismos que las fijan. Adicionalmente, el Gobierno no debiera permitir que los institutos de investigación de la industria participen en la determinación de la cuota, porque obviamente ellos responden a la mano que les da de comer y no al bien común.
Es inmedible todo lo que ha perdido el país permitiendo que los recursos pesqueros sean administrados por los mismos que los explotan.
Parece inaudito que el CNP, totalmente ajeno al daño que le han hecho al país, la semana recién pasada enviaran una carta al presidente Piñera solicitándole que les mantenga sus facultades porque lo han hecho muy bien y han dado estabilidad al sector.
Es de esperar que los cambios a la próxima Ley de Pesca permitan realmente tener una institucionalidad que apunte a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, porque eso se traduce en una actividad económica estable y empleos permanentes en el tiempo.
