Valparaiso, 04 de julio de 2011. (Radio del Mar)– La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordó oficiar al Gobierno de Sebastian Piñera que ordene la paralización del proceso de consulta indígena que busca apoyo para reformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, validar el sistema de Evaluación Ambiental y reconocer a medias la existencia de los Pueblos indígenas.
La decisión de los parlamentarios fue una respuesta a la exposición de autoridades tradicionales, organizaciones y comunidades mapuche que visitaron el parlamento chileno el pasado 15 de junio, cuando dieron a conocer las conclusiones del «Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas» realizado en mayo en el sur del país.
En las Conclusiones de este encuentro se afirma que la «gran consulta nacional» es un proceso convocado arbitrariamente, en que fue impuesta una agenda funcional al gobierno, con un orden de temas, plazos y procedimientos inadecuados, y aplicando en los hechos el Decreto 124.
Según el Centro de Políticas Públicas «dicha ‘consulta’ no contempla instancias válidas de diálogo ni acuerdos vinculantes. Es un proceso carente de buena fe, viciado en su origen y fin, tal como lo prueban las declaraciones de autoridades que han señalado que el Gobierno no cambiará sus planes tras la denominada ‘gran consulta’. En suma, se incumplen requisitos esenciales de validez de una consulta de acuerdo a las normas obligatorias para el Estado».
ACUERDOS DE LA COMISION
Los parlamentarios, tras dialogar con la delegación indígena, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
– Oficiar a S.E. el Presidente de la República, a fin de que ordene la paralización del proceso de consulta indígena que se está llevando a cabo, por parte del Ministerio de Planificación Nacional.
– Oficiar al Ministerio de Planificación, solicitando la derogación del Decreto 124/2009 MIDEPLAN, sobre consulta indígena.
– Realizar una jornada temática sobre consulta indígena, con una amplia convocatoria a los organismos públicos nacionales e internacionales involucrados y a las comunidades indígenas del país.
