Por Marcelo Mella
10 de julio de 2011
Para ser responsables frente a la acumulación de fuerzas sociales movilizadas a favor de un cambio en la Educación Superior, habría que constatar la existencia de cierta discontinuidad entre el “momento social” y el “momento político” de la crisis. Esto significa que los objetivos, estrategias, estructuras y mecanismos para generar impacto son diferentes en la coyuntura donde el desafío principal consiste en ganar un lugar en la agenda (mediante la acción colectiva) y en la coyuntura en la que se cristalizan las políticas que dan respuesta al momento crítico.
Lo anterior significa que bajo la presión generada por la escalada del conflicto, el crecimiento de las movilizaciones y el profundo impacto del tema en la opinión pública, tanto la CONFECH como el CRUCHverán reducir sus alternativas de negociación. Ambos actores entienden hoy, mejor que nunca, que concertar un acuerdo elitista, gestionar soluciones guiadas por el “control de daños”, o la conquista de beneficios temporales constituyen salidas con altos costos en la “negociación vertical” con sus comunidades de referencia. Ya no es presentable ni aceptable cualquier acuerdo.
Para la CONFECH, concretamente, implica la necesidad de superar el marco de la propuesta de Lavín, rechazada por los Rectores el pasado miércoles, para instalar compromisos políticos para impulsar reformas “estructurales”. Estas “reformas estructurales” deben ser entendidas, necesariamente, como cambios en el rol del Estado frente a la Educación Superior. Nada más y nada menos. De no ser así, las decisiones de esta orgánica estudiantil precipitará una rápida caída en la confianza pública en esta generación de dirigentes y un “debut y despedida” del PC como estructura de intermediación para este conflicto.
Por su parte, los Rectores reunidos en el CRUCH, presionados por el riesgoso escenario del desplazamiento del conflicto al interior de sus Universidades, deberán encontrar una distancia prudente de Lavín como para no ser etiquetados de “colaboracionistas”, con el consiguiente daño de sus atributos de liderazgo institucional. Probablemente, los Rectores del CRUCH, cotidianamente enfrentados a problemas financieros crónicos y en mayor o menor medida amenazados por “oligarquías académicas” al interior de sus instituciones, tampoco han podido desarrollar propuestas de cambio profundo para la educación terciaria en estos últimos veinte años. La peor estrategia de los Rectores sería acotar el conflicto a un asunto estrictamente financiero o de gestión. Sabemos que muchas veces la gestión es la muerte de la política y el asistencialismo es antagónico con los cambios profundos y los procesos transformativos de largo plazo.
La Coalición por el Cambio y la Concertación en la actualidad aparecen como marcas desprestigiadas frente a la opinión pública con niveles de rechazo históricos (Según ADIMARK en el mes de mayo la Coalición por el Cambio tenía un rechazo del 57% y la Concertación alcanzaba un 65%). Por el lado de la Derecha, el Gobierno ha demostrado su incompetencia política siendo incapaz de adecuar su discurso a la coyuntura y con una Coalición de apoyo que dialoga a través de los medios y que difícilmente existe como expresión parlamentaria. No encontrar una salida a esta crisis podría llevar a la Coalición por el Cambio a perder un presidenciable y afectar decisivamente su desempeño en las próximas municipales. La Concertacióndesprovista de relato, con baja autocrítica y con un oportunismo ineficaz, carece hoy de capacidad de interlocución con el mundo social. Este sector político acostumbrado por veinte años a defender el status quo en políticas públicas, no alcanza a ver la forma de constituirse como oposición a Piñera y la manera de generar cambios en la dirección que el país demanda.
Sin duda, esta reducción de alternativas de decisión ha sido conquistada, en buena parte, por aquellos estudiantes que han participado en las movilizaciones desde un inicio en la perspectiva de aumentar el control social sobre la actuación del Gobierno, los Partidos, Rectores y Dirigentes Estudiantiles. Pero nada garantiza que aunque la movilización se mantenga o continúe en escalada, la respuesta política esté a la altura. El país podrá percibir fácilmente la brecha existente entre los objetivos políticos del movimiento de los pingüinos durante la administración Bachelet, la composición y el modus operandi de la Comisión para la Calidad de la Educación (Con amplio predominio de tecnócratas y expertos defensores del status quo en política educacional) y la LGE. Por esta razón, es momento de pensar en los escenarios políticos y los contenidos mínimos de una posible hoja de ruta, ya sea en el espacio de las mesas de trabajo en el Ejecutivo o, lo que parece más probable a estas alturas, el envío directo de proyectos de Ley al Congreso por parte de un Gobierno carente de estrategias y programa para salir “por arriba” de esta crisis.
El desafío del “momento político” (que por cierto y en buena hora, también es un momento ideológico), requiere pensar en nuevas formas de agregación de preferencias, nuevas agendas y horizontes de tiempo para hacer posible las reformas. Ni la Asamblea Constituyente ni la salida plebiscitaria da cuenta de la complejidad de elaborar políticas bajo las demandas existentes. Los dirigentes estudiantiles debieran evitar los “cantos de sirena” racionalizando las demandas y por sobre todo, superando la fragmentación interna del movimiento, lo que debiera considerar compartir espacios institucionales para la negociación y para la formulación de las políticas de reforma con los llamados “sectores radicales”.
En términos metodológicos y políticos, creo que la discusión para una reforma estructural de la Educación Superior debiera suponer como mínimo, las siguientes tres dimensiones:
1) Calidad y Excelencia: particularmente, el acuerdo con el Gobierno debe explicitar el compromiso de los actores para situar el debate de la calidad como un aspecto central de la reforma. En este plano, resulta indispensable la creación de la Superintendencia de Educación Superior y un estricto marco regulatorio de los conflictos de interés para las Agencias Acreditadoras.
2) Recursos y equidad: el acuerdo debe contener un compromiso gubernamental, gradual pero sostenido, para el aumento del aporte estatal en educación terciaria, considerando como referencias los promediosOECD. Según este criterio, los países de la OECD destinan en promedio 1,27% del PIB, mientras Chile solo alcanza al 0,52%. Además, debieran considerar Gobierno, Rectores y Estudiantes que la entrega de recursos del Estado a las Universidades exclusivamente a través de mecanismos competitivos podría ser un factor de fragmentación indeseable en el sistema. Este punto afecta las posibilidades de salir del asistencialismo para algunas Universidades regionales. Se debiera explorar formulas mixtas y provistas de cierto equilibrio entre mecanismos competitivos y cooperativos para entrega de recursos públicos.
3) Gobernabilidad: finalmente, pareciera ser poco sustentable la creencia de que las Universidades, públicas y privadas, pueden tener un mejor desempeño institucional si no existe una Ley Marco de Universidades que imponga estándares mínimos y genere estructuras para un mejor gobierno institucional. Tiendo a pensar que autoridades universitarias subordinadas al Gobierno o capturadas por grupos de presión institucionales contribuyen a una administración poco eficiente o irracional. La decisión de generar condiciones para que las Universidades Estatales puedan endeudarse a largo plazo, si se dejan intactas las estructuras de gobierno Universitario, podría resultar perversa. Hay que tener presente que en varios casos los estatutos que definen las estructuras institucionales de las Universidades provienen de la década de 1980 y con una fuerte tendencia a la concentración del poder en torno a autoridades unipersonales.
Por tanto, la principal dificultad política del conflicto por la Educación Superior está dada por lograr zanjar coyunturalmente la crisis, sin poder identificar el horizonte del problema, esto es: la pérdida de función social y política de las Universidades. Francois Dubet señala que la crisis de la Educación Universitaria se relaciona con el deterioro de lo que él llama “programa institucional”.v, la suplantación de la labor formativa fundada sobre valores públicos por una orientación a la gestión académica, la sustitución del propósito emancipador por una orientación profesionalizante. Sin duda, estos serán los estándares que, en el largo plazo, permitirán evaluar la calidad de la solución construida a partir de esta coyuntura.
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Por Marcelo Mella, Cientista Político y Coordinador de la Licenciatura en Estudios Internacionales del Departamento de Historia de la USACH .
