Por: Amy Goodman
29 de julio de 2011
«Cada guerra que los estadounidenses libraron o podrían librar en el futuro fuera de sus límites continentales, fue o será un latrocinio. Un mezquino, cruel y asqueroso latrocinio.» Así decía en 1935 el Mayor Smedley Butler. Esta afirmación, «la guerra es un latrocinio», que es además el título de su breve libro sobre el negocio de la guerra, suena igual de cierta hoy en día. Recientemente, una valiente empleada civil del ejército ganó una batalla para hacer que los que lucran con la guerra sean responsabilizados por sus actos. Su nombre es Bunnatine «Bunny» Greenhouse. Cuando su empleador, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, concedió, sin llamado a licitación, un contrato de siete mil millones de dólares a la filial de Halliburton Kellogg, Brown and Root, más conocida como KBR, poco antes de que Estados Unidos invadiera Irak, Bunny hizo la denuncia. Era parte de su trabajo: intentaba garantizar que procedimientos de licitación competitivos ahorraran dinero al gobierno de Estados Unidos. Por hacer su trabajo fue obligada a abandonar su cargo, fue degradada y hostigada.
Esta semana, luego de librar una batalla legal de más de media década, Bunny Greenhouse finalmente ganó. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Greenhouse por novecientos setenta mil dólares, que incluye restitución completa por lucro cesante, compensación por daños y perjuicios y costas legales.
Su «falta» fue objetar un contrato otorgado sin previa licitación a KBR por siete mil millones de dólares. La invasión a Irak de 2003 estaba prevista para algunas semanas después, y los asesores militares de Bush habían pronosticado que Saddam Hussein haría explotar los yacimientos petrolíferos como sucedió en ocasión de la invasión estadounidense de 1991. El proyecto se denominó «Restablecer el Petróleo Iraquí» o RIO, por sus siglas en inglés, y fue creado para extinguir el fuego en los yacimientos petrolíferos. KBR pertenecía en ese momento a Halliburton, cuyo presidente hasta el año 2000 había sido nada menos que el entonces Vicepresidente Dick Cheney. KBR fue la única compañía a quien se invitó a ofertar.
Bunny Greenhouse dijo a sus superiores que el procedimiento era ilegal. La ignoraron. Greenhouse dice que la decisión de otorgar el contrato a KBR provino de la Oficina del Secretario de Defensa, dirigida por el buen amigo del Vicepresidente Cheney, Donald Rumsfeld.
Como dijo Bunny Greenhouse a un comité del Congreso: «Podría afirmar sin equivocación que la corrupción vinculada a los contratos otorgados a KBR representa el más descarado y deshonesto uso indebido de contratos que he visto durante el transcurso de mi carrera profesional.»
Los yacimientos petrolíferos no ardieron en llamas. No obstante, se autorizó a KBR a rediseñar su contrato no licitado de siete mil millones de dólares a fin de proveer combustible y otro tipo de apoyo logístico a las fuerzas de ocupación. El contrato fue categorizado como un «contrato de costos reembolsables», lo que significa que KBR no estaba en condiciones de proveer los servicios a un precio fijo y establecido. En su lugar, cobraría los costos más un porcentaje fijo como ganancia. Cuantos más costos incluyera KBR, más ganancias obtendría.
Como jefa de la oficina de compras, la firma de Greenhouse debía figurar en todos los contratos por montos superiores a diez millones de dólares. Poco después de denunciar el atroz contrato RIO, Greenhouse fue rebajada de rango, se le quitó el acceso a información clasificada de máximo secreto y comenzó a obtener las calificaciones de desempeño más bajas. Antes de hacer la denuncia, había recibido siempre las calificaciones más altas. Finalmente, renunció a su puesto al verse enfrentada a un insoportablemente hostil ambiente de trabajo.
Luego de años de litigio, su abogado, Michael Kohn, presidente del Centro Nacional de Informantes, logró que el caso llegara a un acuerdo. Kohn declaró: «Bunny Greenhouse arriesgó su puesto de trabajo y su carrera cuando objetó el enorme desperdicio de dólares de los contribuyentes federales y las prácticas de contratación ilícitas que tenían lugar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tuvo la valentía de ponerse de pie y desafiar a poderosos intereses especiales. Dejó al descubierto un ambiente de contrataciones corrupto en el que las prácticas informales y entre amigos eran la norma en lo que refiere a la aprobación de contratos. Su valentía llevó a que se hicieran modificaciones legales que detendrán para siempre los groseros abusos de poder que ella tuvo el coraje de exponer.»
Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nacional de Informantes, Stephen Kohn (hermano de Michael Kohn) me dijo: «Los empleados federales que denuncian prácticas ilegales la pasan muy mal. Por lo que cada vez que el gobierno se ve obligado a pagar daños y perjuicios por remuneraciones adeudadas, compensación por daños y costas legales, es una gran victoria. Espero que esto constituya un punto de inflexión. El caso fue muy peleado y nunca se debería haber tenido que presentar una demanda ya que Bunny hizo lo correcto.»
Según el economista ganador del Premio Nobel Joe Stiglitz, los costos de las guerras en Irak y Afganistán superarán los cinco mil millones de dólares. Con costos así, ¿por qué la guerra no se encuentra en el centro del debate sobre la deuda nacional?
El dos veces ganador de la Medalla de Honor del Congreso Mayor Smedley Butler tenía razón hace setenta y cinco años cuando dijo sobre la guerra: «Probablemente, es la estafa más vieja, de lejos, la que deja más ganancia y seguramente, la más despiadada. Es la única cuyas ganancias se cuentan en dólares y sus pérdidas en vidas y que se lleva a cabo para beneficio de unos pocos, a expensas de muchos.»
Mientras el Presidente Obama y el Congreso argumentan que la Salud Pública y la Seguridad Social son los dos factores que desestabilizan el presupuesto, el pueblo debería exigirles a ellos que dejen de solventar la guerra.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
