Por: Alejandro Navarro Brain
Senador
05 de julio de 2011
Aunque las informaciones sobre la movilización de los estudiantes secundarios y universitarios presentan el tema como si sólo fuera una situación surgida de una crónica escasez de recursos en el tiempo presente, cuya demanda se expresa en las calles con marchas, pancartas, represión policial, daños a la propiedad y una supuesta falta de interés en dialogar y sobre todo de estudiar, la verdad es que se trata de un conflicto que de manera expresa o latente existe en nuestra sociedad desde hace décadas, y no sólo estamos hablando de la LOCE dictada en las postrimerías de la dictadura, sino especialmente del conjunto de normas impuestas entre enero y abril de 1981 a través de los DFL 1, 2, 4, 5 y 24 que fijaban nuevas políticas sobre universidades, su reestructuración y financiamiento, así como sobre institutos profesionales y centros de formación técnica.
Quienes estudiaron en la educación superior durante la década de los 80 saben y recuerdan que la exigencia levantada una y otra vez no fue sólo la del necesario aumento del entonces crédito fiscal y otros beneficios, sino sobre todo la de derogar las normas elaboradas por el denominado grupo de “Los Tucanes” y que fueron publicadas con las firmas de Augusto Pinochet, Sergio de Castro, Alfredo Prieto, Mónica Madariaga y Miguel Kast, y cuyos ejes centrales: autofinanciamiento, prestación externa de servicios y recuperación del crédito fiscal entregado, se mantienen vigentes hasta hoy, porque más que algunos de ellos hayan cambiado de nombre o de apellido.
Todas estas medidas fueron reforzadas y blindadas con la dictación de la LOCE el 10 de marzo de 1990, aprobada por la Junta Militar que hasta entonces suplantaba burdamente al Poder Legislativo. De hecho, pese a la anuncidada derogación de la LOCE con la promulgación de la LGE surgida del acuerdo de las manos tomadas, las normas referidas a la educación superior de la LOCE siguen vigentes hasta el día de hoy se requiere más estado y menos mercado.
Pareciera que tras 40 años de aceptar y tolerar una normativa hecha a la medida de la dictadura y sus intereses y proyecciones individuales y colectivas ha llegado inevitablemente el tiempo de asumir, finalmente, que ya es tiempo de hacer verdaderos cambios, cambios de fondo. Los cientos de miles de estudiantes universitarios que marchan por las calles de Chile, apoyados por sus profesores y sus endeudadas familias no sólo están ahí para reclamar algunos millones más para que el presupuesto de cada plantel y así salvar un año más con algunos pocos beneficios adicionales.
Al parecer ellos ya han entendido muy claramente que las migajas de un sistema que ha lucrado con la educación de generaciones ya no alcanzan para seguir parchándolo. El tema de fondo no es la asistencia a clases ni unas pocas lucas más para becas o condiciones más flexibles para endeudarse, el tema de fondo es definitivamente estructural. Se necesita otro sitema educactivo, uno que esté acorde, incluso con la condición de país miembro de la OCDE y que desde hace mucho anuncia una llegada al mundo desarrollado que finalmente nunca llega.
Lo mismo ocurre en la educación secundaria y básica. El tema ya no es más fierro y cemento para mejorar las infrestructuras, ni más computadores. El tema es la dignificación de la profesión docente, la existencia de una educación pública verdadera, cuyo objetivo central sea la formación de los ciudadanos del Chile del mañana y no el pago de la subvención por asistencia.
Porque para que la educación pública vuelva a ser el referente social que siempre fue no se requieren sólo más millones en el presupuesto. Se necesita dar cuentas de las diversidades que muchos se niegan a aceptar: una diversidad que de cuenta de los contextos regionales y culturales, porque no es lo mismo ir a la escuela en Putre, que en Santiago o Porvenir.
Se requiere, por cierto, terminar de una vez por todas con una municipalización, que aunque pueda ser una fuente de financiamiento a la que algunos alcaldes no quieren renunciar, está absolutamente fracasada. Los municipios por su rol y su múltiples funciones no pueden seguir cumpliendo además con un papel de sostenedores que en algunos casos ni siquiera se puede cumplir por los crecientes déficits que se van acumulando.
Lo curioso es que este diagnóstico es compartido por muchos, pero a la hora de adoptar las medidas que permitan superar esta pesada herencia dictatorial, la voluntad política expresada por los que gobernaron ayer y los que gobiernan hoy no alcanza para hacer los cambios.
No podemos seguir en la lógica de que es mejor una mala ley que no tenerla. En educación, por eso, estamos llenos de malas leyes que cada cierto tiempo deben ser recauchadas. Sólo puede haber consenso para cambiar, no para mantener un statu quo que ya no resiste, la revolución pingüina buscaba el cambio pero fue traicionada, ello no puede volver a ocurrir.
Las manifestaciones y movilizaciones masivas que la ciudadanía ha protagonizado particularmente este año por la educación pública y contra Hidroaysén, no sólo muestran su capacidad de articulación al margen de los partidos, sino una demanda de fondo mucho mayor que al parecer muchos de los que las analizan no logran o no quieren ver: la falta de democracia, surgida también de las políticas de acuerdos y consensos que se han patentado desde 1990 y que la mayoría de las veces construyen acuerdos, como el de las manitos alzadas en la moneda, que están muy lejos de los verdaderos intereses de la gente.
No es posible que en pleno siglo XXI los ciudadanos deban “pedir permiso” para reunirse o marchar por las calles, cuando en los países civilizados esa es una garantía que, en el peor de los casos, sólo requiere de un aviso a la autoridad. No es posible que sobre temas de interés nacional la gente no sea consultada, porque pese a múltiples reformas cosméticas, seguimos estando sometidos a la Constitución de Pinochet que sus herederos defienden con dientes y muelas. Una Constitución donde la propiedad es más importante que la vida, que no reconoce a sus pueblos originarios y que mantiene a sus regiones supeditadas a un centralismo que ya no se resiste.
Necesitamos una nueva democracia para alcanzar una nueva y mejor educación, para los nuevos ciudadanos de un nuevo siglo que avanza con rapidez.
Necesitamos esa educación pública que reconocemos en los libros de historia, donde conceptos como justicia, igualdad, integración sean los rectores. Una educación que no esté llena de semáforos y mediciones excesivas que sólo buscan instalar una lógica estandarizadora y discriminatoria que sólo favorece a la educación particular, pagada o subvencionada.
Necesitamos una educación superior donde los padres apenas terminan de pagar sus propias deudas de crédito deben asumir las de sus hijos. No queremos que las familias sean rehenes del sistema financiero por 40 o más años. El Estado debe, sí o sí, meterse la mano al bolsillo, para financiar una educación superior pública accesible, democrática, meritocrática y no excluyente y no seguir aplicando las actuales lógicas mercantilistas que han terminado por hacer competir en una desigualdad abismanete a las entidades públicas con las instituciones privadas que han hecho de la educación superior un negocio de la mayor rentabilidad.
La propia OCDE en su informe sobre Chile sostuvo que “la educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado1.
Necesitamos una nueva constitución ahora, que acabe con la monarquía presidencial, tan propia de la dictadura.
Este es el momento de ruptura con una carga que la sociedad chilena ya está cansada, y con toda razón, de tener que soportar. Existen los medios y las condiciones para ello.
De no avanzar, de imponerse algún acuerdo parcial que sólo termine salvando la opción presidencial del actual ministro de educación, la ciudadanía expresará su frustración y decepción en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales o con un reventón social de insospechadas consecuencias
Lo que hoy vive Chile, es más que mayo del 68, allí había 3 tercios de chilenos divididos, hoy hay un 65% de los chilenos que sale a las calles sin barreras ideológicas. El que no sepa leer esta realidad esta destinado a perder, desaparecer o perecer (morir). Ese es el drama de la concertación y de la derecha.
Es tiempo de que aquellos actores sociales y políticos relevantes asuman que la política es bastante más que encuestas y elecciones. Que la ciudadanía tiene sus propias expectativas y que hoy está demandando dar los pasos que se necesitan sin sacar cuentas, ni blindar pasados.
Seamos realistas. Pidamos lo posible.
