Temuco, 07 de julio de 2011. (Radio del Mar)– La delegación de la Unión Europea en Chile reconoció que el bloque comunitario está financiando con más de 500 mil euros la irregular y cuestionada consulta a los pueblos indígenas que desarrolla el gobierno de Sebastián Piñera y en la que las comunidades se han restado de participar y los diputados han exigido paralizar este proceso y derogar el decreto que lo permite.
La aclaración la realizó el departamento de comunicaciones de la UE en Chile que escribió al portal Mapuexpress que el «Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile – del cual la consulta indígena es sólo uno de 8 proyectos en total – el que cuenta con un financiamiento de 20,5 millones de euros. El aporte europeo en el caso específico de la consulta indígena suma un total de 508.900 euros».
Ante esto, las comunidades y organizaciones que están rechazando la forma que ha tenido el gobierno para validar cambios institucionales en políticas indígenas, rechazaron este financiamiento que atenta contra la libre determinación de los pueblos y estaría violando el Convenio 169 de la OIT. Esto porque el artículo 6 y 7 de este Convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas, pero en el procedimiento y la elaboración de las consultas debe existir participación de las comunidades indígenas cuestión que no se está cumpliendo.
Mapuexpress calificó esta consulta como «ilegal, fraudulenta, de mala fe y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos».
En tanto la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que oficiará al gobierno para detener esta consulta que busca apoyo para reformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, validar el sistema de Evaluación Ambiental y reconocer a medias la existencia de los Pueblos indígenas.
Los parlamentarios adoptaron por unanimidad además oficiar al Ministerio de Planificación, solicitando la derogación del Decreto 124/2009 MIDEPLAN, sobre consulta indígena y realizar una jornada temática sobre consulta indígena, con una amplia convocatoria a los organismos públicos nacionales e internacionales y las comunidades indígenas del país.
Además las organizaciones Wallmapuwen y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos entregaron a la delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos los antecedentes para que consideren realizar consultas al Parlamento europeo ante la responsabilidad que le compete y en su rol de fiscalizador, respecto a este financiamiento al irregular proceso de consulta.*****FIN*****
