Tomado del libro Las aguas indígenas en Chile.
Editorial LOM, 2011.
Para el capitalismo moderno, los recursos naturales y el conocimiento indígena son bienes de consumo de alta rentabilidad. Cerca del 90% de la diversidad biológica que subsiste en el planeta se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América del Sur (Souza Santos, 1995). Además, se calcula que el 80% de la población mundial depende de conocimientos indígenas para satisfacer sus necesidades médicas, lo que ha generado también un incipiente mercado de productos medicinales indígenas (Souza Santos, 1995).
En un contexto de globalización económica, las economías capitalistas en todo el orbe han presionado con el fin de poner estos “bienes” en el mercado, de modo que estén disponibles para los procesos industriales y que su reasignación se efectúe sobre la base de la libre competencia. Para estos efectos, el modelo económico ha impulsado dos procesos de privatización de estos recursos, mediante la extensión del mecanismo de concesiones privadas sobre los recursos naturales (agua, minería, recursos energéticos y marinos) y el amparo de dichas concesiones con las protecciones que confiere el derecho de propiedad. Estos derechos concesionados entran, por tanto, en colisión con los derechos que desde tiempos inmemoriales ejercen los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus territorios, y que estructuran las bases de su subsistencia ambiental, social y económica.
De cualquier manera, en la medida en que las economías de los países en desarrollo se sustentan en la explotación y comercialización de recursos naturales, el objetivo final de la legislación consiste en garantizar el aprovechamiento productivo de estos recursos. Desafortunadamente, la evidencia empírica consignada a lo largo de esta investigación muestra que no se han adoptado los resguardos para garantizar los derechos que los pueblos indígenas y otros usuarios tradicionales tienen sobre estos recursos, siendo lisa y llanamente despojados de estos bienes y, como consecuencia, sus economías y su organización social y política han resultado devastadas.
La investigación que a continuación se presenta, comprueba que prácticamente todos los conflictos ambientales referidos a empresas extractivas de recursos naturales en Chile, involucran cuestiones críticas en relación con los recursos hídricos. Al igual que en otros países de América Latina, parte importante de estos proyectos –públicos o privados– se ejecutan en tierras de propiedad indígena o en territorios que las comunidades indígenas
reivindican como propios. También impactan espacios territoriales de uso y aprovechamiento de otras comunidades locales (pescadores artesanales, campesinos o villorrios rurales).
De esta manera, el modelo extractivo de recursos naturales sustrae del control territorial de las comunidades indígenas y locales, recursos de uso ancestral, particularmente agua, sobre los que se han estructurado las economías indígenas desde tiempos inmemoriales y que han garantizado la preservación de sus culturas.
En consecuencia, lo que está en riesgo es la existencia misma de las comunidades indígenas, es decir, sus actividades productivas tradicionales y, finalmente, su presencia en espacios territoriales (marítimos y terrestres) donde, tras el desecamiento o la pérdida de las fuentes de agua, se hace inviable el desarrollo de sus estrategias económicas, sociales y culturales, tanto las tradicionales como las que en la actualidad forman parte de sus prioridades en materia de desarrollo.
Como se ha señalado en los párrafos precedentes, las aguas en disputa son indispensables para asegurar el proyecto de desarrollo indígena y su prosecución por parte de las generaciones futuras. Los impactos de las actividades extractivas de agua en dichos espacios territoriales generan externalidades negativas que afectan a los pueblos indígenas y sus comunidades. Entre tales externalidades destacan las siguientes:
a) Desecamiento de fuentes naturales de agua para consumo humano;
b) Pérdida de derechos de agua de uso ancestral de las comunidades
indígenas, que han constituido la base de sus actividades productivas
(agricultura, ganadería, silvopastoreo, caza, pesca, recolección y turismo);
c) Degradación del hábitat y los ecosistemas indígenas;
d) Contaminación de las fuentes y cursos de agua por el vertimiento de
desechos industriales, minerales y químicos;
e) Desplazamiento de la población y migración;
f) Alteración de usos y costumbres (ritos, ceremonias y cultos).
Sobre la base de esta evidencia se analizará la situación de las aguas indígenas en Chile. El estudio se ha centrado en la problemática de los pueblos indígenas del norte del país, que habitan un territorio de extrema aridez, donde además se desarrolla la actividad minera, por lo que ahí se presentan los casos más emblemáticos de estrés hídrico y disputa por derechos de agua. No obstante, también se examinará, en particular, a partir de estudios de caso, la situación del pueblo mapuche, que enfrenta conflictos de agua por contaminación y monopolización de cuencas, fundamentalmente para fines energéticos.
En primer lugar se indagará sobre las costumbres indígenas para establecer los usos hídricos ancestrales. Se analizarán, asimismo, los ecosistemas hídricos indígenas, en particular los del norte de Chile. Se determinará la percepción de las comunidades indígenas con respecto a fenómenos naturales, tales como la sequía y el cambio climático; finalmente, sobre la base de los derechos ancestrales, se determinará la titularidad indígena respecto del agua, desde la perspectiva que ofrecen el derecho de propiedad ancestral indígena sobre agua en la legislación chilena, y los Derechos Humanos en los ámbitos internacional y local.
A continuación, se evaluará el modelo económico y su incidencia en:
– Las tensiones hídricas que se han generado en los territorios indígenas respecto de la cantidad y calidad de los recursos hídricos;
– La eficacia y calidad regulatoria de la institucionalidad ambiental para resolver los conflictos en torno al agua, que involucran a comunidades indígenas y usuarios tradicionales;
– La jurisprudencia de los tribunales que incide en el reconocimiento de derechos indígenas sobre el medio ambiente y el hábitat, los recursos hídricos y el territorio.
Finalmente, este estudio concluirá con un análisis de los conflictos generados en las disputas por los recursos hídricos, basado en tres estudios de caso: las plantas de tratamiento de aguas servidas en la Araucanía; las centrales hidroeléctricas en Liquiñe y Coñaripe, y las concesiones geotérmicas en el territorio de la comunidad indígena de Surire.
Esta publicación es el resultado de una investigación efectuada por profesionales del Observatorio Ciudadano con el financiamiento del International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA). También se ha contado con el apoyo de la Fundación Ford. El estudio presentado a continuación es el producto de un trabajo colectivo realizado por el equipo del Observatorio Ciudadano, para documentar la situación respecto de derechos de agua de las comunidades indígenas y prestarles asistencia jurídica. El equipo espera que la información aquí sintetizada, sea útil en las luchas de dichas comunidades indígenas por el pleno ejercicio de sus derechos a las aguas ancestrales, y sirva de guía para otras comunidades indígenas que contienden por la defensa y preservación de sus recursos hídricos.
