Por: Eduardo Tarifeño
17 de agosto de 2011
Desde hace meses que somos testigos de una cerrada batalla en el campo de las opiniones y declaraciones sobre el tema de la licitación de las cuotas de explotación de los principales recursos pesqueros. Todos los bandos han tomado posiciones y se preparan para la batalla final que debe darse en el Congreso cuando se entre a discutir las modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura al terminar en 2012 el plazo de diez años de vigencia del actual sistema de cuotas de pescas.
Los titulares de estas cuotas han entregado todo tipo de argumentos para defender sus “derechos” mientras que los que aspiran a tener estos privilegios también recurren a toda la retórica legal para acceder a ellas. Por su parte, el Gobierno, desde el momento que este tema empezó a ser de conocimiento público, mostró una inclinación por recurrir a lo que está contemplado en el LGPA; es decir, las licitaciones del 50% de las cuotas de pesca.
Sin embargo, frente a la abierta oposición de los actuales titulares de las cuotas, que seguramente esperaban recibir otro trato de parte de un Gobierno que sentían como suyo, ha debido cambiar su estrategia para resolver este aparente “nudo gordiano” en la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros. La nueva estrategia, muy propia de la sociología de la mediación, es entregar la resolución del problema a los propios interesados en la explotación de los recursos, dando plazo perentorio para llegar a acuerdos de consenso, o bien atenerse a la licitación como está previsto en la LGPA.
Pero en todas esta discusión y toma de posiciones para la batalla en el Congreso, donde aparecerán otros factores para la tomas de las decisiones, hay un aspecto que no ha sido mencionado ni menos considerado, como es la “conservación de los recursos”. Si bien es cierto que la licitación de las cuotas de pesca forman parte de estrategias de explotación bajo el supuesto de la pesca sustentable, ninguno de los litigantes ha expresado su preocupación por la actual desmedrado estado de los principales recursos pesqueros, que indican una marcada pendiente decreciente hacia la extinción comercial de los recursos, tales como el jurel, la merluza común y la anchoveta. Es decir, la discusión actual está centrada en definir los tamaños de los trozos de la “torta” que se espera repartir, sin preocuparnos si habrá suficiente torta para todos.
¿No deberíamos estar dedicados con más fuerza a perfeccionar la adquisición de datos científicos para alimentar los modelos pesqueros que nos entreguen mejores aproximaciones de cuanta biomasas podrías extraer si afectar la sustentabilidad biológica de los recursos, en lugar de discutir cuánto le corresponde a cada a cada “comensal”? Tal vez, la sabia máxima del Quijote de la Mancha “discutir con razones y no con emociones” corresponde aplicarla en este caso.
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Eduardo Tarifeño Silva es Biólogo Marino, Ph.D. Biología, Miembro Titular Consejo Nacional de Pesca y Presidente Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.
