Santiago, 04 de agosto de 2011. (Fenatraos.cl)– Cuando en el mundo entero los países que comenzaron la privatización del agua hace 30 años están recuperando estos servicios, como en Francia e Italia, por los altos costos sociales que tuvo esto para los ciudadanos, altos precios, problemas en la infraestructura, escasez del suministros, sectores pobres marginados del servicio, en Chile seguimos profundizando la privatización comenzada el año 1998.
Está demostrado, usando como fuente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS (www.siss.cl), que desde el año 1998 hasta el 2010 las tarifas han aumentado en + de un 200%, esto en cierta forma explicado por el tratamiento de las aguas domésticas, sin embargo en cobertura de agua potable y alcantarillado, ni en la calidad de servicio ha habido un avance significativo.
En Chile estando la operación de las empresas sanitarias en un 51% en manos de empresas privadas y el saldo restante en manos del Estado a través de la Corfo, los ciudadanos pagamos el agua más cara del continente, la consulta es ¿qué podemos esperar cuando el 100% de las empresas esté en manos privadas?, sin duda se agudizará el costo social de privatizar el agua, sobre eso no hay duda alguna que ocurrirá.
La otra gran duda es que pasará con el subsidio que entrega el Estado al 25% de los usuarios de menores ingresos, subsidio que va desde el 40% hasta el 100% de la cuenta mensual, cuando el Estado deje de recibir anualmente los ingresos por su participación en la gestión de las empresas sanitarias.
Para terminar con el mito, las tarifas no las fija el Estado; las tarifas las negocia la empresa cada 5 años con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en base a los costos de explotación de la empresa, los de inversión por los planes de desarrollo y la calidad del servicio demandado por los usuarios. Esta negociación, que termina con un decreto del Ministerio de Economía, resulta una excelente oportunidad para que las empresas cada cinco años puedan subir las tarifas.
Las reglas del juego para una empresa monopólica, como lo es el AGUA, juegan todas a favor de las empresas, ya que es la empresa la que posee el poder económico para hacer que las cosas se inclinen en su favor. Escaso poder tienen los organismos fiscalizadores, menos los ciudadanos que no cuentan con organizaciones fuertes, que aboguen por sus derechos.
Qué sentido tiene vender la propiedad estatal del 46% de Essal, cuando no existe nada que beneficie a los 800 mil usuarios de la empresa, qué sentido tiene cuando el AGUA cada vez es más escasa, qué sentido tiene vender la mayor riqueza natural de los ciudadanos de la Región de los Ríos y Los Lagos. Es el mismo sin sentido de haber puesto en venta su participación en Essbio, en Esval, y en Aguas Andinas. El gobierno debería recapacitar y detener el proceso de venta, es una cuestión de sentido común y un acto humanitario.
