Por: Matías Asun
Director de Greenpeace Chile
01 de julio de 2011
Los titulares del viernes pasado decían que los test aplicados a los niños de La Greda “confirmaron la presencia de arsénico y plomo en los 127 escolares, pero en niveles considerados como no peligrosos para la salud”.
Valga señalar que aunque no sean niveles peligrosos para la salud, nadie querría descubrir que uno está en potencial riesgo vital simplemente por vivir en un territorio evidentemente contaminado y destruido por las emisiones y residuos industriales.
De a poco nos hemos ido acostumbrando a que frases como éstas se apoderen del sentido común. Un familiar mío tenía un dicho al respecto para contar la historia de afecciones de la salud que terminaban con la vida de sus amigos: “Afortunadamente no murió de nada grave”.
El caso de la Mina Invierno, el conflicto que opone a los grupos de Luksic y Von Appen (Ultramar) frente a los residentes que defienden la flora y fauna de Isla Riesco, va por esta misma senda.
Han comenzado a aparecer preocupantes informes sobre la calidad y componentes del carbón que se pretende extraer de la isla que señalan altas concentraciones de azufre y otros materiales tóxicos.
El problema es que el carbón que se extraerá será destinado a tres grupos de centrales termoeléctricas: Los Robles, Campiche y Guacolda. Las tres cercanas a poblados. Las tres en conflicto hace décadas.
De hecho Campiche está ubicada a metros de Ventanas en la misma zona de Puchuncaví donde está La Greda. Y el mismo Von Appen -hace pocos días- hizo una apología de la utilización del Carbón en los diarios especializados en economía y finanzas señalando que eran las autoridades las que no entendían de su negocio.
Como parte de mi experiencia para iniciarme en Greenpeace mis compañeros decidieron llevarme a recorrer la zona de Ventanas. Quedé impresionado: un camión de entre 20 a 30 toneladas repleto de cenizas entra cada 8 minutos a los botaderos que están localizados unos pocos kilómetros al interior de la misma zona afectada.
Recorrer el camino es escalofriante. Son kilómetros de pequeños montículos que separan gigantescos hoyos, que hoy esconden millones de toneladas de desecho. El mismo que hoy, probablemente, envenena a los habitantes de Puchuncaví y La Greda.
Son decenas y decenas de centrales termoeléctricas las que hoy están operando, y las que esperan comenzar a funcionar, en esto al menos hay continuidad entre este gobierno y el anterior. Y el negocio es tan rentable que el octavo millonario más poderoso del mundo, Eike Batista, ha promocionado la construcción de la central más grande de toda América Latina en nuestras costas.
Usted ya escuchó hablar de ese conflicto; se llama Central Castilla, se ubicará cerca de la pequeña comunidad de El Totoral en la Cuarta Región.
Sin duda existe complementariedad -o complicidad, si se prefiere- entre las decisiones públicas y privadas que hoy mantienen este escenario. Cuando se abre un buen negocio, lucrativo, siempre hay interesados. Y nada mejor que hacerlo lucrativo evitando incluir en su operación las externalidades que estos proyectos generan.
Cuando se trata del carbón no hay que ser experto; las emisiones, las cenizas, y los accidentes los pagamos todos. Es justamente por este escenario que las empresas vinculadas al negocio de la energía hoy están duplicando sus gastos en imagen pública.
No quieren aparecer como responsables del deterioro de nuestras vidas, nuestro hábitat y por cierto, de nuestra democracia en tanto sigilosamente están evitando que la información real sobre sus daños, costos y consecuencias se ventile abiertamente para toda la ciudadanía.
Los patrones de uso de carbón hoy nos tienen enfrentados a un escenario complicadísimo con alzas de temperatura global mayores a las pronosticadas cuando el calentamiento global comenzó a ser noticia.
En este escenario durante Mayo, para sortear la crisis, el entonces Ministro de Energía Laurence Golborne incentivó la creación de un panel de expertos energéticos que le ayudarán a resolver un problema evidente.
Hoy Chile depende del mercado privado para decidir qué energía queremos y dónde, la misma que tiene sobreprecios altísimos que afectan la competitividad de toda la economía.
Sin embargo, nos pareció necesario hacer nuestra colaboración. Particularmente porque desconfiamos de comisiones que operan a puertas cerradas para resolver problemas que son urgentes y del más alto interés público. Y fundamos una comisión ciudadana de energía que cuenta con el trabajo conjunto de parlamentarios, expertos técnicos y académicos, y miembros de las organizaciones que hemos estado colaborando hasta donde nos permiten nuestras fuerzas para un cambio en esta situación.
Esa comisión entregará un diagnóstico sobre el escenario energético chileno, sus fracasos y sus oportunidades para ayudar a que -en la práctica- las autoridades hagan cumplir su deber constitucional; garantizar el derecho a la vida y terminar de una vez por todas en esta absurda oposición entre crecimiento y desarrollo sustentable.
Lo anterior no significa abandonar la tesis de que Chile necesita energía. Implica, por el contrario, entender que es muy distinto sólo decirlo que actuar en coherencia con un rol directivo, incidiendo en el destino de la nación sin limitarse a que sea el mercado quien decida si a Chile le conviene represar sus caudalosos ríos, llenarnos de chimeneas y ceniceros de residuos de carbón, aguantar basureros de desechos nucleares o incluso -como graciosamente decía el ministro Golborne- tapizar el desierto de paneles fotovoltáicos.
Dicho de otro modo, que la sociedad chilena ya entendió que la teoría que reza que “para hacer tortillas hay que romper huevos” oculta información sobre el dueño de los huevos, la complicidad del que los rompe y finalmente el nombre y apellido de quienes terminan comiéndose la tortilla mientras el resto queda mirando (con hambre y sin huevos).
Ayer justamente se difundió un estudio de Genera que establece que 3 de cada 4 chilenos consideran clave la acción ciudadana para generar cambios significativos.
Otros estudios de opinión aparecidos el último tiempo establecen claramente que los chilenos ya desconfían de los grandes consorcios eléctricos pues entienden que el mercado de generación de energía tiene precios muy altos, asume muy de vez en cuando las externalidades que su producción genera, y finalmente opone las ganancias a la calidad de vida sacrificada de quienes deben asumir los costos de emisiones, residuos y destrucción del medio ambiente.
Yo los dejo invitados a seguir manifestando su opinión, estamos al borde de que la comisión de ministros decida nuevamente si aprobara un proyecto de extracción de carbón desproporcionado en la región de magallanes destinado a proveer a las centrales termoeléctricas ya existentes y las que vendrán durante las próximas décadas. Ellos tienen la opción de tomar el camino correcto y eliminar el carbón y todas sus nocivas externalidades de nuestra realidad, pero para eso deben saber que los chilenos nos oponemos a la aprobación de la Mina Invierno. Súmate a nuestra ciberacción y envíales un mensaje directamente a ellos para que salven Isla Riesco.
