Aysén, 12 de septiembre de 2011. (ARV)– A la Contraloría derivaron los dirigentes polítícos de la oposición y del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida (MCPU) los antecedentes que confirmarían las “graves faltas a la probidad” en que habría incurrido el alcalde UDI de Coyhaique Omar Muñoz Sierra en el marco de la evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén. Según antecedentes del propio proyecto el edil posee dos terrenos de casi 4 hectáreas a las orillas del río Baker en el sector de El Manzano (roles 550-26 y 27, de Cochrane) por los cuales, de construirse las represas, recibiría una indemnización por parte de la empresa. A pesar de que en el propio estudio aparecen en la lista de “predios indemnizados” la autoridad no se abstuvo, según establece la ley, de emitir informes de evaluación.
La presentación la hicieron este jueves en Coyhaique los presidentes regionales de la DC Carlos Torres Velásquez, PS Nelson Maldonado Mansilla y PRSD Karina Acevedo Auad, el vicepresidente regional del PPD Joaquín Soto Mansilla, el secretario político regional del PC Juan Catalán Jara y una de las voceras del MCPU Claudia Torres Delgado.
La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado prohíbe en su artículo 62 número 6 “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”, y sin embargo aquello Muñoz emitió en su calidad de alcalde los pronunciamientos 1584 del 15 de noviembre de 2010 y 641 del 25 de abril de 2011, los que fueron considerados por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén para aprobar el EIA el 9 de mayo pasado. La Ley de Probidad incluye expresamente esta conducta entre las que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa”.
Los conflictos de interés del alcalde en torno a sus propiedades cobraron relevancia en los últimos días a raíz de su rechazo a la realización de un plebiscito comunal que buscaba proteger a Coyhaique de diversos proyectos energéticos (incluido HidroAysén) que se podrían levantar en el futuro. Por este motivo, el MCPU representado por Paz Foitzich Sandoval presentó también este jueves un segundo requerimiento para establecer la legalidad del decreto alcaldicio que denegó la solicitud de más de unos 1.800 personas que firmaron la petición de referéndum.
En la presentación sobre probidad los recurrentes recordaron también que “el 4 de abril de 2008, su esposa Daissy Mondelo Duhalde vendió a HidroAysén (titular del Proyecto Hidroeléctrico Aysén) el fundo El Treile de 661 hectáreas en el sector de Cochrane, por el cual percibió $ 231 millones. En la transacción participó el propio Omar Muñoz en su calidad de administrador de la sociedad conyugal. El abuelo de su mujer, Manuel Mondelo Oyarzo, recibió por la misma fecha $ 210 millones por La Gauchita, un campo de 600 hectáreas”, lo cual fue informado en un reportaje de Ciper Chile, figura que también entraría dentro de la causal de abstención contemplada en el inciso segundo del señalado artículo 62, N° 6 de la Ley 18.575, que prohíbe a toda autoridad o servidor público “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.
“El alcalde ya no se inhabilitó e hizo formalmente los pronunciamientos y no revisó esa situación. HidroAysén, por lo menos en su primera etapa, ya fue aprobado con sus pronunciamientos y lo que nosotros esperamos, por ello estamos con los dirigentes de los partidos de la Concertación que tienen concejales, es que revisen ese caso y que se pueda pedir la destitución del alcalde de Coyhaique por faltas a la probidad” señaló al respecto Claudia Torres. Aludió así a la posibilidad de remoción, que se debe solicitar ante el Tribunal Electoral regional, por “contravención grave a las normas sobre probidad administrativa” según establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 60 letra c.
“En la medida que la Contraloría ratifique nuestra convicción se estaría configurando también un abandono de deberes por parte del alcalde y eso, indudablemente, implicaría acciones políticas por parte del propio Concejo Municipal” señaló el presidente regional del PS Nelson Maldonado. En tanto el secretario político del PC, Juan Catalán, indicó que con esto “los partidos de oposición estamos dando un claro respaldo a las acciones que el Movimiento Patagonia Unida está haciendo para que las acciones del alcalde sean esclarecidas y normadas por la Contraloria”.
“Apoyamos plenamente lo que está haciendo Patagonia Unida en la presentación a la Contraloría, puesto que la vinculación que tiene el alcalde con sus tierras y la participación en la toma de decisiones con respecto del plebiscito ha sido netamente negativo. La comunidad debe ser clara con los intereses que tiene el alcalde Omar Muñoz con los terrenos que tienen… Probidad que afecta además el desempeño de la municipalidad y que el alcalde se ha visto involucrado en toma de decisiones donde tiene intereses creados con HidroAysén”.
