GUATEMALA, 13 de septiembre de 2011. (Tierramérica) – La industria camaronera, una de las más destructivas del ecosistema costero, se encamina a adoptar pautas para su certificación ambiental de la mano del prestigioso Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
En 2007, WWF inició los Diálogos de la Acuicultura Camaronera con el propósito de establecer normas para productos de las granjas camaroneras, destinadas a reducir sus impactos ambientales.
Hasta 2010 se desarrollaron seis rondas de conversaciones, dos en Madagascar y las demás en Belice, Ecuador, Tailandia e Indonesia, con ejecutivos de la industria, organizaciones no gubernamentales, académicos y gobernantes.
Fruto de estas conversaciones nació en diciembre de 2010 el «Proyecto de normas para acuicultura responsable del camarón», que desarrolla asuntos como ubicación de las granjas, prácticas laborales responsables, uso y contaminación del agua, biodiversidad y respeto de las leyes nacionales, entre otros.
Las normas se basan en ocho Principios Internacionales para el Cultivo de Camarones, adoptados en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tras 140 reuniones con más de 8.000 participantes y la publicación de 40 estudios científicos.
Pese activistas señalan que la certificación será una amenaza para el ecosistema marino costero y la subsistencia de decenas de miles de familias de pescadores artesanales.
«Los planes para certificar la acuicultura industrial están influenciados por los intereses de la industria acuícola, y no reflejan los deseos de las comunidades locales y pueblos indígenas afectados», dijo a Tierramérica el activista Alfredo Quarto, de la estadounidense Mangrove Action Project.
En una carta enviada a WWF a fines 2010, ecologistas de distintas regiones, incluido Quarto, expresaron una lista de preocupaciones sobre el borrador, como el riesgo de «incumplir acuerdos internacionales como el Convenio Sobre la Diversidad Biológica y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional».
También ven «inaceptable» el uso de soja transgénica o aceite de palma como alimento de los camarones por considerar que esos cultivos están asociados a la pérdida de biodiversidad, la apropiación de tierras y la reducción de medios de subsistencia.
Los ambientalistas sostienen que las pérdidas económicas, sociales, culturales y de biodiversidad en las comunidades «no pueden ser reducidas a una suma sustancial de dinero» y piden una moratoria de los diálogos hasta que se tenga en cuenta la participación de las comunidades.
Quarto criticó, además, a José Villalón, director del programa de acuicultura de WWF, «por haber sido directivo de una compañía acusada de cometer violaciones laborales y destrucción del ambiente: la noruega Marine Harvest».
Quarto admitió que lograr la sustentabilidad de la cría de camarón es sólo una parte de la solución del problema. «Mientras no se reduzca la demanda, la industria seguirá fuera de control», matizó.
Para Villalón, en cambio, los estándares para certificar la camaronicultura industrial «son una herramienta viable, poderosa y transparente para asegurar que los impactos de la industria sean considerados y reducidos», dijo a Tierramérica.
Villalón, un biólogo pesquero egresado de la Universidad de Washington con amplia experiencia en la industria, reconoció que la acuicultura «no desparecerá», lo cual hace necesario certificarla «para reducir significativamente sus impactos», dijo.
El biólogo rechazó la acusación de que en los debates no participaron las comunidades afectadas. «No creo que ningún otro proceso de desarrollar estándares haya invitado e involucrado a representantes del sector indígena como el Diálogo sobre la Acuicultura del Camarón», afirmó.
Sobre su trabajo para Marine Harvest, el directivo de WWF precisó que laboró 12 años para una empresa en Ecuador, que fue adquirida finalmente por Marine Harvest. «Mi función fue producir camarón, y la empresa nunca fue acusada ni implicada en abusos laborales o ambientales», dijo.
Según Villalón, WWF quiere asegurar que la acuicultura se haga bien y de forma responsable para reducir sus daños, «especialmente si los estándares son medibles».
«No creo que ningún otro estándar de acuicultura atienda los impactos tan rigurosamente como estos. El borrador contiene 86 lineamientos de los cuales ocho por ciento se enfocan en resolver impactos en las comunidades alrededor de la granja y 43 por ciento en los impactos sobre los empleados», explicó.
Pero las resistencias se intensifican cuando estas producciones se asientan en humedales costeros o manglares.
«Lo vemos como un maquillaje verde que le da a la industria la posibilidad de seguir operando con una imagen pública más favorable», dijo a Tierramérica el secretario ejecutivo de la no gubernamental Redmanglar Internacional, Carlos Salvatierra.
El informe La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad de 2009, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ofrece un balance entre la explotación comercial camaronera y los aportes del manglar.
La conversión de manglares en cultivos de camarón en el sur de Tailandia produjo rendimientos económicos privados de 1.220 dólares por hectárea y por año, sin tener en cuenta los costos de rehabilitación, de 9.138 dólares por hectárea, cuando se abandonaba la explotación piscícola después de cinco años, afirma el reporte citando un estudio de 2007.
Mientras los beneficios que aportaron los manglares, sobre todo a los habitantes locales, se estimaron en 584 dólares por hectárea en productos forestales recolectados, 987 dólares por hectárea en zonas de cría a las especies costeras, y 10.821 dólares por hectárea en protección frente a las tormentas, para un total de 12.392 dólares por unidad.
La acuicultura crece más que cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal, con un suministro por persona que pasó de 0,7 kilogramos en 1970 a 7,8 kilogramos en 2008, según la FAO.
Y los manglares se desvanecen: 35.600 kilómetros cuadrados se perdieron entre 1980 y 2005, principalmente por la conversión directa a la acuicultura, la agricultura y los usos urbanos de la tierra.
Jorge Varela, director ejecutivo del hondureño Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca dijo a Tierramérica que la certificación no cumple con parámetros fundamentales como «incluir a genuinos representantes de los afectados en la discusión».
Las normas para certificar la cría de camarón deberán estar listas para fines de este año, estima WWF.
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* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 10 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.