Bolivia, 27 de septiembre de 2011. (Radio del Mar)– Luego de 41 días de incesante protesta indígena respondida con una brutal represión policial, el presidente Evo Morales se vió obligado este lunes a suspender la construcción de una carretera en territorios indígenas de la amazonía boliviana, red vial que es financiada por el gobierno y empresarios brasileños y forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Hasta este lunes el mandatario había reiterado que la carretera iba a construirse «sí o sí», lo que generó masivas protestas y una marcha indígena por la Amazonía que el domingo cumplió 41 días en rechazo a esta obra clave del IIRSA.
La suspensión es temporal y lo más probable es que la decisión sea ahora tomada por cada región. «Mientras (se realiza) este debate nacional y para que los departamentos decidan, queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure y que sea lo que el pueblo decida y especialmente estos dos departamentos», afirmó el presidente Morales en declaraciones efectuadas en el presidencial Palacio Quemado.
Esta carretera es clave para la expansión de las industrias que extraen recursos naturales como minerales, petroleo y bosques, pero también como red vial clave para la implementación de industrias energéticas que intentan represar rios con proyectos hidroelectricos.
La IIRSA surge de una propuesta común del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y fue presentada en el año 2000 durante la Reunión de Presidentes de América del Sur en Brasilia. La Iniciativa contempla más de 500 proyectos tendientes a potenciar las industrias extractivas y energéticas en la Región donde se pretende imponer una serie de grandes carreteras regionales y bioceánicas.
Esta situación ha sido criticada por varias organizaciones ciudadanas suramericanas y pueblos indígenas. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó a Radio del Mar que la ejecución de la carretera propuesta en Bolivia como parte del IIRSA «reproduce una devastación sin precedentes, con el apoyo financiero y político de los gobiernos de todo el continente, para entero beneficio e interés de las empresas extractivistas y energéticas transnacionales».
El OLCA agregó que junto a varias organizaciones latinoamericanas y comunidades indígenas «exigimos se respete el derecho a la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la OIT que en Bolivia posee además rango constitucional. Además demandamos que los gobiernos de la región dejen sin efecto los acuerdos IIRSA contraídos en Brasilia el año 2000 y sometan todas las obras a consulta previa de las comunidades que habitan los territorios que se pretenden impactar».*****FIN****
