Matías Abogabir trabajo en el gobierno de Piñera sin tener conocimiento de los temas indígenas ni del derecho internacional sobre estas materias. De todas formas, apoyado por sectores del Partido Socialista y sus vínculos con cuestionados dirigentes indígenas, logró imponer un fraudulento proceso para establecer los mecanismos para realizar la Consulta indígena.
Santiago de Chile, 11 de agosto de 2014. (Radiodelmar.cl)– El abogado Matías Abogabir, conocido por hacer avanzar un fraudulento proceso de discusión para establecer la Consulta Indígena durante el derechista gobierno de Sebastían Piñera, fue contratado por la oficina chilena de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para realizar un estudio sobre Inversiones y Convenio 169 que las organizaciones de grandes empresarios de latinoamérica solicitaron a la OIT.
El análisis, que está en plena ejecución, surgió a raíz de la solicitud de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), instancia que en el caso chileno está integrada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), informa este lunes el Diario Financiero.
Según el rotativo chileno, especialista en temas económicos, “El objetivo es aclarar el marco normativo vigente para la implementación del convenio, así como determinar el flujograma del proceso de consulta previa, paso a paso, institución por institución, haciendo notar los tiempos transcurridos en cada etapa, así como identificar recomendaciones y sugerencias para lograr un proceso más inclusivo, más eficaz, eficiente y predecible”.
En la CPC están expectantes sobre el estudio, en particular respecto a la evolución tras la entrada del mecanismo de consulta, especialmente en lo relativo a la adecuación del convenio a “la realidad social del país y su contribución al desarrollo sostenible de la actividad empresarial y la materialización de los proyectos de inversión, cumpliendo el requisito de la certeza jurídica”, dide el Diario Financiero.
Una encuesta que Pwc divulgó en marzo y que aplicó a empresas mineras y de energía con proyectos en evaluación ambiental, estableció que el 91% de los consultados cree que el nuevo reglamento del SEIA –vigente desde diciembre de 2013- no basta para minimizar la judicialización de proyectos por conflictos con pueblos indígenas. El sondeo arrojó, además, que un 65% de las compañías no tiene un plan de acción para cumplir las disposiciones del Convenio 169.
El cuestionado asesor indígena
Matías Abogabir trabajo en el gobierno de Piñera sin tener conocimiento de los temas indígenas ni del derecho internacional sobre estas materias. De todas formas, apoyado por sectores del Partido Socialista y sus vínculos con cuestionados dirigentes indígenas, logró imponer un fraudulento proceso para establecer los mecanismos para realizar la Consulta indígena.
En este peculiar proceso de discusión se retiraron los representantes de los pueblos Rapa nui, Aymara, Quechua y Lickan Antai. Y de los que siguieron sentados en las discusiones pero desautorizados por las organizacinoes indígenas fueron personas Kawesqar y Mapuche que siguen arrogándose sin validez la representación de sus pueblos y continúan apoyados por partidos políticos.
Abogabir además fue denunciado de mantener conflictos de intereses pues mientras participaba en discusiones sobre temas eléctricos, especificamente sobre la Ley de Carretera Electrica, se mantenía como accionista de la multinacional ENDESA.
Además, fue uno de los que apoyó la Ley Longueira de privatización de los peces que despojó del acceso y uso de los recursos marinos a los pueblos indígenas.
