El cierre de la pasada reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) realizada en Portoroz, Eslovenia, fue sin duda una de las más decepcionantes en relación a la mantención de la moratoria global sobre la caza de ballenas y la integridad de los santuarios de protección de estos cetáceos.
Cuando en la madrugada del 31 de Marzo pasado, Peter Tomka, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sentenciaba en un fallo histórico y sin precedentes, que la denominada caza “científica” de ballenas que Japón realiza en aguas Antárticas es ilegal, quienes trabajamos en la conservación y uso no letal de estos cetáceos , festejamos y pensamos con optimismo que la reunión en Portoroz permitiría contar al fin con las herramientas políticas y jurídicas para lograr el cierre definitivo de las matanzas de ballenas, marcando un histórico cambio en lo que ha sido un lento y trabajoso proceso de modernización de la anacrónica convención que orienta el trabajo de la CBI.
Sin embargo lo que prometía ser una oportunidad única para la diplomacia mundial y las organizaciones ciudadanas, terminó convirtiéndose en una de las mayores derrotas para la historia de la conservación de estos gigantes marinos.
¿Los responsables? Aunque resulte paradojal, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre los mismos países que tuvieron el valor de demandar a Japón ante la Corte Internacional de Justicia: Australia y Nueva Zelandia. Ambos gobiernos decidieron convertir una de las mayores victorias jurídicas de su historia en prácticamente letra muerta. Todo ello con el fin de favorecer las relaciones comerciales que condicionan la agenda política de ambos países.
Parece insólito que ambas naciones del hemisferio sur, que se caracterizaron durante décadas por defender con fuerza la integridad de los santuarios de ballenas y la moratoria sobre la caza comercial, se hayan conformado con impulsar bajo el liderazgo de Nueva Zelandia, una resolución sin dientes, la cual no tiene ninguna capacidad para hacer cumplir la inapelable decisión de la CIJ, de manera de impedir a partir de la próxima temporada de verano en el océano austral, las evidentes intenciones del gobierno japonés de continuar matando ballenas bajo supuestos fines de investigación “científica” en una zona protegida bajo el derecho internacional. Y al igual que antes, no cabe duda que las ballenas que serán eliminadas en nombre de la ciencia, terminarán en los mostradores de pescaderías, supermercados y cadenas de distribución comercial de la nación asiática.
Más paradójico resultó observar cómo Australia, que hace tan sólo cuatro años impulsó con fuerza la eliminación del articulo VIII de la Convención (que permite a países como Japón usar y abusar del resquicio de la caza “científica” de ballenas), este año se limitara a apoyara incondicionalmente la débil resolución neozelandesa.
Pero sin duda lo más desconcertante en la reunión de la CBI, fue ser testigo de la inacción de muchas organizaciones de la sociedad civil (ONG) frente a una resolución que no cumple ni cumplirá con lo que se supone promociona la comunidad de organizaciones conservacionistas: el cese definitivo de las matanzas de ballenas en las aguas del hemisferio sur.
A pesar de los sostenidos esfuerzos realizados por pequeñas organizaciones civiles de Latinoamérica para revertir el apoyo que diversas ONG como World Wildlife Fund (WWF), International Fund for Animal Welfare (IFAW) y Greenpeace brindaron explícitamente a la débil propuesta neozelandesa, éstas mega organizaciones civiles prefirieron el oportunismo de la real politik, para promover de manera activa su adopción. La justificación brindada por estas ONG fue que obtener algo es mejor que nada. Pero un análisis de este enfoque, demuestra que lo obtenido no sólo no evita la continuación de la matanza de ballenas en el hemisferio sur, sino que las avala, obstruyendo gravemente los avances para lograr su cierre definitivo en el futuro próximo.
Lo que obtuvieron los intereses balleneros japoneses mediante la aprobación de la resolución de Nueva Zelandia, es nada más ni nada menos que la legitimización de estas anacrónicas operaciones de caza, mas propias de comienzo del siglo 19 que del siglo 21, en un área polar designada como santuario por los mismos miembros de la CBI. El contenido de la resolución se limita a instruir al Comité Científico – que incluye un bloque de investigadores pro ballenero bastante activo – la revisión de los programas de caza “científica” para que cumplan con lo dictaminado por la Corte Internacional de Justicia .
El eje del argumento neozelandés radicó en intentar limitar el número de ballenas cazadas – cuya arbitrariedad en la escala de muestreo fue uno de los principales argumentos de la CIJ para determinar la ilegalidad de las capturas en aguas Antárticas. Sin embargo, lo que resulta gravísimo de esta resolución en el largo plazo, es que al aceptar tácitamente que continúe la denominada caza de ballenas con supuestos fines científicos, se entorpece el proceso de evolución de la anacrónica CBI, la cual había logrado importantes avances durante los últimos en la perspectiva de eliminar este resquicio legal.
Los escenarios frente a esta realidad son sombríos. Si Japón no llegara a estar de acuerdo con la futura revisión realizada por el comité científico, la CBI no tiene ninguna herramienta para detener una nueva temporada de matanza de ballenas en Antártica. Si Japón acepta la revisión del comité, de igual manera su flota zarpará en dirección al santuario de ballenas del Océano Austral para capturar el número y especies de ballenas que el comité científico de la CBI considere aceptable, esta vez con el respaldo “científico” internacional necesario, obstaculizando aún más cualquier intento de evitar este tipo de capturas.
Pero esto no es todo. Japón ha sido enfático en asegurar que la continuación de su programa ballenero en Antártica es con el propósito de reanudar la caza comercial de ballenas en esa misma zona. Por ello, la adopción de la resolución constituye además un peligroso estímulo para que la nación asiática continúe con su agresiva diplomacia del arpón – que incluye la compra de votos de países del Caribe y África Occidental – con el fin de eliminar el santuario de ballenas del Océano Austral, un área donde actualmente se prohíbe la matanza de cualquier especie de cetáceos con fines comerciales, independientemente de su estado de conservación.
Adicionalmente, la legitimación de la caza “científica” de ballenas podría en el corto y mediano plazo, abrir espacios para que otros países utilicen el artículo VIII para fortalecer sus intereses balleneros. Cabe recordar que hace tan sólo dos años atrás, Corea del Sur intentó presentar un programa de este tipo, pero gracias a que estas matanzas no eran avaladas por la CBI, se generó suficiente presión para que no las llevaran adelante.
Quizás lo único positivo de este adverso entuerto fue la valiente posición de países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, que a pesar de la gran presión recibida de parte de Nueva Zelandia y diversas ONGs del hemisferio norte para que apoyaran la engañosa propuesta neozelandesa, se mantuvieron consecuentes a las políticas impulsadas por el Grupo Buenos Aires (GBA) – bloque de países latinoamericanos conservacionistas, miembros de la CBI – que incluyen, entre otros, su compromiso permanente con la moratoria sobre la caza comercial y la integridad de los santuarios de ballenas.
Son estas naciones junto a las organizaciones ciudadanas latinoamericanas, las que merecen ser reconocidas y fortalecidas para que continúen liderando la defensa y conservación de las ballenas de cara al siglo 21, ya que la pasada reunión de la CBI en Portoroz dejó en claro que el accionar de países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia, en alianza con las grandes organizaciones transnacionales de conservación, no son en la actualidad el camino para que las generaciones futuras y nuestros océanos queden libres de los arpones balleneros.
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Por Elsa Cabrera,
Directora Ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea (Chile) y observadora acreditada ante la CBI desde 2001.
