Para el sacerdote, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos de 2012, la posición de las autoridades no pasa de una simulación: «Yo creo que en esa reunión de seguridad de tuvo el presidente no se trató la manera de buscar a esas personas, pues ya no son buscables, sino más bien cómo manejar esto, porque es una papa caliente que tiene el presidente, que tiene el partido PRI [Partido Revolucionario Institucional], que tiene el gobierno; y que México está a punto de ser incendiado”, afirmó a la prensa el sacerdote.
Por: Marcela Belchior
Adital
Ya pasó casi un mes de la masacre estudiantil en la ciudad mexicana de Iguala y las conjeturas sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos comienzan a señalar cada vez más hacia la tesis de que los jóvenes habrían sido brutamente asesinados. El último 17 de octubre, el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, activista en la causa de los migrantes y defensor de los derechos humanos en el país, afirmó a la prensa que los normalistas fueron quemados estando vivos.
Para tal declaración, él utiliza las afirmaciones de testigos del caso, que prefieren no identificarse ni denunciar formalmente lo ocurrido por temor a represalias. «Lo dije porque esas personas que están buscando a sus hijos merecen la verdad, porque ésta es una forma de presionar al gobierno. Si yo digo esto, ellos están obligadísimos a demostrarme que soy un mentiroso”, declaró Solalinde a los periodistas.
El sacerdote afirmó que desconoce el lugar de la supuesta masacre que habría victimado a los normalistas desaparecidos y dijo que sus fuentes están aterrorizadas con la posibilidad de ser las próximas víctimas del caso. «A mí no me dijeron como había sido. Simplemente fueron personas que vieron, en última instancia, a última hora, como los habían quemado”, contó el clérigo.
Para él, si los normalistas estuviesen vivos, no dejarían que el caso generase tamaña repercusión nacional e internacional. El silencio de los jóvenes, según el sacerdote, es la mayor prueba de que ellos están muertos. Ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2012, el sacerdote afirmó también que lo más seguro es hacer que los testigos del caso salgan del país y se protejan contra ataques de los involucrados en la masacre estudiantil. Las autoridades afirman que Solalinde debe ser intimado a prestar declaración sobre las informaciones que afirma tener.
El último 17 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con representantes del área de Seguridad Pública y anunció a la prensa que la prioridad es encontrar a los estudiantes desaparecidos. El procurador general de la República de México, José Murillo Karam, llegó a decir que el órgano ofrece recompensas en dinero a cambio de cualquier información que permita localizar a los jóvenes.
Para el sacerdote, sin embargo, la posición de las autoridades no pasa de una simulación: «Yo creo que en esa reunión de seguridad de tuvo el presidente no se trató la manera de buscar a esas personas, pues ya no son buscables, sino más bien cómo manejar esto, porque es una papa caliente que tiene el presidente, que tiene el partido PRI [Partido Revolucionario Institucional], que tiene el gobierno; y que México está a punto de ser incendiado”, afirmó a la prensa el sacerdote.
Además, Solalinde aseguró que el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, sabría del destino de los estudiantes. «Él sabe perfectamente todo esto. Lo sabe. Porque es imposible que pase nada sin que lo sepa”, dijo el activista.
Hasta ahora, las autoridades detuvieron a 36 agentes policiales acusados de involucramiento en el ataque a los estudiantes y 17 supuestos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, acusados de ser los autores de los disparos contra los jóvenes. Mientras tanto, crece la presión en todo el país para que el gobierno mexicano esclarezca el caso. El último 15 de octubre, una huelga académica tomó grandes proporciones, en la que los manifestantes amenazaron con tomar 81 alcaldías del Estado de Guerrero. Al día siguiente, cumplieron el aviso, ocupando seis palacios municipales, incluyendo el de Iguala.
