Se derrumba nuevamente el montaje del caso bomba de Las Vizcachas que llevó por segunda vez a juicio al estudiante Víctor Montoya Encina, según fallo que se dio a conocer el jueves 20 de noviembre. En tanto, el Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo busca blanquear la cuestionada Ley antiterrorista tras interponer modificaciones a la actual, como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto en medio de nuevas investigaciones por los peculiares casos de colocación de bombas en el Metro Escuela Militar en Santiago y Labocar en Temuco.
Por P. Henríquez y P. Melillanca
24 de noviembre de 2014
El jueves 20 de noviembre fue absuelto de todos los cargos Víctor Hugo Montoya Encina, tras ser acusado de realizar un acto terrorista en un retén carabineros en Las vizcachas, zona sur oriente de Santiago, en febrero del 2013. Se determinó por segunda vez que las pruebas no eran suficientes para acreditar su participación y el Tribunal Oral en Lo Penal de Puente Alto lo dejó libre de toda acusación.
Montoya fue acusado en febrero de 2013 y de inmediato fue trasladado a la cárcel donde pasó 16 meses luego de lo cual fue dejado en libertad y sin pruebas que ameriten su participación en el bombazo del retén. Luego, el joven fue reformalizado el 10 de septiembre de 2014 -tras la anulación del primer juicio por parte de la Corte Suprema-, pero ahora, dos meses después, nuevamente salió en libertad y sin ningún cargo.
Además de estar un año y medio preso, sobrellevar un largo proceso penal y ser sindicalizado como un peligro social, como fue estigmatizado por los medios de comunicación, que sin embargo luego de este segundo resultado que prueba su inocencia, los diarios publicaron escasamente la noticia de la resolución absolutoria.
Tras el fallo quedó en evidencia la manipulación de los testigos sin rostros presentados por los querellantes, dado que no lograron situaron a Víctor cerca del incidente.
La figura de los testigos sin rostros, es una modalidad que continuará vigente en el nuevo proyecto de la Ley Antiterrorista, que fue presentada por el Ministro Peñailillo recientemente ante la Comisión de Constitución del Senado.
Las modificaciones contemplan continuar con el uso de testigos protegidos, formar una nueva agencia de inteligencia y periodos de tres años para realizar investigaciones secretas, todas iniciativas que buscan distanciar a la ciudadanía de los procesos judiciales.
Para Víctor Montoya su proceso penal se debe a una manipulación política y mediática, “Lo medios de comunicación buscan producir plata y eso lo hacen mostrando noticias. Lo que venda les sirve. Cuando caí preso lo que vendía era acusarme de terrorista” declara en entrevista con El ciudadano.
Peñailillo y Fiscal Raúl Guzmán, ¿Hinzpeter y el “chico” Peña…?
En este caso la participación del gobierno fue invocar la Ley Antiterrorista en el segundo juicio realizado a Montoya. Esto fue un cambio ya que en un primero momento la Intendencia actuó como querellante, pero no invocó la Ley Antiterrorista. La invocación de la Ley Antiterrorista en este caso ocurrió en septiembre, días después que explotará una bomba en un centro comercial en Las Condes.
En ese entonces Rodrigo Peñailillo afirmó en entrevista al diario español ABC que las bombas en Chile ahora estén dirigidas a personas, «marca un antes y un después», y que los responsables de éstas, son «células aisladas, ligadas a anarquistas».
Eso sí, reconoció que «no tenemos exacto conocimiento de cuántas (de esas células) puedan existir», aunque reconoció que se habla de unas 30 y que como son tan dispersas, «son difíciles de detectar por nuestro sistema de inteligencia», hecho del que se quiere hacer cargo una nueva institucionalidad, informó Emol en esa ocasión.
Con estas declaraciones el Ministro Peñailillo se compra totalmente las tesis de anteriores acusadores y de su antecesor Rodrigo Hinzpeter y del cuestionado, mediático y mediocre fiscal Alejandro Peña, que llevaron adelante juicios parecidos y en los cuales todos los acusados fueron absueltos.
En el actual caso bombas del Retén Las Viscachas, «todas las pruebas que ellos tenían fueron siempre inconsistentes, ellos hicieron una fábrica de montajes. Estos cuatro fiscales son unas manzanas podridas dentro del sistema judicial», acusó Víctor Montoya padre, refiriéndose a los acusadores.
Patético fue silencio del Fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, que no se pronunció respecto al veredicto de los tribunales y solo habló el fiscal Héctor Barros, quien de una manera burda y “patuda” afirmó que «nos está pidiendo en estos delitos de alta complejidad −prácticamente− una foto del sujeto instalando el artefacto explosivo o saliendo del lugar de instalación con algún elemento de prueba que lo vincule, derechamente, con el lugar de explosión».
Frente a esto el abogado de Victor Montoya, Rodrigo Román señaló a Radio Bio-Bio que “eventualmente se debiera investigar la posible responsabilidad de alguno de los fiscales de la Fiscalía Sur por haber preparado a estos testigos para que fueran a mentir al tribunal. Entonces habrá dos acciones, por el delito de falso testimonio y eventualmente por un delito específico que cometen los fiscales que es manipular la prueba“, añadió.
En definitiva el rol del Ministerio del Interior y de los Fiscales está mostrando situaciones parecidas a lo ocurrido con el ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ya retirado ex Fiscal Alejandro Peña.
El absurdo y cruel caso que lo tuvo preso
El 9 de febrero del año 2013, estalla un artefacto explosivo en las inmediaciones de un retén policial en Las Vizcachas en Santiago. El artefacto fue puesto cerca de los dormitorios de dos policías, lo que dejó a uno lesionado leve.
¿Qué tiene que ver este incidente con Víctor Montoya?, la fiscalía mostró singulares pruebas: dos testigos protegidos aseguraron haberlo visto cerca del lugar en el auto de su padre y mucha evidencia obtenida en el allanamiento de su casa mostraban una filosofía de vida de carácter vegano, es decir que no consumía ningún producto de origen animal.
El abogado defensor Rodrigo Román, aseguró a Emol en el primer proceso judicial que la única evidencia del Ministerio Público “son dos testigos reservados por lo cual este juicio va encaminado a la absolución”.
La historia le daría la razón, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto determinó el 5 de junio de este año, que Victor Montoya no tenía responsabilidad alguna con el hecho y que este no puede ser considerado un delito terrorista como lo sindicó el Ministerio Público. Además, en esa ocasión el Tribunal condenó a costas a la fiscalía y al policía afectado que figuraban como querellantes.
Para el mes de septiembre la corte de apelaciones de San miguel determina anular este juicio y abre un nuevo proceso contra Víctor, tras el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo de Raúl Guzmán, quién participara en el anterior caso bomba donde se hizo famoso el ex fiscal Peña. Ante esto se piden 6 años de presidio mayor en su grado mínimo.
En esta ocasión, los acusadores aseguraban presentar 86 testigos y 22 peritos que eran el grueso de la nueva investigación, con lo cual el Ministerio Público aseguraba que había «reunido evidencias que acreditan la intención de infundir temor en la población», recalcó a Emol el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán.
La búsqueda de terroristas y el miedo en la población
Es notorio que desde la clase política -de izquierda a derecha-, desean mantener el clima de terror que ellos mismos han creado y sostener la aplicación de una ley cruel hacia sus ciudadanos, como es la Ley Antiterrorista. Con este fin están dispuestos a crear y recrear montajes basados en la lógica de los bombazos.
Víctor aseguró en el año 2013, cuando lo detienen que “es el quinto intento del Ministerio Público por invocar la Ley Antiterrorista, en la Región Metropolitana al menos”, contando el Caso Bombas, el de Hans Niemeyer, de Iván Silva y de Carla Verdugo, y el de Luciano Pitronello, a los que se le suman hoy el bombazo en el metro Escuela Militar en Santiago y el supuesto atentado a Labocar en Temuco.
En Entrevista con El ciudadano, el estudiante comenta sobre el clima político detrás de su detención: “Cuando yo caigo detenido en el gobierno de Piñera se estaba buscando muy estrictamente lograr lo que ellos querían como Ley Antiterrorista. Ocurre el cambio (de gobierno), llego a mis días de juicio oral y pasa algo bien chistoso: la Intendencia me acusa de terrorismo y me pide 15 años de cárcel. Algo que era súper ilógico porque según Bachelet no iba a pedir la Ley Antiterrorista”
El veganismo como terrorismo
Durante el allanamiento a la morada de Víctor, la madre comenta para Ciudad invisible, que le anuncian “su hijo es anarquista”, a lo que recalcó “Mi hijo es vegano”, “Pero es lo mismo po”, remató el hombre. Diálogo que evidencia la infantil lógica policial que lleva a tres jóvenes a estar detenidos en el caso Escuela Militar.
Entre las cosas requisadas están libros, folletos de tocatas, documentos alusivos al “caso bombas” y su computador donde habían documentales de la ETA, elemento que no constituyen prueba judicial alguna pero que avivaron la imaginación de los querellantes.
Víctor comenta “Cuando estuve en mi proceso el fiscal Guzmán sale diciendo abiertamente que los veganos somos todos terroristas”
Con todo esto, ¿el actual ministro del interior de la Presidenta Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, y la Fiscalía Metropolitana Sur seguirán repitiendo el papelón que hicieron Hinzpeter y el “Chico” Peña? *****FIN*****
