Por David Hevia. Dibujo de Pep Roig
Si ya es lamentable el sentido con que el señor Arturo Navarro tilda de «sueño» la propuesta de restituir una editorial estatal, la postura de la secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, Regina Rodríguez, quien la califica de «fantasía repetida», lo es más. ¿Acaso una iniciativa es a priori mala por ser «exclusivamente» (como subraya él) chilena? Desde luego que no; entre otras cosas, porque esa política pública cumplió exitosamente sus objetivos, y no sólo en términos de masificar y democratizar el acceso a obras de alta calidad, sino también en cuanto a vincular la dimensión editorial con el proceso creativo: Quimantú organizó grandes certámenes literarios, en narrativa, ensayo y poesía, dinamizando la socialización de producciones literarias de fuentes vivas.
Si, en cambio, bastara con llenar de libros las bibliotecas (lo que de todos modos quisiéramos), entonces sería interesante que la autoridad explicase por qué da acreditación a universidades que no cumplen con los requisitos mínimos que plantea UNESCO (sólo el 19% de las casas de estudios superiores satisface ese estándar); o por qué las bibliotecas públicas no atienden en horario extendido los fines de semana, como hacen los países desarrollados, para brindar oportunidad de acceso al libro a los trabajadores (¿o es que ahí sí que les gusta que Chile sea único?).
Menciono el tema de los trabajadores porque la inmensa mayoría de ellos no puede acceder a los libros… y aunque a la autoridad le dé lo mismo, sucede que el IVA al libro en Chile es el más alto entre los países de América Latina y el Caribe, en 7 de los cuales el libro está exento de tributo (¿será que justo aquí también a la autoridad le gusta diferenciarse?).
Es muy interesante que se diga que sólo en Chile ha existido editoriales estatales. Es muy interesante, pero lo sería más si, con la misma fuerza, se mencionara el pequeño gran detalle de que en EE.UU. y Europa, por ejemplo, más del 80% del financiamiento de la educación y la cultura procede del Estado.
Al Viejo Continente viajó el ministro de Educación, concretamente a Finlandia, donde cada ciudadano lee en promedio 47 libros al año y, además, los entiende. Allí no sólo acumulan libros; los leen, porque hay financiamiento público para abaratar el costo del libro, para promover la creación literaria y diversificarla; el impuesto al libro es mínimo, como lo es también el tributo a las actividades culturales y recreativas.
Si en Chile el problema fuera simplemente multiplicar el número de ejemplares, el negocio redondo es sólo para las empresas que lucran con el libro, porque a ellas lo que les interesa es que los volúmenes sean comprados, NO que sean leídos. Distinto es el objetivo del Estado cuando invierte en la lectura de la ciudadanía.
Pero, como las cosas siempre pueden ser peor, sucede que las cifras disponibles para Chile indican que los escolares leen cada vez menos a medida que «pasan» de curso. ¿Serán los privados los que resuelvan eso o la sociedad en su conjunto?
Participé en el debate para una nueva política del libro, y en la sesión plenaria la propuesta de crear una editorial estatal fue acogida con aplausos. Después de eso, la secretaria ejecutiva del Consejo concluye, en cambio, que se trata de una «fantasía».
Curioso.
Habría que preguntarse entonces para qué nos invitaron a discutir si las conclusiones ya estaban tomadas. Me recuerda la entrevista en la que Barattini aseguró, el 12 de abril, que el proyecto que crea el Ministerio de la Cultura «estará listo antes del 21 de mayo». Y, claro, como la opinión de las organizaciones culturales no había importado mucho, recién se están enterando de las profundas discrepancias planteadas por éstas. Y ya no es 21 de mayo: es fin de año.
Esperar que las autoridades tomen en cuenta efectivamente la opinión de las organizaciones, tanto para la institucionalidad cultural como para la adopción de políticas públicas de fomento lector, después del modo en que se han posicionado en ambos planos… quizá eso sí sea un sueño o una fantasía.
David Hevia
