El día 20 de noviembre del año en curso, en el marco de las movilizaciones convocadas por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, alrededor de las 22 hrs fueron detenidas 11 personas en la inmediaciones del zócalo de la Ciudad de México, entre las que se encuentra Laurence Maxwell Ilabaca, de nacionalidad chilena y estudiante de Doctorado en letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Laurence se encontraba en su bicicleta en cerca del Zócalo cuando cuando fue alcanzado por una turba de manifestantes que escapaban de la represión policial. En ese momento su bicicleta le impidió abrirse paso entre la multitud y alejarse de los disturbios y fue detenido y golpeado por los agentes policiales en circunstancias irregulares.
En estos momentos se encuentra detenido en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (SEIDO) en la unidad de delitos terroristas de competencia federal, acusado por los delitos de:
– Terrorismo - Tentativa de homicidio – Motín - Asociación delictiva
Todos delitos de suma gravedad lo que implica una situación procesal difícil y delicada. El abogado que hasta el momento lleva la causa de nombre Alejandro Jiménez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, nos informó que Laurence Maxwell fue presionado para dar declaración sin que se le permitiera acceder a un abogado de su elección, lo que constituye una falta a sus derechos fundamentales. La declaración se efectuó en presencia de un abogado de oficio proporcionado por el mismo organismo acusador y en presencia del Cónsul chileno, Francisco Sepúlveda Valenzuela. Aunado a esto cabe mencionar que se negó la visita y la información pertinente al caso y a su estado de salud hasta pasadas las 18:00 hrs del día siguiente a su detención.
Se especula que el Ministerio Púbico intenta hacer un montaje judicial en el cual se vincule a todos los detenidos en una misma organización criminal terrorista, lo que puede significar para Laurence Maxwell la deportación y en el peor de los casos el cumplimiento de una condena por los delitos falsamente imputados y de los cuales no existe ningún tipo de prueba.
Este suceso forma parte de una serie de detenciones arbitrarias que se han suscitado a raíz de las movilizaciones en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos y responden a una política de criminalización de la protesta social y persecución infundada de la sociedad que se moviliza. Llegando incluso a detener a ciudadanos que se encontraban en sus lugares de trabajo, cerca de sus casas o lejos de los sitios en que se realizaban las protestas.
En vista de lo anterior, requerimos con urgencia la difusión de estos acontecimientos, la respuesta inmediata y efectiva de la representación del gobierno de Chile, de organismos internacionales de Derechos Humanos, así como también la solidaridad y apoyo de la sociedad civil en su totalidad.
