Un día alguien desinformado se despertó y descubrió que estaba viviendo en el interior de una tenebrosa maquinaria. Otros, que ya se daban cuenta que hacía años se estaba montando este complejo aparato legal e ilegal, lucharon contra este criminal modelo; mientras otros, también informados, fueron indiferentes. Y por supuesto otros contribuyeron con acción u omisión a la construcción de esta diversa, enmarañada y funcional red para un pequeño pero poderoso grupo de millonarios. Sistema en el cual ahora vive el pueblo mexicano, sus instituciones y su economía.
Por: Patricio Melillanca
Ciudad de México
12 de noviembre de 2014
Ese día, 27 de septiembre, la información oficial que salía de las autoridades del Estado mexicano fue que era un tema local y que no era un problema de Estado. Pasado casi dos meses, el funcionario estatal que investiga el asunto, Jesús Murillo Karam, de la Procuraduría General, informó de la investigación sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa: policías estatales detuvieron a 43 estudiantes, los entregaron a un clan mafioso cuyos sicarios afirman que los quemaron vivos y luego intentaron ocultar los restos[1]. Por supuesto que Murillo Karam nunca nombra al Estado como responsable de estos hechos. Y por eso los familiares no le creen, menos confían en la policía, ni en el gobierno local ni nacional que intenta hacer creer que los responsables son los narcos.
Pero el tema del narco es una más de las aristas de lo que ocurre en México. Es, eso sí, el combate al narcotráfico es la justificación para militarizar zonas urbanas y rurales. Sin embargo, lo que está en disputa en ese país es el territorio, los recursos naturales, el uso y construcción de la infraestructura y también el combate por manejar el Estado, que además de ser un actor más con todo su aparato administrativo, es un verdadero campo de batalla al interior de sus diferentes oficinas.
México es un territorio rico en bienes naturales y la revolución de principios del siglo 20 y sus beneficios sociales, comenzaron a ser desmontados poco a poco hace unos años. Según algunos, 1982 fue el año en que “se comenzó a joder México” y en forma progresiva se impuso la privatización del petróleo, a desmontarse poco a poco las conquistas sociales y se comienzan a asumir las políticas económicas del neoliberalismo.
Otros afirman que siempre los clanes de empresarios, comerciantes, industriales y terratenientes mexicanos han estado en guerra y no han logrado ponerse de acuerdo para dar estabilidad al país. Aunque sea una estabilidad en base al reparto y el saqueo de los recursos de los pueblos, nunca lograron equilibrio y 1982 es solo una fecha más en que han ocurrido cambios en la economía, la política y la cultura cívica mexicana.
Pobres matan a pobres, pero ahora a dirigentes
A esto hay que agregar que estos territorios son el tránsito de la cocaína desde Colombia a Estados Unidos, el principal consumidor de esta droga. Y por eso en México se compite por controlar las vías de movilización de mercaderías de todo tipo –incluidas las por donde se camufla la coca-, pero también en estos lugares se negocia la orientación de la droga a los consumidores, y los lugares de producción que serán favorecidos para ingresar a la cadena de traslado de este producto.
La Narcoeconomía genera millonarios excedentes de dinero. Cuando la hoja sagrada de los pueblos indígenas de América del Sur se transforma en Cocaína, se convierte en el dios sagrado del capitalismo, el dinero. Es decir, cada vez que se acerca un metro más al consumidor, genera más y más dólares. Y en una economía legal que le niega el acceso a los millones de jóvenes pobres, no solo mexicanos, sino que también guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, entre otros, la economía ilegal, le ofrece siempre un espacio para actuar.
Según CEPAL el 37.1% de la población total de México es pobre[2]. Y desde este porcentaje los negocios del crimen reclutan a sus soldados para realizar lo que le exijan sus patrones a cambio de dinero, drogas, fiestas, objetos de lujo y un falso y cruel escape de la pobreza.
En el recorrido de la cocaína desde los países centroamericanos hasta más allá del norte de Rio Grande, junto con generar divisas, va armando ríos de sangre. ¿Quiénes mueren?: pues los más débiles. En una proporción de 10 a 1, mueren los pobres, los pobres que matan a pobres, los pobres que defienden a pobres. Y en los últimos años en el caso mexicano, están muriendo los que exigen justicia, que defienden la libertad, el medio ambiente y la paz.
Según cifras de oficiales, desde 2006, año en que se oficializó las políticas de “guerra contra la droga” orquestada desde Estados Unidos y asumida por la mayoría de los gobiernos de América Latina, solo en México han desaparecido 30 mil personas y 100 mil otras han muerto. En solo 8 años México se transformó en lo que hoy se descubre en Iguala, una fosa común con desaparecidos que fueron ultimados y torturados por mafias vinculadas a drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Pero también contratadas por empresarios para eliminar a su competencia. Y literalmente eliminarla utilizando a pobres que matan a pobres, pero ahora también a dirigentes sociales.
Los 43, los 30 mil y los 100 mil…
El secuestro y la desaparición forzada de los jóvenes que estudiaban para ser profesores en la Escuela Normalista de Iguala es un crimen de Estado. Un integrante de la organización Comité Cerezo, organización que lleva el nombre de un luchador social que fue detenido injustamente, cita al alto comisionado de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada para afirmar que el Estado es directo y principal responsable de estos hechos.
“Se comprobó la detención, por agentes del Estado y hubo ocultamiento y negación de información para saber el paradero de los 43 jóvenes”.
Lo que vino después aun es proceso de investigación, y mientras no se agoten todos los exámenes de los restos de no solo 43 desaparecidos, sino que de otras tantas decenas de cuerpos encontrados en las fosas clandestinas halladas en Iguala, la cuestión formal es que estos estudiantes siguen desaparecidos.
Lo que dice el gobierno cae en lo chabacano, farandulero y cruel: el 26 de septiembre en el marco de una proclamación de la candidatura a alcalde de María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del actual jefe municipal, Luis Abarca Velázquez, 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a el cartel “guerreros unidos”, que los asesinó al quemarlos, a muchos de ellos vivos, y luego intentó hacer desaparecer los restos.
Esto no es un crimen de Estado dijo Jesús Murillo Karam, encargado de la investigación. Pero hasta en los diarios financieros, como El Economista, se rieron de la declaración del Procurador y pusieron en duda sus dichos. El columnista de este influyente diario salmón, Manuel Ajenjo, comparó a Murillo con un “cuenta cuentos” y le enrostró una serie de preguntas vinculándolo a proteger la visita del Presidente Enrique Peña Nieto al foro de la APEC en China.
En tanto el abogado de los padres de los normalistas Vidulfo Rosales afirmó que el informe del Procurador “tiene la finalidad política de reducir la inconformidad y socavar los intentos organizativos en el país para hacer visibles las causas de la tragedia”.
¿Y cuáles son las causas de la tragedia?… una progresiva protesta social de parte de las históricas escuelas normalistas y de diferentes organizaciones indígenas, ciudadanas, ambientalistas y de derechos humanos que rechazan el mafioso actuar del casamiento entre empresarios, políticos, funcionarios y crimen organizado. Y por supuesto, rechazan como se siguen repartiendo el país también las grandes compañías nacionales y multinacionales que van por hidrocarburos, minería, transporte, infraestructura, comercio, puertos y finanzas entre otros sectores.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPIM) de la Secretaría de la Gobernación ha contabilizado 175 conflictos en las áreas agraria, derechos de tierra, imposición de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, entre grupos empresariales, mafias organizadas y políticos por un lado, y comunidades originarias, organizaciones sociales y de derechos humanos por el otro.
Solo en el estado de guerrero 13 dirigentes sociales fueron asesinados durante 2013 informa revista proceso en su edición del 26 de octubre de este año. “Los negocios privados son el principal detonante de conflictos en el país. De los 175 casos mencionados, 102 tienen que ver con negocios, la mayoría al amparo del poder, sea por obras, proyectos energéticos y mineros, o daños ambientales producto de operaciones industriales entre otros”, afirma el semanario.
Negocio Chico, Infierno Grande
En esta trama mexicana de guerra permanente sin tregua ni equilibrio de poderes, la competencia por obtener ganancia se ha exacerbado, a tal punto de no respetar “madre ni padre”. Y esto ocurre en la institucionalidad estatal, y mucho más todavía en las empresas privadas.
La revista Proceso en su edición del 26 de enero de 2014 afirma que en Tamaulipas una ciudad al noreste, además de controlar los casinos, hoteles y empresas de espectáculos, la delincuencia organizada maneja el sistema de transporte “gracias a su amasiato con líderes sindicales”; además de tener el poder sobre “la venta ilegal de gasolina, los mercados rodantes y la distribución de cerveza en los estadios de futbol y bares”.
En esta y otras ciudades incluso compiten en la venta de gasolina con la empresa mixta Pemex. ¿Cómo lo hacen? Extraen gasolina de los ductos de esta compañía paraestatal y armaron un mercado paralelo. Pero antes de esto, tenían varios otros mercados paralelos de otros productos, como la cerveza de la cual permitían vender solo de una marca, y de la carne que vía el abigeato lograron abastecer a las carnicerías y manejar los precios. Cuando obtuvieron combustible, extorsionaron a estas líneas de la economía legal e ilegal para que se abastezcan con diesel proporcionado por esta línea de economía delincuencial. La revista Proceso señala que varias vulcanizaciones son una pantalla donde se vende la gasolina robada.
Según información entregada por la organización Serapaz, en una conferencia dada a dirigentes sociales y comunicadores extranjeros el 4 de noviembre en la Universidad Obrera, en el centro de Ciudad de México, el negocio del crimen, además de controlar el transporte y comercio de drogas, tiene negocios en a lo menos 21 otras áreas del comercio, industria, transporte o producción de alimentos.
Con esta red de negocios, siempre en disputa entre los clanes de empresarios, políticos y mafiosos, poco les costó a este concubinato incrustar a sus hombres en los municipios y gobiernos locales, además de mantener coimeados o hacer aliados a policías y políticos. Luego de esto, vino la toma del poder en que ya alcaldes y gobernadores son uno más de las piezas de esta economía delictual.
El ejemplo más concreto se da en el estado de Guerrero y en el Municipio de Iguala, donde están desaparecidos los 43 estudiantes normalistas, en que el gobernador es sindicado como favorecedor de las acciones criminales y el alcalde y su señora como manejadores de los clanes delincuenciales, empresas ilegales y sicarios.
Junto con estos negocios chicos, aparecen los negocios grandes, que tienen la misma lógica, generar dinero a como dé lugar.
Estado Extractivista y militarización
Mientras prosiguen las protestas contra la forma de actuar del gobierno y la justicia mexicana, las ricas reservas de minerales, gas petróleo, energía y agua, entre otros recursos, siguen siendo el objetivo de las compañías nacionales y multinacionales. Esto, además de la construcción de infraestructura vial y portuaria para trasladar estos productos.
¿Y qué harán los dueños de estos negocios para proteger su inversión de la resistencia de las comunidades locales a la destrucción de sus ecosistemas y estilo de vida? Pues dirán que hay que salvaguardar estos proyectos industriales de la acción de los narcos. Entonces la solución es militarizar la zona.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde se instala una nueva base de la marina de guerra mexicana, y en la zona norte del país donde este mes comenzó la construcción de una nueva base de la “policía militar” que pretende “mantener y consolidar” los logros en materia de seguridad en ciudades como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila. Precisamente estos lugares son zonas en que se aumentará a exploración y extracción de petróleo y gas.
En la colocación de la primera piedra de este nuevo cuartel militar, el jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos Cepeda, afirmó que “las fuerzas de tierra mar y aire respaldan firmemente al señor Presidente de la República y su proyecto de gobierno para llevar al país a mejores posibilidades de desarrollo”[3].
¡México, nuestra gran nación, se lo merece!, gritó eufórico el general antes de dar la mano a los alcaldes de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, que aportaran dinero para juntar los más de 32 millones de dólares que cuesta la implementación del nuevo cuartel con más de 3 mil soldados.
Una de las funciones de la Policía Militar será reforzar la vigilancia en el norte de Nuevo León y los límites con Tamaulipas, región donde existe mayor presencia de cárteles de la droga y comenzará la extracción de gas de lutitas (shale) en unos meses, informa el diario La Jornada.
Para el secretario de Economía de Nuevo León, Rolando Zubirán Robert, la implementación de esta base militar es un mensaje de seguridad de las autoridades a los inversionistas del sector energético… “Nuevo León puede proveer la seguridad que el inversionista está buscando”, dijo el funcionario estatal.
“Esos proyectos llegan con mucha maquinaria y alta tecnología, aunque no son muy intensivos en capital humano. Necesitan garantías de seguridad”, insistió[4].
Algo similar ocurre en otras zonas de México como en el puerto de Veracruz, el principal recinto de entrada y salida de mercaderías del país, donde el gobierno de Veracruz entregará a la Secretaría de Marina el edificio de la Aduana Marítima ubicado en el centro histórico del puerto, para que sea sede de una fuerza nacional.
La fuerza de tarea especial de la Marina impuesta en Veracruz se reforzará con elementos acantonados en el puerto de Tuxpan y de otras corporaciones de élite de todo el país. Este grupo apoyaría el combate a delitos relacionados con el narcotráfico, en el principal puerto caribeño de México y puerta de salida de minerales y otros productos del interior del país.
¿Cómo desmantelar la dictadura perfecta?
En un histórico encuentro televisivo en 1990 entre varios escritores en México, el peruano Mario Vargas Llosa bautizó en ese entonces al extenso periodo de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como la dictadura perfecta[5].
En ese entonces Octavio Paz le respondió diplomáticamente al escritor peruano que «lo de México no es dictadura, es un sistema hegemónico de dominación”[6].
Años después Vargas Llosa, que ahora es un fiel defensor del neoliberalismo, corrigió su comentario. «Creo que me equivoqué porque la dictadura no era tan perfecta, la prueba es que la dictadura al final se transformó en democracia”, afirmó.
Paso el tiempo, se fue y volvió el PRI, llegaron otros partidos, pero todo siguió igual y como dijo Octavio Paz es un “sistema hegemónico de dominación”.
Con uno u otro partido la situación mexicana hace décadas sigue igual. El maridaje empresas, políticos y mafias no ha variado. ¿Y cómo desmantelar este sistema hegemónico de dominación? ¿Cómo cambiar esta dictadura perfecta?
¿Legalizar la droga?… Ya varios expresidentes latinoamericanos que la combatieron en sus gobiernos, ahora dicen que es mejor legalizarla.
¿Que los clanes empresariales se pongan de acuerdo para repartirse las riquezas en una especie de despojo seudodecente?
¿Qué surjan fuerzas como las del Ejercito Zapatista para equilibrar ciertos juegos de poder y defender los territorios?
¿Qué la protesta social, con más de 100 mil personas saliendo a las calles, se transforme en organización con aspiración de regenerar y manejar el Estado?…
Son muchas las preguntas para esta situación mexicana que muestra su cara más cruel y dramática en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero que se viene repitiendo sistemáticamente hace años.
Por lo pronto, frente al típico acomodo de los hechos por parte de quienes manejan cuotas de poder y están vinculados de una u otra forma a estos luctuosos hechos, incluidos funcionarios, gobernantes, políticos, la televisión, policías, ejercito, empresarios y mafiosos, el grito de los padres parece el mas sensato “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
__________________________________________________
[1] http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm Conferencia de prensa del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Viernes, 07 de Noviembre de 2014.
[2] http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/11/12/salario-minimo-alimenta-pobreza
[3] Diario La Jornada , martes 11 de noviembre de 2014
[4] idem
[5] http://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html Vargas Llosa: «México es la dictadura perfecta»
[6] idem
