La Sociedad de Escritores de Chile (SECH), que ha planteado, en las más diversas instancias de debate, la necesidad de refundar una editorial estatal, con la cual poner el libro al alcance del lector, priorizando la calidad de los textos y no la lógica del mercado, ha tomado nota de las lamentables afirmaciones que, sobre el particular, expusieron en los últimos días altos funcionarios de la actual administración. En efecto, la directora ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura, Regina Rodríguez, ha tildado dicha propuesta, compartida por muchos otros referentes culturales, como una “fantasía repetida”, mientras el titular del Centro Cultural Estación Mapocho, Arturo Navarro, en directa alusión a la experiencia de Editorial Quimantú, la ha calificado como “un sueño” que, agrega, sería “exclusivamente chileno”.
Ante tales expresiones, vertidas por quienes, en lugar de caricaturizar una idea, tendrían que contribuir a revertir el debacle cultural y educacional que vive hoy el país, la SECH declara:
Primero, que el así referido sueño “exclusivamente chileno” de Editorial Quimantú se convirtió en una realidad. Y esa realidad histórica, en tanto política pública, cumplió con éxito cada uno de sus objetivos, y no sólo en términos de masificar y democratizar el acceso a obras de alta calidad y muy bajo precio, sino también en cuanto a vincular la dimensión editorial con el proceso creativo: la editorial organizó grandes certámenes literarios, en narrativa, ensayo y poesía, dinamizando la socialización de producciones literarias de fuentes vivas. Como contrapartida, hoy las autoridades que deberían hacerse cargo de ello no pueden siquiera acercarse a esas metas, sencillamente porque no están entre sus propósitos.
Segundo, que si bastara con llenar de libros las bibliotecas (lo que de todos modos los escritores quisiéramos que ocurriera), entonces sería interesante que las autoridades explicasen por qué, por ejemplo, dan acreditación a universidades que no cumplen con los requisitos mínimos que plantea UNESCO (sólo el 19% de las casas de estudios superiores satisface ese estándar); o por qué las bibliotecas públicas no atienden en horario extendido los fines de semana, como hacen los países que buscan dar oportunidad de acceso al libro a los trabajadores. ¿O es que a ese respecto sí les gusta a nuestras autoridades que ese fenómeno sea “exclusivamente chileno?”.
Tercero, que como es evidente para la ciudadanía en su conjunto, la inmensa mayoría de los trabajadores no puede acceder a los libros, y aunque a la autoridad eso le dé lo mismo, sucede que el IVA al libro en Chile es el más alto entre los países de América Latina y el Caribe, en 7 de los cuales el libro está exento de tributo. ¿Será que justo aquí también a la autoridad le gusta diferenciarse?
Cuarto, que parece muy interesante que se diga que sólo en Chile existieron editoriales estatales; muy interesante, pero lo sería más si, con la misma fuerza, se mencionara que en Estados Unidos y Europa, por ejemplo, más del 80% del financiamiento de la educación y la cultura procede del Estado. En Finlandia, hasta donde viajó una delegación oficial del Gobierno de Chile, la educación es completamente gratuita y sólo el 1% de ella es privada. En ese país, cada ciudadano lee en promedio 47 libros al año y, además, los entiende. Allí no sólo acumulan libros; los leen, porque hay financiamiento público para abaratar el costo del libro, para promover la creación literaria y diversificarla; el impuesto al libro es mínimo, como lo es también para las actividades culturales y recreativas.
Quinto, que si en Chile el problema fuera simplemente multiplicar el número de ejemplares, el negocio redondo sería sólo para las empresas que lucran con el libro, porque a ellas lo que les interesa es que los volúmenes sean comprados, NO que sean leídos. Distinto es el objetivo del Estado cuando invierte en la lectura de la ciudadanía.
Sin embargo, las cifras disponibles para Chile indican que los escolares leen cada vez menos a medida que “pasan” de curso. ¿Serán los privados los que resuelvan eso o la sociedad en su conjunto?
Sexto, que la Sociedad de Escritores de Chile participó en el reciente debate para una nueva política del libro, en cuya sesión plenaria la propuesta de crear una editorial estatal fue acogida con aplausos. Después de eso, el hecho de que la secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura concluya que se trata de una “fantasía” resulta, por decir lo menos, curioso. Habría que preguntarse entonces para qué se invitó a la SECH a discutir si las conclusiones sobre el tema ya estaban tomadas. Actitudes de ese tipo recuerdan la tristemente célebre entrevista en que la ministra Claudia Barattini aseguraba, el 12 de abril del año en curso, que el proyecto que crea el Ministerio de la Cultura “estará listo antes del 21 de mayo”. Claro está, como la opinión de las organizaciones culturales no había importado mucho, la secretaria de Estado recién se está enterando de las profundas discrepancias planteadas por éstas. Y ya no es 21 de mayo: es fin de año. El proyecto, tal como fue concebido, tuvo que ser desahuciado. Esperar que las autoridades tomen en cuenta efectivamente la opinión de las organizaciones, tanto para debatir la institucionalidad cultural del país como para la adoptar políticas públicas de fomento lector, después del modo en que se han posicionado en ambos planos, quizá eso, y no otra cosa, sí sea un sueño o una fantasía. Pero la Sociedad de Escritores de Chile no se prestará para dar legitimidad alguna a tales orientaciones privatizadoras de la cultura y, por cierto, llama a los escritores en particular, y a la ciudadanía en general, a rechazar categóricamente esa actitud y a trabajar juntos para defender la cultura como patrimonio de todos.
Directorio Sech
Santiago de Chile, 12 noviembre de 2014
