“No han quitado tanto que acabaron por quitarnos el miedo”
Consignas de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, 5 de noviembre de 2014.
Las instituciones y la sociedad, tensiones y distanciamientos
Las desapariciones y asesinatos de los normalistas de Ayotzinapa junto a las masivas movilizaciones sociales (nacionales e internacionales) derivadas de estos crímenes han mostrado de manera contundente que el Estado mexicano (a nivel estatal pero principalmente a nivel federal) no es capaz y/o no tienen la voluntad política para poder dar respuesta cabal a las demandas de los padres de los estudiantes desaparecidos; reclamos de justicia que también han hecho suyos y abanderado organizaciones sociales y políticas, estudiantes y universitarios y gran parte de la sociedad civil mexicana e internacional. Lejos del abordaje oficial que pretende dar a los “hechos” ocurridos un carácter de episodio de violencia aislado y local, los crímenes de Iguala del 26 de septiembre se enmarcan y son un reflejo desgarrador de un contexto socio-histórico mucho más amplio e igualmente doloroso que remite a los más de 100 mil asesinados y los más de 26 mil desaparecidos (desde 2006 a la fecha), y que es, en gran medida, resultado de la impunidad y la política de seguridad oficial (la lucha contra el crimen organizado, principalmente grupos del narcotráfico) de los dos últimos sexenios.
El caso de Iguala es la gota que derramo el vaso y que hace nuevamente “visible” en México y el extranjero que, en esta administración federal, la violencia física y sociopolítica (mediante agresiones, asesinatos y desapariciones) tiene un carácter estructural en la vida social y pública del país. Esta violencia (de la que los estudiantes de Ayotzinapa son la epítome) no se volvió una constante de la historia política contemporánea de manera fortuita ni de la noche a la mañana, por el contrario, su enquistamiento en el tejido social de México se basó en varios procesos previos y de larga cepa: la corrupción crónica como parte de la cultura política estatal, la impunidad permanente, la negligencia oficial, los vínculos entre el Estado y los grupos delictivos, la creciente pauperización de la mayoría de la población, las crisis económicas, la ausencia efectiva de derechos sociales, la inexistencia de hecho de un estado de derecho que garantice los derechos humanos y que restringa y contengan la inseguridad.
Ayotzinapa, las múltiples caras de la violencia
A casi dos meses de los asesinatos y desapariciones del 26 de septiembre, lo acontecido en Iguala ha tenido diversos efectos y ha sido leído de distintas formas por los diversos actores e instituciones involucrados. Para el Estado mexicano se trata de una crisis política extremadamente aguda y con múltiples y anunciados antecedentes y precedentes (hay que recordar que los gobiernos federal y estatal antes de lo acontecido a los estudiantes de Ayotzinapa ya tenían información profusa y detallada de los vínculos entre el crimen organizado y el ex-alcalde de Iguala, así como de los hechos de violencia y asesinatos en que estuvo involucrado Abarca en años anteriores). Un problema que, desde el pragmatismo político del régimen en turno que busca “reposicionar” una imagen “positiva” de México como país de reformas y abierto a las inversiones extranjeras, tiene que resolver a la brevedad, pero sin un afán efectivo de desarticular y erradicar el marco socio-estructural que permitió la violencia y fomentó lo acontecido en Iguala. En este tenor, en su reciente visita a México el relator de la ONU para los casos de desapariciones recientemente comentó como, pese a que hubo recomendaciones precisas varios años atrás, el gobierno mexicano no cuenta ni con el marco jurídico-político ni con la infraestructura material y humana para atender y resolver los casos de desapariciones forzadas.
En cambio, para los padres de familia y los compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, así como para gran parte de la sociedad mexicana que se ha sumado al reclamo de justicia y aparición con vida de los normalistas, se trata de una prueba fehaciente más de que el Estado mexicano no puede (y/o no quiere) garantizar la seguridad de sus ciudadanos (como un derecho básico e indispensable). Junto a esto, las autoridades, al no intervenir previamente y tomar medidas preventivas, propiciaron que se dieran las condiciones para que sucedieran estos acontecimientos y, en cierto nivel, fueron parte de los hechos delictivos (por omisión en el caso de las autoridades federales y estatales, y por intervención directa en lo referente al involucramiento de autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad municipales en los asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas de Iguala).
Aunado a esto, hubo y hay también violencia política en la forma en que el Estado mexicano ha abordado la investigación de los hechos y el proceso de búsqueda de los normalistas desaparecidos. La actuación y desempeño oficial han estado marcados por múltiples y severas inconsistencias y dudas (la información contradictoria y confusa de las fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, la acción tardía de las autoridades, la falta de información a los padres, el no reconocimiento de los hechos como crímenes de Estado, las versiones poco probados y sin evidencia científica de respaldo sobre el destino de los normalistas, etc.), lo cual no sólo ponen en cuestión la voluntad política del autoridades federales, sino que muestran el deseo por cerrar las investigaciones y dar un carpetazo al caso, independientemente y más allá de considerar a fondo los reclamos de los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos.
Reclamos de justicia y los límites del desdén
En el presente escenario de impunidad y violencia estructural, los padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa han manifestado su falta de confianza en las investigaciones y procesos de búsqueda oficiales; han expresado su incredulidad en la voluntad del Estado y sus autoridades para atender sus demandas y encontrar a los normalistas. Y frente a esto, lejos de limitarse a esperar los resultados de las indagatorias oficiales, han mostrado una gran capacidad de organización y acción a través de dos vías principales. (1) Por un lado, demandando y apoyando investigaciones independientes, externas y a cargo de especialistas en materia de desapariciones (como el Equipo Argentino de Antropología Forense), que garanticen seriedad y compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. (2) Por otra parte, organizando, convocando y participando activamente en diversas movilizaciones sociales para generar presión política y visibilidad social y mediática a nivel nacional e internacional; a la fecha se han realizado más de cuatro grandes jornadas nacionales e internacionales de acciones y manifestaciones masivas en apoyo por Ayotzinapa, así como una caravana nacional por diversos estados de la república. Hoy, como hace casi dos meses, sigue el mismo reclamo: aparición con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo (de todos los) responsables involucrados.
Blog del autor: http://unam.academia.edu/
