En 2006 se descubrió una nueva especie de pez en las aguas interiores de la Patagonia: la sardina austral y por lo mismo no se encontraba como parte de los registros pesqueros, por lo que su captura era ilegal. Pero igual se explotó comercialmente por años, con permisos de pesca de investigación entregados por las autoridades. Hoy la especie está sobreexplotada y la culpa, dice el autor de esta columna, es del Estado, ya que habría encubierto la devastación del recurso con supuestos fines científicos, favoreciendo el enriquecimiento ilícito de una empresa que la destinó a la elaboración de harina de pescado.
Vea el gráfico a inferior. Año 2005, primera columna a la izquierda, aquella de color gris. Corresponde al último año en que la sardina austral, una especie hasta entonces desconocida en las aguas interiores de la Patagonia chilena, era confundida con la sardina común. Es también el último año que su extracción se realizó dentro de los márgenes legales. Al siguiente fue reconocida como especie por las autoridades del sector, la más abundante en la zona, pero quedó fuera de los registros pesqueros. Por lo tanto, por ley no podía pescarse (ver Ley 19.849).
Vea ahora las otras columnas, las que grafican la situación durante el período2006-2010: esas dan cuenta de cómo la sardina austral fue capturada de forma ilegal, amparada por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), que la justificó y autorizó bajo la figura de pesca de investigación. Es alarmante el aumento en los volúmenes de desembarque entre un período y otro, lo que demuestra los fines comerciales tras esas capturas. Las autorizaciones de la Subpesca significaron que se triplicara la pesca histórica hasta 2005. ¿Resultado? En 2010 se produjo una caída brutal del desembarque producto de la sobrexplotación demencial e ilegal, cuyo autor no fue otro que el Estado chileno.
La administración pública sólo puede hacer o ejecutar lo que expresamente está establecido en la ley, sin que puedan aplicarse normas de interpretación analógica. Por eso lo que ha pasado es muy grave. Autoridades y funcionarios de la Subpesca, del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han deliberadamente disfrazado una pesca con fines comerciales como una pesca de investigación con fines científicos. Y además, lo hicieron con la sardina austral, una especie cuya captura estaba sancionada con multas por no estar inscrita en los registros. Así, favorecieron el enriquecimiento ilícito del reducido grupo de empresas que lucraron con esas “pescas de investigación”, que en todo el período se han traducido en una facturación total que supera los US$ 50 millones.
Cuando interpusimos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema, los representantes de SUBPESCA justificaron que sus pescas de investigación eran para proteger a la sardina austral. Ahora ellos mismos se han encargado de revelar las evidencias y antecedentes que prueban que mintieron ante la justicia.
Un informe técnico de la Subpesca elaborado en 2012 dice: “Bajo el alero de la pesca de investigación, este recurso pasó a formar parte de la matriz de recursos destinados a harina de pescado, constituyendo para la Región uno de los principales recursos que sustentan la industria local de este producto, compartiendo esta condición con el recurso sardina común. La actividad durante el período ha generado rentas anuales por un monto entre 5-8 millones de US$”.
Lo anterior fue ratificado ante el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia por el principal beneficiado de este esquema, la empresa Fiordo Austral, que lo transparentó en 2010 en medio de su disputa con los harineros de la VIII Región: “Es decir, el principal insumo en la actividad industrial de mi representada son las sardinas y anchovetas (…) En términos de cuota total, incluyendo tanto las especies que se encuentran decretadas como pesquería, así como la especie sujeta a estudio (sardina austral, sprattus fueguensis ), se ha incrementado de 36.000 toneladas aproximadamente el año 2005 a 70.000 toneladas el año 2007”.
Los registros de la Subpesca confirman el nefasto impacto: si en 2006 la biomasa total de sardina austral en la X Región era de 194.719 toneladas, cinco años después no superaba las 44.199 toneladas. Es decir, en un lustro desapareció el 77,3% del recurso. En marzo de 2014 la Subpesca publicó su informe “Estado de Situación de las principales Pesquerías chilenas, 2013”. Allí dice que en el período que autorizó la captura de sardina austral para supuestos fines científicos,el resultado fue todo lo contrario a su protección: “Es posible informar que el recurso alcanzó el estado de sobrepesca (2007-2009) y luego, el de sobreexplotación (2008-2011)”, dice el documento.
En un oficio que envió al Senado, el ex subsecretario de Pesca y actual Consejero Nacional de Pesca, Pablo Galilea, señaló en 2011 que la sardina austral era una especie sin inscripción en los registros –por lo que su captura está sancionada con multas–, pero lo justificó por ser parte de una pesquería multiespecífica, y que en las faenas pesqueras resultaba imposible separar a la sardina austral de la sardina común y la anchoveta, lo que resulta una justificación burda ya que las cuotas de Sardina Austral las entregó SUBPESCA por la vía de decretos y son volúmenes del todo desproporcionados para “fines científicos”.
Por otro lado, Sernapesca, entidad mandatada por ley para impedir y sancionar la pesca ilegal, ha justificado su omisión en el caso de la sardina austral, señalando que le corresponde sólo fiscalizar que los agentes pesqueros cumplan las condiciones y requisitos establecidos en las resoluciones que autorizan la pesca de investigación, y no controlar la legalidad de los actos dictados por la Subpesca.
La vista gorda del Sernapesca pavimentó el camino para que esta pesca ilícita autorizada por el Estado pudiera funcionar en la impunidad, evitando que los actores involucrados fueran denunciados ante el Servicio de Impuestos Internos y la justicia por capturar, industrializar y comercializar productos sancionados y prohibidos en la ley.
IFOP aportó lo suyo al justificar la devastación con supuestos fines científicos. De hecho, su ex director ejecutivo, Jorge Toro, señaló en una carta en 2011 que “el fundamento de establecer la excepción de no aplicar veda de reclutamiento, obedece precisamente a obtener información para evaluar el desempeño de la veda”. Lo mismo hizo para satisfacer los requerimientos de volumen de la industria de harina de pescado, al permitir en la zona el uso de redes mucho más grandes que las que establece la ley.
En enero de 2011, Fiordo Austral inauguró su Planta Graneros, en la XI Región, anunciando que el 20% de la materia prima que utilizaría correspondería a especies pelágicas de la zona capturadas por pescadores artesanales. Al ser la sardina austral la especie con mayor presencia en el área, se entiende que la pesca de investigación autorizada por la Subpesca alimentaría la planta de harina de pescado. Y muy probablemente con las capturas realizadas por la hoy desahuciada Universidad del Mar (UDM), que fue beneficiaria de varias de estas autorizaciones.
La resolución que otorgaba a la Universidad del Mar el permiso de pesca de sardina austral con fines científicos en la XI Región, señala que la empresa que se beneficiaría de ella sería Graneros S.A., filial de Fiordo Austral, aunque también los pescadores artesanales que participarían en su captura: medio peso por kilo iría a parar al Consejo de Organizaciones de la Pesca Artesanal de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corpafa), que por entonces presidía Iván Fuentes, hoy diputado y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja.
Varios de los responsables de esta pesca ilegal amparada por el Estado siguen siendo funcionarios destacados del sector público. Algunos forman parte de los Comité Científicos Técnicos, mientras que otros integran el tejido de autoridades que actualmente administra el sector pesquero. Lo anterior ha sido decisivo para que este año hubieran seguido entregando cuotas desproporcionadas para las tres pesquerías colapsadas de la zona –sardina austral, sardina común y anchoveta– e hicieran oídos sordos a la urgente necesidad de tomar medidas para su recuperación.
Los resultados de esta grave devastación debiera obligar al gobierno a una reingeniería completa de las instituciones comprometidas en estos hechos, que han beneficiado, sobre todo, a las grandes empresas pesqueras de la zona. Debiera también anular decisiones como el Régimen Artesanal de Extracción (RAE) para la sardina austral, ya que se fundamenta en un acto viciado favorece a los elegidos de la Subpesca, al tiempo que discrimina a quienes cumplieron la ley. Se necesita una muestra clara que separe aguas de la corrupción, porque es a eso precisamente que corresponde el modelo empleado por el aparato estatal para encubrir con informes aparentemente científicos la sobreexplotación de los recursos a fin de beneficiar a determinadas empresas. Y eso es algo que no sólo pasa en la Patagonia con la sardina austral, como se puede comprobar al revisar el estado crítico en que hoy están todas las pesquerías en nuestro país.
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FUENTE: CIPER.CL
La pesca ilegal que amparó el Estado y devastó a la sardina austral
