Por Marcel Belchor
ADITAL
11 de diciembre de 2014
En el informe se enumeran las actividades realizadas por la Comisión, se describen los hechos examinados y se presentan las conclusiones y recomendaciones de los integrantes del grupo. Muestra como militares, trabajadores organizados, campesinos, iglesias cristianas, indígenas, homosexuales y la universidad fueron afectados por la dictadura y qué papel esos grupos tuvieron en la resistencia. En el documento se señalan también «graves violaciones” contra las mujeres. Revela además la vida y las circunstancias de la muerte y desaparición de 434 personas –73 nombres más que en el último relevamiento realizado por el Estado, en 2007.
Entre las poblaciones vulnerables, merecen destaque la constatación de violencias sufridas por indios y gays, además de la doble persecución contra religiosos, tanto por las cúpulas de las iglesias, como, directamente, por los militares. Hubo violaciones de los derechos humanos de miembros de iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Según el relevamiento, «las grandes comprensiones teológicas y pastorales”, socio-históricas y políticas, presentes tanto en el segmento católico como en el protestante, «sirvieron como base de apoyo y colaboración de las iglesias con la dictadura militar, establecida en 1964”.
Las iglesias habrían sido conniventes con la dictadura, apoyadas en un «anticomunismo” y en el servilismo a los jefes del Poder Público. Esto habría colaborado, directamente, para producir «actitudes de silencio, omisión y colaboración explícita con el régimen, tanto en la reproducción de la propaganda ideológica de respaldo al Estado de excepción como con denuncias y delaciones contra miembros de su propio cuerpo”, se explicita en el informe. Aún así, tal complacencia no impidió que los propios miembros de las iglesias cristianas fuesen también perseguidos por la represión.
Entre los religiosos que más fueron blanco de la persecución del régimen están los defensores de estudiantes, campesinos y obreros. De acuerdo con la CNV, el motivo sería el involucramiento en movimientos contra la dictadura, «fruto de la comprensión religiosa que los impulsaba a relacionar su fe con acciones concretas por la justicia y por los derechos humanos”.
Omisión y violencia a los indígenas
En el período comprendido entre 1946 y 1988, la Comisión afirma que es posible identificar dos períodos distintos, en los que los pueblos indígenas sufrieron por la «omisión y la violencia directa del Estado”. El primero se caracterizó por la omisión de la Unión en la fiscalización y protección de las tierras indígenas, lo que favoreció el interés privado. En un segundo momento, después del Acto Institucional Nº 5, hubo liderazgo de la Unión y las «graves violaciones de derechos de los indios quedan patentes”, a través de relatos de torturas, asesinatos y expulsión de indígenas de sus tierras.
Además, el estudio señala la omisión en el área de salud de las comunidades indígenas y el favorecimiento de los intereses privados en detrimento de los derechos de los pueblos tradicionales. Durante el período de investigación, fue posible estimar por lo menos 8.350 indígenas muertos. El número real, sin embargo, según la Comisión, «debe ser exponencialmente mayor, ya que sólo una parte muy restricta de los pueblos indígenas afectados fue analizada”.
La Comisión hace 13 recomendaciones sobre las violaciones a los derechos indígenas, entre las cuales se encuentra la creación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, «con el propósito de profundizar los casos no detallados en el presente estudio”; pedido público de disculpas del Estado brasilero a los pueblos indígenas y regularización de las tierras indígenas.
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| Equipo de investigadores entrega volúmenes del informe final a la presidente Dilma Rousseff en Brasilia. Foto: Roberto Stuckert Filho. |
Vigilancia regular contra LGBT
En el documento se resalta que la discriminación contra lésbicas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros (LGBT) no surgió durante la dictadura, pero que la eliminación de derechos democráticos y de libertades públicas, desencadenadas por el golpe de 1964, postergó las posibilidades de constitución de movimientos sociales en defensa de este grupo.
Según la Comisión, a pesar de no haber habido una política de Estado formalizada en el sentido de «exterminar a los homosexuales”, la ideología utilizada para justificar el golpe, vinculada a valores conservadores, era «claramente homofóbica”, relacionando la homosexualidad «a las izquierdas y a la subversión”, siendo considerada algo «nocivo, peligroso y contrario a la familia, a la moral y a las buenas costumbres”. Ese tipo de visión habría legitimado la violencia directa contra las personas LGBT.
La CNV da el ejemplo del patrón de vigilancia policial en la ciudad de San Pablo. Bajo el comando del delegado José Wilson Richetti, las rondas policiales pasaron a perseguir a grupos vulnerables y estigmatizados, como los LGBT. Muchas veces, encuadraban a travestis en la contravención penal de «vagancia”.
En el informe se sugieren siete recomendaciones, entre éstas la criminalización de la homofobia; aprobación de ley garantizando la libre identidad de género; pedidos de disculpas oficiales del Estado por las violencias, casaciones y expurgaciones cometidos contra homosexuales en acto público construido conjuntamente con el movimiento LGBT; reparación a las personas LGBT perseguidas y perjudicadas por las violencias del Estado; y revocación de la denominación de «Dr. José Wilson Richetti” dada a la Delegación Seccional de Policía Centro, de San Pablo.
Números
Tortura era política patrón
De acuerdo con el informe, la violencia contra presos políticos y opositores al régimen militar no era algo aislado, sino una «política de represión coordinada por las Fuerzas Armadas”. «La tortura, (…) se convirtió en un instrumento de poder y de preservación del gobierno –con destinación de recursos, organización de centros y de instrumentos y uso de personal propio”, se señala en el documento. Según el estudio, la tortura era aplicada a todas las víctimas en forma precisa y padronizada, siguiendo un mismo sistema establecido para todos los agentes. Para algunos detenidos, también eran usados métodos más antiguos de violencia, con el riesgo de causarles la muerte, o hasta inclusive con ese objetivo.
En el informe se cita, inclusive, parte de la declaración que la propia presidenta Dilma concedió a la Comisión Estadual de Indemnización a las Víctimas de Tortura (CEIVT) de Minas Gerais, en 2001. Militante de izquierda, Dilma actuó en la guerrilla armada y fue presa y torturada por el régimen militar. «Había mucho esquema de tortura psicológica, amenazas. […] ‘Uno se queda pensando, dentro de poco vuelvo y vamos a comenzar una sesión de tortura’. La peor cosa es esperar la tortura”, relató Dilma a la comisión.
Durante la ceremonia de entrega del informe, la presidenta afirmó que el trabajo del grupo va a permitir que los brasileros conozcan la historia de las violaciones para que ellas no se repitan. «Nosotros, que creemos en realidad, esperamos que este informe contribuya para que los fantasmas de un pasado doloroso y triste no puedan más protegerse en las sombras del silencio y de la omisión”, destacó.
Muy emocionada, Dilma lloró al decir que el país merecía la verdad sobre la dictadura militar. «Sobre todo, merecen la verdad aquellos que perdieron familiares y parientes y que continúan sufriendo como si ellos murieran de nuevo y siempre cada día”, dijo, con la voz embargada.
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| Dilma llora, al mencionar muertes en la dictadura, durante ceremonia de entrega del informe en Brasilia. Foto: Antonio Cruz/ Agencia Brasil. |
Tipos de tortura contra presos políticos
Historia puede motivar medidas
En el informe final, la CNV sugiere la creación de un órgano público para dar seguimiento a las acciones de la Comisión. Ésta también recomienda que los responsables de los delitos sean procesados. Considerando que las violaciones y los abusos actuales son continuidad de lo que ocurría en el período dictatorial, en el informe final de la CNV se recomienda un conjunto de medidas que consistirían en una de las mayores reformas del área de seguridad pública ocurridas en la historia de Brasil, englobando medidas como la desmilitarización de la Policía Militar y el fin de los autos de resistencia.
Además, el Ministerio Público Federal (MPF) debe utilizar el informe para analizar la apertura de nuevas acciones contra militares y ex-agentes de la represión sospechosos de delitos en la dictadura. De los 377 responsables de graves violaciones a los derechos humanos citados por la Comisión, 23 ya están acusados en diez acciones propuestas por fiscales de la República –que, sin embargo, todavía tramitan en la Justicia.
Entienda el documento
Creada por la Ley nº 12.528/2011 e instalada en mayo de 2012, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) fue creada para investigar y esclarecer las violaciones de derechos humanos practicadas entre 1946 y 1988 (período entre las dos últimas constituciones democráticas brasileras) con el objetivo de efectivizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional.
Producido durante dos años y siete meses, el informe final de la Comisión consolida el trabajo de audiencias públicas, declaraciones de militares y civiles (víctimas, testigos y agentes públicos que habrían participado en la represión) y recolección de documentos referentes al régimen militar, reunido en 4.328 páginas y dividido en tres volúmenes. En total, se recogieron 1.120 declaraciones, se produjeron 21 laudos periciales y se realizaron 80 audiencias públicas en 15 estados. En el período de funcionamiento de la Comisión, hubo siete diligencias en Minas Gerais, Pernambuco, Río de Janeiro y San Pablo.
[ENTREVISTA] «El Informe es un marco, no es un final”
En entrevista con Adital, el psicólogo Alexandre Mourão, consultor de la Comisión de Amnistía y miembro del colectivo Aparecidos Políticos, destaca que el relevamiento es parte de la concreción del triplete memoria, verdad y justicia, fundamental para un país en transición desde la dictadura a la democracia, como es Brasil. Fue uno de los presentes en la ceremonia de entrega del informe en el Palacio del Planalto.
ADITAL – ¿Qué representa para Brasil el contenido de ese informe final?
Alexandre Mourão – Este informe está basado en investigaciones anteriores realizadas por familiares de desaparecidos políticos y por comisiones especiales. A nivel nacional, representa un nuevo marco en la lucha por la justicia, de transición de la dictadura a la democracia. Va implicar nuevas recomendaciones al país, de acuerdo con preceptos internacionales. A nivel internacional, pone a Brasil en un nuevo nivel, porque terminó un ciclo y va a abrir la posibilidad de que la justicia avance más. Pero la CNV no es un final; todo lo contrario, se debe ir más allá. Ahora, es necesario tener un posicionamiento.
ADITAL – ¿Qué críticas le haría al informe?
AM – Familiares de los muertos, de los desaparecidos políticos, no saben dónde están los cuerpos de sus familiares. En el informe puede haber avances y las recomendaciones que tiene, pero la crítica de buena parte de los familiares es ésta: ellos no tuvieron el derecho sagrado de enterrar esos cuerpos. Entonces, es una cuestión abierta. Es un recomienzo, un nuevo ciclo, una lucha que va a permanecer. Los familiares dicen que no van a parar de buscar esto. A nivel político, el informe creó un importante debate, pero mi crítica es que la Comisión de la Verdad comenzó a hacer las audiencias y diligencias muy al final del proceso, sólo el último semestre.
ADITAL – Usted afirmó que el informe es un marco de la transición entre la dictadura y la democracia. ¿El país todavía está en ese limbo? ¿La democracia todavía no se consolidó?
AM – Creo que la democracia todavía no se consolidó, porque la discusión es que la sociedad, cuando pasa por un régimen autoritario, por una dictadura, un régimen de excepción, necesita realizar ese triplete de «memoria, verdad y justicia”. Un argumento muy práctico de la continuidad de ese período, de resquicio de la dictadura, son los órganos de seguridad pública y la militarización de la policía. La Policía es vinculada al Ejército. Existen la Ley de Seguridad Nacional y las prácticas de seguridad pública.
Ejemplos culturales, simbólicos, son la colocación de nombres de dictadores y torturadores a calles, instituciones, edificios públicos. Son más de 500 escuelas con el nombre de torturadores. Todavía hay personas que piden intervención militar y parlamentario [diputado federal Jair Bolsonaro, del Estado de Río Grande do Sul], que pide golpe, hace apología del estupro y defiende la dictadura militar. Muchos militares permanecen en órganos públicos, ocupando cargos importantes. Algunos de ellos tienen relación con grupos de exterminio.
¿Será, entonces, que realmente ya pasamos por esta transición democrática? Es preciso repensar estas arbitrariedades para que no ocurran nuevamente. El informe es un marco, pero no es un fin. Comienza ahora un nuevo ciclo, el ciclo de la justicia, abriendo la posibilidad de consolidar nuestra democracia.
SERVICIO
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