Los hombres de mar están siguiendo los avances de la investigación en que se indaga los dineros transferidos por empresas pesqueras a parlamentarios que votaron la Ley Longueira que privatizó los peces. Como no son parte querellante no pueden solicitar diligencias, pero esto se solucionaría en unos días más cuando se reunan en Valdivia para elegir la mejor forma de hacerse parte en la querella por cohecho.
Esta causa se inició por la denuncia de un sector de las organizaciones de los pescadores artesanales, la que luego fue tomada por el Consejo de Defensa del Estado que se querelló contra la entonces diputada Isasi, el gerente general de la pesquera Corpesca, Francisco Jimenez Ortúzar, y el secretario de la diputada, Giorgio Carrillo.
En la reunión en que también estuvo presente el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, el fiscal Fernández informó acerca de los avances de la investigación y la forma como los pescadores podrían participar de manera activa en el proceso que lleva la Fiscalía.
Sin embargo el fiscal no le fue posible entregar mayores detalles porque hasta ahora los pescadores no son parte de la querella y por tanto no pueden acceder a las carpetas investigativas.
Investigación de alta complejidad
Los dirigentes de la Condepp que participaron en todo el proceso de tramitación parlamentaria de la ley Longueira, anunciaron que se pondrán a disposición de los fiscales para aportar mayores antecedentes a la causa.
Según Gino Bavestrello, pescador de la provincia de Valdivia, “el hecho del traspaso de dineros de las empresas de Angelini a la exdiputada Isasi en la tramitación de la Ley Longueira causa estupor e indignación, pero causa más preocupación los hechos que podrían investigarse en la cual podrían aparecer otros parlamentarios involucrados”.
“Como pescadores repudiamos estas acciones de corrupción y los ciudadanos deben rechazar estos casos en que sus representados reciben dinero de las empresas para defender los intereses de estos empresarios y no de la gente que los eligió”, digo Gino Bavestrello.
El dirigente de la pesca artesanal informó además que próximamente los pescadores de Condepp, con sus 23 directores de organizaciones de toda la costa chilena se reunirán para decidir la mejor forma de hacerse parte en la querella que investiga estos repudiables hechos.
Cuando esto ocurra los pescadores podrían proponer diligencias, presentación de recursos, asistencia a las diligencias, posibilidad de pronunciarse respecto a las facultades que la fiscalía ejerce dentro de la investigación, entre tantas otras acciones.
En definitiva lo que investiga la Fiscalía son dos causas. La caratulada con los códigos RUC 130477207-K acerca de delito de cohecho que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complegidad a través de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. A cargo de esta investigación están los Fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos. La causa se encuentra aún en etapa de investigación, en donde se han tomado declaraciones e incautado documentos.
La otra investigación es la RUC N° 1101137450-8 sobre delito de fraude al fisco, y que lleva adelante la Fiscalía Local de Valparaíso, a cargo de fiscal adjunto Cristian Andrade. En esta causa fue formalizada la ex diputada Isasi, junto a su asesor Giorgio Carrillo.
Ley Longueira es hija de dineros empresariales
La Ley Longueira toma su nombre del exministro de Economía del gobierno de Sebastían Piñera, y ex candidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira, quien fue el impulsor de la tramitación express de esta normativa en el parlamento chileno. En definitiva este cuerpo legal entregó en forma gratuita la propiedad de las pesquerías chilenas a un pequeño grupo de empresarios industriales y a dueños de grandes lanchas pesqueras, con lo cual despojó a la gran mayoría de los pescadores artesanales y a los pueblos originarios del acceso a los recursos pesqueros.
Luego de esto, las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios, pymes y ciudadanos, han señalado reiteradamente que la expropiatoria ley Longueira “es hija de los dineros empresariales, posee graves vicios de procedimiento, y fue elaborada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses del gran empresariado pesquero industrial”.
Por ello exigen su revisión, junto a una exhaustiva y profunda investigación de los tribunales sobre situaciones de cohechos y coimas denunciadas durante su tramitación parlamentaria, a la vez que demandan a la presidenta Bachelet el cumplimiento de su promesa de campaña de revisar esta injusta y expropiatoria nueva ley de pesca.
Existe la percepción que los casos Penta, Soquimich y Angelini, donde empresarios han financiado a políticos, son la “punta del iceberg” de la corrupción corporativa en Chile.
La pregunta es ¿lograrán sus autores, cómplices y encubridores, burlar una vez más la justicia, negociando con los poderes del Estado y partidos políticos, a la vez que sacan amplia ventaja de la inexistencia de una legislación que no contempla la sanción a los delitos de “cuello y corbata”?*****FIN*****
