“Debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios», dijo la principal autoridad del Poder Judicial en Chile.
Santiago, 02 de marzo de 2015. (Radiodelmar.cl)— En medio de las investigaciones de corrupción por dinero entregado por empresas a políticos como el caso Banco Penta y la empresa Soquimich, del enriquecimiento de la empresa del hijo de la Presidenta Bachelet, y de la Ley Longueira -en que parlamentarios recibieron dinero de empresas pesqueras-, el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, propuso en su discurso de inicio del año judicial, terminar con la protección para investigar a los diputados y senadores vinculados a actos criminales.
“Debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios», dijo la principal autoridad del Poder Judicial en Chile.
Sergio Muñoz, uno de los Presidentes de la Corte Suprema más políticos afirmó también que “el país tiene una tarea pendiente en igualdad. Como jueces es nuestra responsabilidad concretar este derecho en cada una de las determinaciones. La igualdad impone comportarse de un mismo modo con todos los semejantes, sin reconocer señores ni vasallos, sino personas».
Defensor de los Tribunales de Justicia
Sergio Muñoz ha estado definiendo soluciones también en el área ambiental, espacio en que se ha creado una peculiar y débil institucionalidad denominada Tribunales Ambientales, defendió el rol del sistema judicial, uno de los tres poderes del Estado, según la cuestionada Constitución de la República.
Respecto a la creación de estos singulares espacios de ejercer justicia en forma paralela, pero varios escalones más debajo del Poder Judicial, el Presidente de la Corte Suprema afirmó que: «El Estado, por intermedio de su sistema de justicia, que en mi concepto debe quedar radicado exclusivamente en el Poder Judicial, corresponde que proporcione alternativas eficientes en la resolución de los problemas de las personas de una forma breve y fundada».
Agregó que: «el proceso debe ser una alternativa eficiente, eficaz y efectiva, esto es, que responda a lo que espera de él de manera breve y económica. Por lo tanto, es preciso que los legisladores garanticen esa eficiencia y accesibilidad de la justicia pública: sólo si se da esta condición, será legítimo permitir que las partes escojan otros métodos para la solución de sus controversias».
«En cambio, si la justicia pública no es accesible y no es eficiente, esto no sólo supone una violación gravísima de las garantías constitucionales, sino que transforma las alternativas en remedios necesarios e inevitables y, por lo tanto, ya no serían objeto de una elección libre y discrecional de las partes, si no que una necesidad», afirmó.
El presidente Muñoz finalizó su intervención enfatizando que: «en el evento que no se atienda por el Estado a esos requerimientos, se entrega el acceso a la justicia al mercado, como un bien de consumo, el cual en definitiva dependerá del nivel económico de quienes la reclaman». *****FIN*****
