Médicos y nutricionistas agrupados en el Frente Chile saludable critican en las redes sociales las presiones indebidas de los empresarios agrupados en Alimentos y Bebidas de Chile que buscan impedir que la gente se informe sobre los alimentos que consume. A esos empresarios no les preocupa la salud de los chilenos. Les preocupa hacer dinero vendiendo comida chatarra.
La industria de alimentos ha presionado sin cesar. La Ley comenzó a tramitarse en el 2007 en el Congreso y fue aprobada recién en el 2012, con muchas modificaciones. Los empresarios ejercieron presión constante sobre el gobierno y sobre los diferentes políticos que tenían que discutir la Ley en el congreso
Ley contempla rotular de manera más simple los alimentos con excesivo contenido de grasa, sal y azúcar, de tal modo que la gente pueda informarse mejor. La Ley también incluye que esos alimentos no podrán ser vendidos en jardines infantiles ni colegios; tampoco podrán ser regalados o promocionados a niños menores de 14 años. Además, ningún alimento podrá usar ganchos comerciales como regalos.
Ahora el desarrollo del reglamento ha durado más de 2 años, siendo que esta Ley tenía plazo de un año para su implementación. Y el gobierno ha propuesto un reglamento que genera el rechazo unánime de médicos y nutricionistas en las redes sociales. Acusan que es una manera fraudulenta de invalidar la ley.
Los empresarios ejercen sus influencias a nivel de los profesionales de la salud, sociedades científicas e instituciones académicas, a través de auspicio de congresos y otras actividades.
Por intermedio del financiamiento de programas, los empresarios han influido inmensamente en la opinión de la población general, a través de la prensa escrita y la televisión. El Mercurio y La Tercera han defendido la visión empresarial, argumentado sobre la libertad empresarial.
Incluso, hay influencia en el gobierno mismo. Los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, además de la Cancillería, han estado presionando al sector salud para que flexibilice el reglamento propuesto, según lo denunció el propio Subsecretario de Salud.
La regulación lleva 7 años de retraso.
