Hace menos de un mes se reveló que Penta no habría sido la única empresa financiando política de forma irregular. Una filtración a la prensa reveló una lista de 39 personas relacionadas a campañas políticas que habrían emitido boletas a la empresa Soquimich. Lo normal, frente a esta situación habría sido que la Fiscalía investigara a ambas empresas con el mismo ánimo, provisto la similitud de las irregularidades.
Por: Kenneth Bunker
Director de Tresquintos.com. Cientista Político. Experto en sistemas electorales y partidos políticos.
Tomado del t13.cl
El problema es que eso no ha sucedido. La agencia encargada de querellarse, el SII, no ha tratado a Soquimich de la misma forma que trató a Penta. Como contexto, el SII es administrativamente dependiente del poder ejecutivo, pues el director del SII es nombrado por la Presidenta de la República. En este caso particular, el director esMichael Jorratt, quien a su vez fue jefe de finanzas en la campaña presidencial de Bachelet en 2013.
Eso podría explicar la asimetría en el trato a ambas empresas. Pues hasta el momento,todo indica que la relación entre Penta y la oposición equivale a la relación entre Soquimich y el gobierno. Es decir, las boletas que habrían extendido candidatos de la Alianza a Penta para financiar sus campañas electorales serían un espejo de las boletas que habrían extendido candidatos de la Nueva Mayoría a Soquimich para financiar sus propias campañas electorales.
Antes de entrar de lleno en esta teoría, es importante mencionar que lo de Penta es efectivamente lo mismo que lo de Soquimich. La evidencia sugiere que ambas empresas financiaron campañas de forma irregular y constante en la elección de 2013. Incluso hay indicios que sugieren que el mecanismo de traspaso de dinero se extendería a varias elecciones anteriores.
Sin embargo, la justicia ha sido más deferente con Soquimich que con Penta. Primero, Soquimich ha sido tratado como una arista del caso Penta, y no como un caso en sí. Esto es un problema, pues la información sugiere que Soquimich habría emitido más boletas y por más tiempo. Segundo, el período que se investiga a Penta es significativa mayor al periodo que se investiga a Soquimich. Solo se han mirado boletas relacionadas a Soquimich en Julio de 2009.
Lo más probable es que si se amplía el período de investigación en Soquimich aparecerán más personas involucradas. Si bien las boletas apuntan a que las personas involucradas en Soquimich son en buena parte candidatos relacionados con el gobierno, no sería una sorpresa que surjan varios nombres relacionados con la oposición. Sobre todo si se considera que Soquimich es controlado por personas políticamente ligadas a la derecha.
La única salida a este problema, es que la Fiscalía investigue ambos casos. Sin embargo, para aquello, el ente afectado debe presentar una querella para ampliar el periodo de investigación. En corto: el SII debe presentar una moción para que la Fiscalía investigue la relación entre Soquimich y candidatos en un periodo significativamente mayor al que actualmente se investiga.
Este es el meollo del asunto. Si Jorratt no persigue la investigación activamente, no habrán sanciones. Incluso se corre el riesgo de que los ilícitos más antiguos proscriban ante la ley. Esto pone a Jorratt en una situación compleja, dado que su posición es naturalmente dependiente de quienes debe investigar. No hay dos lecturas. Aunque la Fiscalía tenga buena voluntad, no puede actuar sin el visto bueno de Jorratt.
El director del SII posee las misma facultades para actuar contra Soquimich que las que tuvo para actuar contra Penta. La única diferencia entre ambos casos, según sugiere la evidencia, es que Soquimich estaría ligada a su propia coalición. Y más importante, los resultados de su querella podrían ser personalmente contraproducentes. Pues, como jefe de finanzas de Bachelet en 2013 sabe exactamente cómo se financió la campaña.
Para muchos, investigar a Soquimich abre una caja de pandora. Sin embargo, eso es solo cierto para los que no participaron en campañas electorales. Es ingenuo pensar que los mismos candidatos no saben el origen de su financiamiento electoral. Eso explica el silencio transversal en la clase política, con algunas excepciones, sobre el rol del SII en la investigación. Saben que si cae uno, caen todos.
Los que fueron financiados de forma irregular por Soquimich naturalmente no quieren que se investigue. Para ellos, la solución optima es un perdonazo. Y eso depende, en esencia de Jorratt y el SII. La salida para ellos esa ofrecer a los que ya han caído, principalmente los controladores de Penta y los candidatos de la UDI, como ofrenda, y esperar que las comisiones hagan su trabajo para instalar una nueva legislación.Un borrón y una cuenta nueva.
El dilema es que si la investigación se detiene con Penta, las instituciones no habrán funcionado. Si no se investiga a cabalidad el rol de Soquimich en el financiamiento irregular a los candidatos, las instituciones habrán fallado. En contraste, en una democracia en la cual las instituciones funcionan, si hay evidencia de ilícitos, sobre todo en el sector público, las partes afectadas toman parte activa en la investigación.
Bachelet debe ejercer su rol democrático y pedir que todos los ilícitos se investiguen de igual manera y con la misma fuerza. La Presidenta debe permitir que las instituciones funcionen. No puede obstaculizar una investigación por el simple hecho de que personas asociadas a su gobierno hayan actuado por fuera de la ley. Los partidos políticos se deben suma
