La ley de pesca promulgada en febrero del 2013 entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar de Chile a siete familias empresariales que conforman el cartel que domina este estratégico sector de la economía nacional.La cuestionada e irregular tramitación parlamentaria que caracterizó a esta ley, a través de la cual se perpetró una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público post-dictadura, tuvo como actor central al ex-ministro de economía y excandidato presidencial Pablo Longueira, y como su principal beneficiado al Grupo Angelini.
En el escenario actual de las crecientes evidencias del accionar corruptor del Grupo Penta y de la empresa Soquimich, a través de la entrega encubierta de financiamientos a políticos, parlamentarios y funcionarios gubernamentales, las organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales, pymes y pueblos originarios llaman la atención sobre cuál es el estado de la investigación sobre las denuncias relacionadas con la entrega de sobornos del Grupo Angelini, a través de Corpesca, a parlamentarios para la privatización del patrimonio pesquero nacional. Especialmente ahora, que Pablo Longueira ha sido señalado como otro de los exclusivos beneficiarios del grupo Penta.
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