El Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca han firmado un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para que este organismo internacional realice la evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura -conocida popularmente como ley Longueira-, que privatizó de manera corrupta y fraudulenta el patrimonio pesquero de la Nación en beneficio de 7 clanes empresariales que controlan monopólicamente este sector clave de la economía chilena.
Por: Juan Carlos Cárdenas
Médico Veterinario
Director Ejecutivo
Centro Ecoceanos
El 28 de abril, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) firmaron un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para que este organismo internacional evalué en los próximos 8 meses la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), promulgada en febrero del 2013.
Este acuerdo bilateral ocurre en los precisos momentos que el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), en representación de 30.000 pescadores artesanales, y organizaciones ciudadanas como Ecocéanos, han iniciado una campaña nacional para anular la LGPA, teniendo en cuenta las crecientes denuncias en los tribunales por soborno, delitos tributarios, colusión, conflicto de intereses y la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hechos ocurridos durante la tramitación parlamentaria 2011-2012 de este cuerpo legal que rige el tercer sector de la economía chilena.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite el 21 de abril del 2015 las dos querellas presentadas por Condepp y Ecocéanos contra Corpesca S.A., de propiedad del Grupo Angelini, por cohecho y soborno, para que sean investigadas por la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad.
En ellas se encuentran vinculadas la ex-diputada Marta Isasi y los miembros de la Comisión de Pesca (1), quienes habrían recibido dineros corporativos en el contexto del trámite parlamentario de esta cuestionada ley, la que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de las valiosas pesquerías chilenas a 7 clanes familiares-empresariales que controlan este sector clave de la economía chilena.
A lo anterior se une la reciente información de que las empresas Copec S.A. y Celulosa Arauco, del mismo Grupo Angelini, habrían financiado con $ 208 millones a los partidos de la Concertación, en los precisos momentos que se negociaba la nueva ley de pesca (2), lo que se une al hecho que el Servicios de Impuesto Interno (SII), acaba de interponer una querella por delitos tributarios contra Francisco Mujica, ex-gerente de Corpesca y Giogio Carrillo, ex-asesor parlamentario de la ex-diputada Marta Isasi (3).
Ya en Agosto del 2014, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había iniciado este proceso investigativo al presentar una denuncia por cohecho contra el ex-gerente de Corpesca S.A. por el pago de $ 25 millones a la entonces diputada por la región de Iquique Marta Isasi, dinero que habría servido para que «ésta favoreciera a la empresa que representaba en la votación de la ley de pesca» (3).
En forma complementaria, la información proveniente de la investigación que desarrolla el SII sobre los casos de corrupción empresarial y delitos tributarios del Grupo Penta y de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), constata pagos ilegales al menos a seis personas del entorno político y familiar del ex ministro de economía y principal articulador de la LGPA Pablo Longueira, de parte de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (ASIPES), Corpesca S.A. y Pesquera El Golfo. Esta última empresa es propiedad del Grupo Yaconi-Santa Cruz, financista histórico del partido Demócrata Cristiano. Pesquera El Golfo ahora se llama Blumar al haberse fusionado posteriormente con el Grupo Sarquis de la región del Bío-Bío (4) .
Ley General de Pesca y Acuicultura: Hija clandestina de los dineros empresariales
El Grupo Angelini es uno de los principales conglomerados pesqueros beneficiados directamente por la aprobación de la LGPA , la que tuvo una tramitación express en el Congreso Nacional, desde su presentación como proyecto de ley en junio 2012 y su finalización legislativa en diciembre de 2012, para ser rápidamente promulgada como ley de la República el 9 en febrero del 2013.
Este nuevo cuerpo legal conocido popularmente como «ley Longueira», es cuestionado política, productiva, ambiental y socialmente por amplios y diversos actores de la sociedad chilena, mientras varios de sus principales promotores y beneficiados están siendo investigados por el SII y la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad.
Lo anterior confirmaría lo que es vox populi en la opinión pública chilena: que la ley Longueira fue negociada e impuesta fuera del control público, por diputados y senadores que no eran independientes del dinero y los intereses del cartel industrial que domina el sector pesquero y de acuicultura. Esta situación posibilitó que se perpetrara en el Congreso Nacional la mayor expropiación de recursos naturales del período posterior a la dictadura cívico militar.
Esta impresentable situación fue graficada por el actual subsecretario de pesca Raúl Súnico ante el Congreso Nacional de Pescadores Artesanales efectuado el 13 de febrero del 2015 en Corral, Valdivia. Allí Súnico señaló sin ambigüedad que la nueva Ley de Pesca y Acuicultura había consolidado derechos. «Derechos que son licencias transables, bancarizables, indemnizables. Es así. No hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dio. Se perdió y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover esos derechos tiene un costo. Los cálculos preliminares de ese costo son superiores al costo de la reforma educacional y a la reforma tributaria completa” (5).
La LGPA y el reordenamiento autoritario del sector pesquero chileno
La nueva Ley General de Pesca y Acuicultura constituye el símbolo de cómo el poder ejecutivo y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, al entregar excluyentes derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías chilenas a un pequeño grupo de clanes empresariales, con fuertes vínculos familiares y financieros con la casta política gobernante. Estos clanes son además los principales responsables de la grave crisis que actualmente afecta a más de la mitad de las pesquerías nacionales, debido a los crecientes procesos de colapso y sobreexplotación industrial.
Hoy, la ley Longueira es el instrumento que le asegura al «cartel” de la pesca industrial el goce monopólico de las millonarias rentas que generan anualmente las pesquerías chilenas. Esto sin que exista compensación alguna para la sociedad expropiada de estos bienes nacionales, mientras se profundizan lo procesos de concentración económica y control del sistema financiero nacional e internacional , los que presionan para la salida del sistema pesquero de las pymes y los pescadores de pequeña escala.
De manera paradójica, la actual LGPA es el mecanismo a través del cual el parlamento bajo control empresarial le quitó al Estado de Chile su rol histórico como asignador de propiedad y derechos de acceso y uso a los recursos hidrobiológicos nacionales, transfiriendo dichas capacidades de manera exclusiva al mercado. Esto, mediante la entrega de licencias y cuotas individuales de pesca plenamente transables, las que pueden ser compradas, vendidas, arrendadas, hipotecadas e incluso heredadas por sus dueños.
Lo abusivo de esta situación para los intereses de la sociedad chilena y de las próximas generaciones, es que si en el futuro el Estado de Chile quisiera recuperar la propiedad de los peces en su Zona Económica Exclusiva, deberá expropiar e indemnizar billonariamente a quienes recibieron gratuitamente estos recursos estratégicos.
En lo social la LGPA es excluyente y racista
En lo social, la LGA eliminó del acceso a los recursos pesqueros a los dos actores más vulnerables del sistema. Es así que el 90 por ciento de los pescadores artesanales «propiamente tales» -quienes sólo poseen su fuerza de trabajo-, no acceden a ningún derecho.
Esto, al reservarse la exclusividad de los derechos de propiedad, acceso y uso a los recursos pesqueros, tan sólo a los dueños de embarcaciones artesanales o «armadores». Por su parte, los pueblos originarios como sujetos de derecho en el nuevo escenario pesquero, fueron eliminados del texto de la ley Longueira de privatización pesquera.
Para ello, tanto el gobierno como el parlamento chileno debieron violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, el cual el propio Estado chileno ratificó en 2009, al oponerse de manera previa a la realización de la consulta obligatoria a los pueblos originarios afectados. Esto, a pesar de las diversas exigencias efectuadas en tal sentido por organizaciones ciudadanas e indígenas Mapuches, Kaweskar y Rapa Nui.
Los vicios de forma de la LGPA
Cuando el Subsecretario de pesca Raúl Súnico homologó la discusión parlamentaria de la Ley de Pesca con una «batalla pesquera», con triunfadores, muertos y heridos, no señaló el contexto de graves vicios de forma y situaciones de corrupción en dicho proceso legislativo express.
Entre ellos destacan: la participación de diputados y senadores que eran accionistas o tenían familiares vinculados con la empresas pesqueras beneficiadas, violando los artículos 5 de la ley orgánica del Congreso y el artículo 8 del reglamento del Senado; la participación encubierta de gerentes y operadores de las grandes asociaciones y compañías pesqueras al interior de las comisiones del Congreso, bajo el disfraz de «asesores pesqueros» de parlamentarios.
A lo anterior se sumó el establecimiento de una atípica «mesa de negociación pesquera» impuesta por el Estado, posibilitando que los grandes empresarios del sector y las dirigencias de las dos confederaciones nacionales de pescadores artesanales se coludieran para transferir diversos porcentajes de cuotas de pesca industrial a los armadores artesanales, a cambio de su apoyo político al proyecto de nueva Ley.
En relación a esta ilegal situación que precedió a la presentación del proyecto de nueva ley de pesca y acuicultura , se transfirieron cuotas de pesca por un valor de 34 millones de dólares, según lo señalado por el propio ministro Longueira. Esto significó que los armadores industriales y artesanales se repartieron con el aval político del Estado, recursos pesqueros que a octubre del 2011 no les pertenecían, ya que eran bienes nacionales propiedad de toda la sociedad chilena.
La LGPA o el traje nuevo del emperador
Todo lo anteriormente señalado, deja en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional, ciudadanos, pescadores, pueblos originarios y comunidades costeras, que la LGPA sólo pudo ser promulgada debido al papel que jugó la entrega de dineros empresariales ilegales.
Hoy, la entrega de dineros de empresas pesqueras a parlamentarios, situación conocida como el «affaire Angelini», es parte integral de la investigación de los mayores casos de corrupción empresarial en la historia política y económica moderna del país, que se asocian a las empresas Penta, SQM, Aguas Andinas y Alsacia, entre otras.
Por ello no deja de sorprender a la ciudadanía la noticia del acuerdo entre el gobierno de Chile y la FAO para desarrollar «durante ocho meses una evaluación técnica de la legislación pesquera vigente a la luz de los instrumentos y buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero que promueve la FAO en todo el mundo».
Ante la opinión pública informada, la Condepp y Ecocéanos, este anuncio aparece como un intento de utilización por parte del gobierno y su ministerio de economía, del nombre y prestigio de FAO y Naciones Unidas, con el objetivo de intentar blindar a esta corrupta y expropiatoria ley de privatización de las pesquerías chilenas, frente a la creciente exigencia de su anulación por parte de los pescadores artesanales, pueblos originarios, estudiantes y ciudadanos organizados.
Esta estrategia ya había sido implementada comunicacionalmente el 2012 por el anterior ministro de economía Pablo Longueira, al utilizar a las organizaciones de conservación internacionales WWF Chile y Greenpeace, para legitimar desde el punto de vista de un apoyo público de estas Ongs a supuestos aspectos de «sustentabilidad» que contendría la nueva ley de pesca y acuicultura, en los precisos momentos que se iban a efectuar las votaciones finales en el Congreso Nacional (6).
Este intento de utilización política y mediática es corroborado por la declaración oficial del Subsecretario de pesca Raúl Súnico, quien indicó que «…hemos requerido el apoyo de un organismo internacional de reconocida reputación y seriedad como es la FAO. Ahora todos los sectores de la pesca tendrán garantías de imparcialidad (sic), excelencia y transparencia en la evaluación de la ley» (7).
También llama la atención el intento del gobierno de tratar la cuestionada Ley General de Pesca y Acuicultura como si fuera un tema bilateral sólo con los regulados del sistema -armadores industriales y artesanales-, al indicar que se contará con «las visiones de los usuarios del sector». De esta forma, se excluye del análisis, discusión, evaluación y propuestas sobre esta inviable e inequitativa ley, al conjunto de la ciudadanía organizada, comunidades costeras, pueblos originarios, academia y trabajadores, que son los principales afectados en sus derechos.
Hoy la LGPA es un “tema país”, que escapó al estrecho ámbito del enfoque pesquero y de sus actores extractivistas. Es precisamente la forma y consecuencias directas de esta expropiación masiva de bienes nacionales -realizada fraudulentamente por partidos políticos que hoy tienen un 3 por ciento de credibilidad y un parlamento que sólo alcanza un 7 por ciento de ella-, que esta discusión ha pasado a convertirse en un hecho bajo la fiscalización ciudadana, en el contexto de la actual lucha contra la corrupción, debido a las profundas implicancias políticas, sociales, ambientales, de seguridad alimentaria, derechos laborales, identidad cultural, no discriminación, y de defensa de derechos de asignación de propiedad, acceso y uso de territorios y recursos acuáticos de la Nación.
La viabilidad de esta LGPA es fundamentalmente un tema político y no técnico, ya que está vinculada a su legitimidad de orígen, la credibilidad del sistema parlamentario y de los partidos que la impusieron de manera corrupta, a pesar de la resistencia de pescadores y ciudadanos y las aproximadamente 1000 observaciones que fueron realizadas el 2012 por los diversos actores productivos y sociales.
Este cuerpo legal constituirá una potencial fuente de inestabilidad y conflictividad social en las regiones costeras del país durante los próximos años, ya que se relaciona negativamente con temas claves para la actual sensibilidad existente en la sociedad chilena, proceso que precede a la discusión sobre la necesidad de una nueva Constitución.
Entre ellos destacan, la recuperación de la propiedad de los recursos naturales de la Nación, y el restablecimiento del papel del Estado en diversos ámbitos de la economía y vida social. A lo que se suman aspectos vinculados con la no descriminación en los derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos hidrobiológicos, la exigencia de investigación y sanciones contra los autores y encubridores de los viciados procesos de expropiación de bienes nacionales en un contexto de evidente corrupción política-empresarial, así como la lucha contra las políticas neoliberales de eliminación del sistema económico de los pescadores artesanales propiamente tales, pequeños productores y pueblos originarios.
Como sociedad civil, comunidades costeras y pueblos originarios, demandamos como un acto de transparencia básica en el contexto del proceso de implementación de las recientemente aprobadas Directrices Voluntarias de la FAO para la pesca de pequeña escala, conocer los términos de referencia del acuerdo gobierno de Chile-FAO.
Esto para la existencia de un necesario diálogo, transparente e informado, entre FAO y la sociedad chilena, de manera de contribuir a que se equilibren las graves asimetrías existentes en la sociedad chilena en general, y el sector de los ecosistemas, biodiversidad y recursos acuáticos en particular. Todo ello «considerando los acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero».
Referencias
1.Esta denuncia ha sido efectuada por el ex senador de la República Nelson Avila, el cual ha señalado públicamente la entrega por parte de la empresa Corpesca del Grupo Angelini, de 500 millones de pesos bajo la figura de «gastos reservados» a miembros de la Comisión de pesca de la época en que se discutía el proyecto de LGPA en el congreso nacional.
2. Según la información difundida por The Clinic Online, las empresas Copec S.A y Celulosa Arauco, financiaron con 208 millones de pesos durante el 2012 y 2013 a la coalición de partidos de La Concertación en momentos que se negociaba la cuestionada ley Longueira que privatizó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno en favor de 7 clanes empresariales que controlan este sector clave de la economía chilena. Los dineros que pagaron esas grandes compañías a la empresa Asesorías y Negocios, se suma los ya conocidos provenientes de SQM Salar.
3. Cynthia Carvajal. SII se querelló contra asesor de Marta Isasi y ex gerente de Corpesca por boletas falsas. El Mercurio Nacional. p: C10. 11 de mayo 2015.
4. Existen al menos seis personas vinculadas al ex- ministro de economía Pablo Longueira que han sido denunciadas por el Servicio de Impuesto Interno, de haber recibido pagos de la empresa SQM, a la cual emitieron boletas las empresas pesqueras Corpesca, El Golfo y la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío-Bío, la cual agrupa a las Pesqueras Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Biobío, Congelados Pacífico, Camanchaca, Foodcorp, Landes y Blumar Seafoods.
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/04/27/penta-sqm-caval-y-pesca-longueira-por-cuatro/
6. http://www.subpesca.cl/prensa/601/w3-article-28684.html
http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-80066_recurso_1.pdf
http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=11990
7.http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/285034/
http://www.economia.gob.cl/2015/04/28/gobierno-encarga-a-la-fao-evaluacion-de-la-ley-de-pesca.htm
