Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario, director del Centro Ecoceanos, advierte que si el Estado no investiga la corrupción político-empresarial en el ámbito de la Ley Longueira, y los responsables no reciben sanciones, los ciudadanos tendrán el derecho a realizar acciones de desobediencia civil, para rechazar una ley de corrupto origen, que violó convenios internacionales relacionados con los derechos de los pueblos originarios.
Por: Isabel Díaz Medina
Mayo de 2015
Revista Punto Final
¿La ley de pesca tiene algún vínculo con los casos de corrupción reciente?
“La ley que privatizó a perpetuidad los peces en beneficio de siete clanes familiares, es creación de la relación mafiosa entre el dinero empresarial y la corrupción parlamentaria. El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Pablo Longueira, principal impulsor de la Ley de Pesca, es uno de los políticos financiados por el Grupo Penta, e indirectamente -a través de su hijo-, con dinero de SQM.
La ley de privatización pesquera fue diseñada por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y el ex ministro Longueira. Fue impuesta a través de un trámite parlamentario espurio, basado en dinero proveniente de las siete familias que constituyen el cartel industrial que controla el sector pesquero.
Esto ha sido corroborado por información entregada por el Centro Ecocéanos, que hizo público un correo mediante el cual Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca, informa a los gerentes de los principales conglomerados pesqueros sobre los artículos claves que contendría el proyecto que sería discutido en el Congreso, así como la estrategia político-financiera para imponerla. Esto fue acordado en una reunión con Pablo Longueira, representantes de las siete familias y funcionarios de la Subsecretaría de Pesca. Se acordó el modus operandi para negociar el apoyo de los dirigentes de las dos confederaciones de la pesca artesanal (Conapach y Confepach), para perpetrar la mayor expropiación de bienes comunes y recursos naturales de la nación en periodo post-dictatorial.
De manera complementaria, la Ley Longueira fue negociada e impuesta por diputados y senadores dependientes del dinero empresarial, principalmente de Corpesca perteneciente al Grupo Angelini. Hoy se investiga la denuncia por cohecho a la ex diputada Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos de esa compañía, principal beneficiada por la Ley Longueira. A esto se une la denuncia del ex senador Nelson Avila. Ha señalado que durante la tramitación de la ley, Corpesca habría entregado 500 millones de pesos para gastos reservados a los miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. En el sector pesquero es vox populi que el caso Corpesca-Isasi es sólo la punta del iceberg de la corrupción pesquera.
Ejemplo de ello es lo señalado por Ciper: la empresa Blumar, fusión de pesquera Itata propiedad de la familia Sarquis y El Golfo, del grupo Yaconi-Santa Cruz -uno de los grupos financistas de la Democracia Cristiana-, junto a la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, aparecen entregando recursos financieros ilegales a políticos, vía boletas a Penta y SQM durante el trámite de la ley de privatización pesquera, lo que incluye a su principal operador y articulador político, Pablo Longueira.
Importante es señalar que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite las dos querellas presentadas por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp) y organizaciones ciudadanas, lo que permitirá extender y profundizar la actual investigación de la Fiscalía por cohecho y coimas a la casta político-empresarial chilena, colocando el affaire Angelini como parte integral del corruptor accionar empresarial de los casos Penta, SQM y Aguas Andinas.
A las anteriores ilegalidades se debe sumar la participación encubierta de gerentes y operadores de los grandes grupos pesqueros industriales al interior de las comisiones de diputados y senadores, bajo el disfraz de asesores pesqueros; la participación en la discusión y votación de diputados y senadores con conflictos de intereses por ser accionistas de las empresas beneficiadas, y además, la no consulta a los pueblos originarios, violando el Convenio 169 de la OIT”.
IMPACTOS DE LA LEY
¿Cuáles han sido los principales impactos de la Ley de Pesca?
“A dos años de su promulgación y en medio de una continua resistencia de los pescadores artesanales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades costeras y pueblos indígenas, la Ley Longueira ha profundizado el proceso de fusiones corporativas y de concentración económica. A través del sistema de licencias de pesca indefinidas y cuotas individuales de pesca plenamente transables, lo cual permite vender, arrendar, comprar, hipotecar, dejar en garantía, e incluso heredarlas, el cartel de la pesca industrial ya controla el 94% de las cuotas de pesca.
Este proceso expropiatorio ha significado que hoy sólo los dueños de embarcaciones artesanales o armadores tienen derecho a cuotas de pesca. Estos representan el 10 por ciento de los aproximadamente 97.000 pescadores de pequeña escala, mientras los denominados ‘pescadores propiamente tales’, quienes venden su fuerza de trabajo como tripulantes, carecen de todo derecho a acceder y usar los recursos marinos. Similar exclusión sufrieron con la Ley Longueira los pueblos originarios que habitan el borde costero -mapuches, lafkenches, huilliches, kaweskar y rapa nui-, eliminados del derecho a acceder y utilizar las pesquerías de la nación.
El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), durante el congreso de pescadores artesanales realizado en febrero de 2015 en Corral, resumió brutalmente la visión del gobierno de Bachelet. Señaló que la Ley de Pesca fue una guerra de la cual salió una ley que consolidó derechos para algunos y quitó derechos a otros. Para devolver esos derechos a sus antiguos dueños -la sociedad chilena-, el Estado debería expropiar e indemnizar a los grandes empresarios pesqueros, lo cual es inviable bajo la actual Constitución. El subsecretario calculaba que los costos superarían los costos conjuntos de la reforma tributaria y educacional.
La Ley Longueira expulsó al Estado de su rol histórico como asignador de derechos de propiedad, acceso y uso a las pesquerías, transfiriendo este papel al mercado mediante el sistema de cuotas individuales de pesca transables.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos marinos,-que según las ONGs transnacionales WWF y Greenpeace era el eje de la ley, argumento que justificó su respaldo al ministro Longueira durante la fase más crítica del trámite parlamentario-, el reciente informe de la Subsecretaría de Pesca sobre estado de las pesquerías 2014, desmiente tal aseveración. Confirma que 16 de las 33 pesquerías comerciales analizadas (48 por ciento) se encuentran colapsadas y sobreexplotadas, cifra que supera a la tempo-rada 2013, donde existían 12 pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación.
Otro elemento a considerar es el continuo empleo del destructivo arte de pesca de arrastre en pesquerías que se encuentran en situación crítica, tales como las de merluza común, merluza austral, de tres aletas, de cola, raya volantín y congrio dorado.
Al apoyo de las ONGs transnacionales a la privatización pesquera en Chile también se sumaron sectores de la pesca artesanal…
“Uno de los impactos más visibles ha sido la fragmentación y división de los pescadores artesanales. Ha sido parte de la estrategia gubernamental y empresarial. La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), fue durante la dictadura y los gobiernos de Frei y Lagos un opositor formidable, junto a las organizaciones ciudadanas y de medioambiente, a los sucesivos intentos de privatización de las pesquerías.
Durante 1998, el gobierno de Frei apoyó la división del movimiento de pescadores artesanales facilitando la creación de una confederación paralela, Confepach, la cual fue funcional por 15 años a las políticas de los gobiernos de turno, para desembocar en septiembre de 2011 en la denominada mesa de acuerdo pesquero impulsada por el ex ministro Longueira. Permitió la colusión entre los siete clanes familiares-empresariales y los dirigentes de las dos confederaciones de la pesca artesanal, a cambio del traspaso de porcentajes de cuotas de pesca provenientes del sector industrial, valoradas por el propio Longueira en 34 millones de dólares. Hay que destacar que los dirigentes industriales y artesanales se repartieron recursos pesqueros que no les pertenecían, ya que a la fecha de constitución de la mesa de negociación pesquera, éstos eran bienes comunes de uso público”.
LA PESCA ARTESANAL
¿Cómo se ha visto afectada la pesca artesanal?
“Estamos ante un proceso de reordenamiento territorial autoritario en las áreas marino-costera y de aguas interiores. Su objetivo es la reestructuración del sector pesquero y de acuicultura para dejarlos disponibles a los nuevos flujos de inversión provenientes de la implementación de los diversos tratados y acuerdos comerciales. Para ello, es funcional la creciente exclusión productiva y territorial de los pescadores artesanales, pymes, comunidades costeras y especialmente pueblos originarios, los cuales ya fueron invisibilizados por la ley de privatización pesquera.
Este proceso concentrador utiliza mecanismos del mercado basados en las licencias, concesiones y cuotas transables, unidos a decisiones de administración pesquera cada vez más restrictivas para los pescadores artesanales, legislaciones pro empresariales, así como la judicialización de los conflictos ambientales, sanitarios y sociales. Esta estrategia va de la mano con programas del Estado para reorientar a los pescadores artesanales y co-munidades costeras hacia el cultivo de algas, la acuicultura de pequeña escala, turismo local, o su transformación en mano de obra temporera y barata en función de las necesidades de la industria pesquera, salmonera, de turismo o del retail.
De manera creciente, emerge el negocio de la especulación pesquera, ya que los bancos acreedores comienzan a ser los principales tenedores de concesiones acuícolas, licencias y cuotas de pesca. También los armadores artesanales se han convertido en rentistas, al poder arrendar sus cuotas de pesca a la industria. En el futuro, veremos más papeles de cuotas de pesca circulando en manos de bancos y corporaciones transnacionales, que peces en el agua”.
¿En qué pie se encuentra la resistencia y oposición social a la privatización del mar?
En el contexto de la actual crisis política, económica y social, se está conformando un amplio movimiento de pescadores artesanales, ciudadanos, estudiantes, comunidades costeras, pueblos originarios y académicos que exigen la anulación de la Ley de Pesca. El congreso de pescadores artesanales en Corral -con participación de más de 300 delegados desde Iquique hasta Magallanes-, validó dicho objetivo.
Además, la discusión de los delegados concluyó que no era posible ningún cambio de fondo con respecto a los graves problemas y crecientes abusos que afectan a nuestro mar, sus recursos y a las comunidades costeras, sin que exista movilización y presión social, la cual tenga como horizonte la democratización de la sociedad chilena y el cambio del modelo económico neoliberal.
Ante este escenario, sectores de la pesca artesanal comienzan a señalar como horizonte estratégico la necesidad de avanzar junto a los diversos movimientos sociales hacia la organización de Asambleas Constituyentes locales y regionales autoconvocadas, de las que surja por primera vez en Chile una Constitución democrática que represente al conjunto de los ciudadanos. Es allí donde se podrán recuperar nuestros recursos naturales y bienes comunes, y consagrar de manera explícita los derechos a la educación, salud, trabajo, previsión y un medioambiente sano, obligando al Estado a ser garante y promotor de dichos derechos”.
DESOBEDIENCIA CIVIL
¿Por qué aparece fuerte la opción de desobediencia civil frente a la Ley de Pesca?
“Si el Estado no investiga a fondo la corrupción político-empresarial en el ámbito de la Ley Longueira, y los responsables y encubridores no reciben sanciones ejemplificadoras -entre ellas el cese de funciones parlamentarias-, los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios organizados, tendrán derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley corrupta e injusta, expropiatoria de bienes comunes de la Nación, y de derechos de acceso y uso a las pesquerías, la que además violó acuerdos internacionales ratificados por el Estado, relacionados con los derechos de los pueblos originarios.
En el movimiento social y sectores más vulnerables se están dando complejos procesos de politización caracterizados por un fuerte componente de autonomía frente al Estado, los partidos políticos y el sector empresarial. Dicho pensamiento lo podemos ver graficado en una de las recientes manifestaciones de pescadores artesanales contra la Ley Longueira, donde un lienzo señalaba ‘Sólo la lucha nos dará lo que la ley nos niega’”.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 827, 1 de mayo, 2015
